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martes, 31 de julio de 2012

Harold Olmos impresionado, desgarrado por la lucha entre indígenas a que incitó el cinismo del MAS. muestran además un sadismo cruel. inaceptable!


Decenas de militantes de facciones indígenas rivales se enfrentaron en la madrugada de este domingo en el peor choque de la historia registrada entre originarios del oriente boliviano. Imágenes que esta noche mostró la Red Uno de TV (Programa Que no me Pierda) exhibieron un grado de violencia nunca visto entre los indígenas de las tierras bajas bolivianas. Antes, los choques violentos ocurrían entre facciones indígenas del occidente, de las zonas andinas y los valles. El número de heridos en la balacera, cohetería, piedras y guijarros rondaba la docena, de acuerdo a los informes de prensa que escuché.
La intensidad de la refriega hacía temer saldos mayores de víctimas de la violencia, pero no se conocía ningún parte oficial sobre los incidentes de la madrugada y la mañana del domingo. Una escena irritante ocurrió con el castigo que los originarios anti-gobierno propinaron a uno de los dirigentes oficialistas: fue reducido y puesto dentro de dos maderas que le sujetaban el cuello y los pies. Estuvo así, preso, durante cuatro a cinco horas, dijo el noticiero de TV de Red Uno.
Mientras cundía la violencia por el control de la sede de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) en Santa Cruz, en la región del TIPNIS las brigadas de la consulta ordenada por el gobierno empezaba su tarea para determinar quiénes favorecen y quiénes se oponen a la construcción de la carretera que el presidente Evo Morales quiere llevar adelante por esa región. La primera jornada se cumplió sin inconvenientes y el gobierno consiguió adhesión para su plan.
Pero este lunes los indígenas que no quieren la carretera mostraron su fuerza y empezaron a levantar barreras que volverían imposible la consulta, que subrayan que, por ley , debía haberse cumplido antes de siquiera el inicio de la obra. Los indígenas anti-carretera cuentan con apoyo masivo de ambientalistas nacionales y extranjeros, todos temerosos de que la carretera, aparte de causar destrucción en esa reserva, sirva principalmente a los productores de coca, que avanzarían sus fronteras hacia el lugar.  Un bloque con alambre de púas impedía el lunes el acceso a Gundonovia, un localidad que es nudo de ingreso al rio Isiboro y sus riberas, y de ahí,  hacia zonas profundas del lugar.  La cadena informativa Erbol citó a autoridades de Trinidad diciendo que no estaba descartada una intervención policial para despejar los obstáculos.  Heisen Ribera, el gobernador interino tras la salida forzada por el  of icialismo del gobernador titular Ernesto Suáre, dijo a la cadena que está dispuesto a abrir un proceso judicial contra los dirigentes  indígenas contrarios al  diseño elaborado por el gobierno para la carretera.
Para conseguir su objetivo de construir la obra a como de lugar, el gobierno ha estado en una intensa campaña. Ha entregado regales y ha prometido el oro y el moro a los campesinos del lugar. Tanto  empeño resulta fácilmente sospechoso a los ojos del menos avesado  observador.  La construcción de la carretera fue una oferta del presidente Morales al movimiento cocalero, del que es también presidente.
Esta semana comienza con malos augurios para un sector de bolivianos que nunca se habían enfrentado entre sí. El curso de los acontecimientos vuelve verosímil  la posibilidad de presenciar una versión viva y real de un “Avatar” boliviano, la ficción ecológica y futurista que en 2009 dominó las pantallas cinematográficas del planeta y contribuyó a acrecentar la conciencia ecológica en todo el mundo.

la información que llega está siendo contaminada. el hecho es que el TIPNIS resiste la intervención y rechaza la consulta. "lo oficial" se mete en la crónica como elemento de desinformación. OJO!


El Ministro de Obras Públicas, Servicios y Viviendas, Vladimir Sánchez, señaló hoy que el gobierno considera enviar policías y militares como al Tipnis (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure) como salvaguarda permanente a sugerencias recibidas en las dos primeras jornadas de post consulta realizadas en las comunidades de San Miguelito y Oromo.

Indicó que también se plantearon algunas demandas por parte de los originarios respecto a servicios básicos, salud y educación.

“En el tema de salvaguardas se están viendo salvaguardas físicas, que estén unidades de las Fuerzas Armadas, de la Policía, están viendo protección legal, sanciones a los que violen y entren sin autorización al Tipnis, esos temas son los que han estado tocando y a la vez han comenzado a plantear demandas”, sostuvo Sánchez en conferencia de prensa. 

Los datos manejados por el Ministro señalan, en este segundo día de consulta, que no existe ningún tipo de oposición por parte de los originarios a este proceso y que los reportes acerca de bloqueos son sólo parte de una campaña mediática. Sánchez evaluó como positivas las primeras jornadas. 

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, criticó la posibilidad anunciada por el Ministro Sánchez de “intervención” en el Tipnis. Señaló que eso coartaría el libre tránsito de los indígenas.

“Al mantener organismos del gobierno a través de los militares o la policía, lo que se está dejando es un mensaje claro de intervención de los pueblos indígenas, de sus comunidades, en los cuales no van a  tener la libertad de tener su territorio comunitario de origen con esa libertad que ellos se manejan”, objetó.

lunes, 30 de julio de 2012

desde el TIPNIS habrá información no sabemos cuánta como este primer despacho de JOEL RIVERA de OPINION sobre San Miguelito

Salimos de la Plaza Principal de Cochabamba a la 01:00 del domingo con la duda de saber cómo es en realidad el famoso TIPNIS. Una palabra, un lugar tan famoso y mediático como enigmático para la mayor parte de nuestra gente, incluso quienes acompañamos la VIII octava marcha de los indígenas en su ingreso a la ciudad de La Paz. Y es que justamente la mediatización de las cosas, de los hechos, de los lugares y especialmente de las situaciones nos juega una mala pasada.

Eran más de 30 periodistas de Cochabamba y otras regiones y ninguno sabía exactamente cómo era el lugar en el que se desarrollaría la inauguración formal del proceso de Consulta Previa sobre el TIPNIS, sólo se sabía que serían unas 10 horas de viaje por tierra y un último tramo en canoa y por el río.

A las 04:30 llegamos a Villa Tunari, pausa, y 2 horas y media después estábamos en Eterazama. Siete de la mañana desayuno (un asado con huevo y chorrellana), después hacia Puerto Libertad. Del bus al taxi contratado para un recorrido de media hora por senderos enlodados y sinuosos en medio de la selva y bordeando el río Isiboro. Unos 200 metros a pie por el lodo y a una canoa. Luego por el mismo río 30 minutos más y, finalmente, niños en las riveras, en los ingresos a sus hogares, a su comunidad nos anunciaban la llegada con las manos en alto, saludándonos.

Unas diez horas después de la partida estábamos finalmente en San Miguelito, una comunidad indígena Mojeño-Trinitaria humilde y hospitalaria. Tanto así, que sin darnos cuenta dimos unos pasos y ya estábamos dentro de unas viviendas. Sin darnos cuenta porque no hay paredes, ni ingresos o demarcaciones que señalen el inicio o el fin de una propiedad privada. Y es que todo es así en esta comunidad del TIPNIS. Todo es de todos, y punto.

Niños y ancianos fue lo primero que encontramos en las alrededor de 50 viviendas -hechas de madera y con techo de palmas- que conforman la comunidad. Nos recibieron con una sonrisa. Timidez, pero luego curiosidad. Los niños se alborotaron y hasta improvisaron una partida de fútbol. Los ancianos, gentiles nos explicaron cómo es la lógica de una vida en contacto permanente y pleno con la naturaleza.

Doña Francisca Mosua (65) cuenta cómo el agua es su fuente de vida. “Vivimos del río. Comemos pescado y tomamos agua del río”, explica mientras hila en un bastidor, evidentemente casero y muy desgastado. Sin embargo, explica que la gente de la comunidad toma recaudos. “Hervimos el agua y cocinamos con ella”, dice. -¿Filtran?- pregunto. Me mira, pero no responde, y sigue en su labor.

Y es que la vida transcurre así en San Miguelito que tiene una escuela con poco más de medio centenar de alumnos de todos los niveles incluso del inicial y la secundaria, una capilla de maderas y una sede de reuniones que ellos llaman “cabildo”. Una construcción algo más moderna que el resto y que cuenta con algunas bancas para comodidad de los vecinos, cuando acuden a ella.

A la expedición de periodistas que acudió al inicio de la Consulta Previa sobre el futuro del TIPNIS le tomó unas 10 horas con varias comodidades y transporte a disposición hasta llegar hasta San Miguelito desde la ciudad, pero a sus comunarios les lleva medio día tan solo trasladarse hasta Eterazama, el centro urbano más próximo en el que pueden encontrar víveres, un auxilio médico o abastecerse de algunos materiales para la comunidad.

aumentó en algo la producción del gas, insuficiente para atender la demanda interna de áreas industriales sosteine Bernardo Prado experto en el análisis de los hidrocarburos


“Producción de gas estuvo estancada entre 2006 y 2011”
Bernardo Prado, Analista y Director de HidrocarburosBolivia.com
Entre 2006 y 2011, la producción de gas natural en Bolivia estuvo prácticamente estancada, debido principalmente a la falta de inversiones en actividades de exploración y explotación y a la constante caída en la demanda brasileña.

Analizando estadísticas oficiales de YPFB, podemos notar que entre 2006 y 2011 la producción promedio de gas natural en Bolivia se incrementó solamente en 0,8 millones de metros cúbicos por año, ese incremento que bien podría tacharse de simbólico refleja claramente la falta de inversiones en actividades exploratorias que permitan descubrir, reponer e incrementar las reservas probadas de gas natural en Bolivia.

La producción promedio del año 2006 alcanzó 40,20 millones de metros cúbicos por día (MCD) y en 2011 llegó a 45,07 millones de MCD, según HidrocarburosBolivia.com, con datos de YPFB Corporación.

Cabe recordar que la Ley de Hidrocarburos vigente fue promulgada en 2005, en el marco de una Constitución Política del Estado (CPE) que ya no está vigente. Así, la falta de una “nueva” Ley de Hidrocarburos compatible con la “nueva” CPE y un marco regulatorio  coherente y atractivo son los principales factores que frenan  la llegada de inversiones para el sector hidrocarburífero boliviano.

Recién a partir de 2012 se puede percibir un incremento en la producción de gas gracias a las inversiones en Margarita que, dicho sea de paso, se dieron en función a las garantías establecidas en la Adenda que firmaron YPFB y Enarsa, en 2010.

Hasta ahora, Bolivia no tenía la capacidad de satisfacer a sus dos únicos mercados de exportación de manera permanente y simultánea. Con una capacidad de producción actual que alcanza los 54 millones de MCD, ese problema estaría solucionado; sin embargo, quedan pendientes los proyectos de industrialización, el cambio de matriz energética para masificar el uso del gas natural y el abastecimiento de gas para la siderurgia en El Mutún.

Para cumplir con esos objetivos se necesitará incrementar aún más la producción de gas y eso no será posible sin mayores inversiones y, como es bien sabido, estas inversiones están sujetas a que el Gobierno ofrezca reglas claras y transparentes, algo que suena fácil; pero por los hechos no lo es

domingo, 29 de julio de 2012

deshonesta porque si bien preguntará a los dueños del TIPNIS, también lo hará a los cocaleros que invadieron el territorio y producen coca para cocaína. consulta que debió ser "previa" antes de construir la obra y están resultado "post que equivale a tardía, fuera de lugar"

El Gobierno del presidente Evo Morales está adquiriendo una costumbre que podría tener consecuencias negativas para el futuro del país, comenzando por sus instituciones: ha decidido resolver los conflictos que se le presentan consultando a quienes tienen derechos legales y también a los asaltantes.
Eso ha ocurrido en las minas Colquiri y Mallku Khota en el altiplano y ahora está por ocurrir en el Tipnis, donde la consulta sobre el futuro del parque será hecha a los originarios, que son los propietarios de ese ‘territorio indígena’, pero también incluirá a los cocaleros que lo invadieron.
La consulta ha sido definida como constitucional por el Gobierno, porque está respaldada por una ley, aunque no toma en cuenta que existe otra que dice lo contrario, además de una sentencia del Tribunal Constitucional que ordena que la consulta sea hecha solo después de una ‘concertación’.
Aparte de estos detalles legales, lo que molesta a los bolivianos es que el Gobierno nacional esté actuando de manera deshonesta en este caso, porque está usando todos los recursos del Estado, incluido el Ejército nacional y la Policía, para influir en el resultado de la ‘consulta’.
El propio presidente Evo Morales ha estado haciendo regalos millonarios a los habitantes del parque para que aprueben la construcción de una carretera que ha sido diseñada para partir en dos el territorio indígena, abriendo el camino para que todo ese parque se convierta en un nuevo Chapare. 
Se supone que el Gobierno tiene una propuesta para la carretera, y que por ello es parte  interesada en esta consulta. Por ética elemental, para la cual no hace falta tener estudios académicos, las autoridades debieran abstenerse de influir en los resultados. Pero, eso sí, tendría que  haber descartado de manera terminante usar recursos públicos para influir en los resultados de esta consulta en la que es parte interesada. Todo indica que, en algunos casos, en política no se debe hablar de ética. 
Dice el Gobierno a este respecto que tomará todas las previsiones para que el parque no termine invadido por los cocaleros. Olvida que las 200.000 hectáreas que fueron habilitadas por el propio Gobierno en el parque para uso de los ‘colonizadores’ han sido copadas por los cocaleros, sin que nadie hubiera podido hacer algo para evitarlo.
En efecto, el ministro de Gobierno ha admitido que el Estado boliviano no puede evitar el avance de los cocales en el territorio nacional. El propio Chapare no fue penetrado por una carretera con la intención de que se convierta en un territorio cocalero, pero así terminó siendo, sobre todo por la influencia del actual presidente Morales.
En esta circunstancia se está viviendo el momento en el cual se define el destino del parque. Las generaciones del futuro sabrán reconocer el instante en que se determinó la destrucción de un parque, sólo porque un Gobierno se negó a que el trazado de la carretera sea fijado de tal manera que se asegure la preservación del parque. Las generaciones futuras sabrán a quiénes aplaudir o a quiénes reprochar.

viernes, 27 de julio de 2012

la acción disociadora de Evo prosigue con violencia. 100 de los suyos tomaron CIDOB en que los del TIPNIS realizaban vigilia. fueron echados del lugar y Melva Hurtado repitió el libreto "fue una toma pacífica". estaban embriagados


El directorio paralelo de Melva Hurtado tomó este viernes las oficinas de la sede de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), en medio de empujones e insultos a la gente que mantenía una vigilia en contra de la dirigencia afín al gobierno del presidente Evo Morales, informó Tomás Candía de la organización de jóvenes de la Confederación. 

Según el dirigente, 100 indígenas del pueblo Ayoreo llegaron abruptamente e hicieron frente a las 50 personas que se encontraban en predios de la Casa Grande de pueblos de tierras bajas.

Candía dijo que los que hicieron la toma se encontraban en estado etílico y tras consolidar su objetivo, Melva Hurtado inició a puertas cerradas una reunió con los sectores que la apoyan. 

“Estaban borrachos y empezaron a agredirnos. A doña Justa (Cabrera) la quisieron golpear, así no más han ingresado a las malas y ahora están en una asamblea”, declaró a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol. 

María Guazania de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) indicó que la toma se produjo para que el directorio de Hurtado respalde la “post consulta” en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que el gobierno anunció se inicia este domingo. 

Toma ilegal

El presidente del Consejo de Guaraníes de Santa Cruz, Ernesto García, señaló que la toma fue ilegal, pues en una Asamblea Nacional de la Asamblea del Pueblos Guaraní (APG) se decidió desconocer la elección inorgánica del directorio paralelo de la CIDOB y resolvió pedir al actual presidente de la organización, Adolfo Chávez, que convoque a las 13 regionales para resolver la división en el movimiento indígena.

“Nosotros hemos decidió no apoyar una elección ilegal y la toma también es ilegal. Hemos decido que debía hacerse una reunión de todas las regionales para ver una solución a la división del movimiento indígena”, declaró García. 

La APG resolvió desconocer a la candidata del Movimiento Al Socialismo (MAS), Melva Hurtado, como presidente de la CIDOB y con ello se suma a las siete de las 13 regionales de la organización indígena que respaldan al directorio que fue electo en el Ganpi de 2010, al frente de Adolfo Chávez. 

Hurtado se defiende 

De acuerdo con un informe de radio Alternativa de Erbol, Melva Hurtado dijo que no hicieron ninguna toma, que se llegó al lugar para iniciar su trabajo como titular de esa organización indígena. 

“Nosotros hemos llegado a esta Casa Grande porque nos pertenece por derecho. No estamos tomando, ni estamos buscando enfrentamiento; pacíficamente hemos llegado con todos los pueblos que están presente y nos vamos a quedar”, indicó.

se trata de invadir de cocaleros la región del TIPNIS, como dice Valverde "tienen necesidades de tierra para la coca" y nada les hace retrocer, ni siquiera la perspectiva de sangre y solor (El Dia, SC)


Es muy arriesgado que el Gobierno decida arremeter con la consulta en el TIPNIS como si se tratara de un acto de conquista de talante aventurero, al estilo de los adelantados que con arma en mano incursionaron en estos territorios hace 500 años. No sólo han pasado cinco siglos y se abrieron muchas heridas que todavía no han sanado. La humanidad aún tiene una deuda muy grande que pagar y precisamente la consulta previa a los pueblos indígenas debía ser una manera de restablecer el respeto hacia los dueños de esta tierra, que han permanecido ignorados y abandonados durante tanto tiempo.

La consulta que intenta llevar adelante el Gobierno es extemporánea y llena de errores de procedimiento. Está rodeada de chantaje, engaños y muchas trampas, lo que hace pensar que sus impulsores están dispuestos a cualquier cosa con el fin de alcanzar el objetivo previsto de construir la carretera por el interior del parque Isiboro-Sécure.

Pese a que la consulta prevé todo un proceso para alcanzar el consenso entre los interesados, el Gobierno apenas lo ve como una simple encuesta a mano alzada, que seguramente será manipulada con el uso de prebendas y el amedrentamiento militar. Todo este clima es un poderoso caldo de cultivo para el enfrentamiento y desafortunadamente, después de tanto abuso y provocación, los indígenas parecen también dispuestos a todo para proteger su territorio y la vida de sus familias.

Las autoridades deberían escuchar el clamor de numerosas instituciones y organismos que han solicitado postergar la consulta hasta que se aclaren las cosas y el Gobierno mismo brinde las garantías de transparencia que mantiene a los pueblos originarios en estado de emergencia y desconfianza frente a cualquier movimiento gubernamental.

Las Fuerzas Armadas, cuyas manos están manchadas de sangre con tantos conflictos del pasado, deberían pensar muy bien antes de prestarse a este juego siniestro, del que no han querido participar entidades como la OEA o la ONU, porque no quieren ser cómplices de la patraña armada por ciertos aventureros ligados al Palacio Quemado.

La Iglesia Católica se ha ofrecido a interceder para que todo este proceso se produzca en paz, sin embargo, desde la Presidencia han respondido con descalificativos que sólo agregan más elemento caldeado al problema.

Si bien los indígenas han lanzado advertencias apocalípticas en relación a la consulta, no han dejado de insistir en los mecanismos legales para hacer prevalecer la justicia y las normas constitucionales. El  pasado miércoles presentaron un amparo ante el Tribunal de Justicia de Chuquisaca, luego de que no se cumpliera el fallo del Tribunal Supremo que  insistía en el consenso como requisito indispensable de la consulta.

Las autoridades judiciales tienen el deber de pronunciarse cuanto antes porque de esta manera ejercerán presión sobre la necesidad de buscar el diálogo y restablecer la cordura en este asunto que lleva casi dos años consumiendo las energías del Estado y el interés de la opinión pública.

Otro de los llamados a intervenir para exigir respeto entre las partes es el Tribunal Supremo Electoral. Ellos mejor que nadie saben que no existen las garantías para que se produzca una libre expresión de los involucrados y su deber es manifestarlo ante la población y dejar su actitud de complicidad aparentemente inocente frente al Órgano Ejecutivo. Estamos ante  un riesgo muy grande de enfrentamiento y derramamiento de sangre. Hay que actuar pronto y con la firmeza necesaria.
 
Las autoridades deberían escuchar el clamor de numerosas instituciones y organismos que han solicitado postergar la consulta hasta que se aclaren las cosas.

miércoles, 25 de julio de 2012

Fernando Vargas se trasladó a Sucre para demandar ante el Tribunal Departamental un recurso de Amparo constitucional contra la prosecusión de la consulta sobre el TIPNIS


El dirigente de la Subcentral del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Fernando Vargas, presentó este miércoles un recurso de Amparo constitucional contra la continuidad del proceso de consulta para la construcción de la carretera a través de esa reserva, la cual viene siendo promovida por el Gobierno.
El recurso, presentado ante el Tribunal Departamental de Chuquisaca, se basa en el hecho de que el Gobierno y otras instancias oficiales, como el Tribunal Electoral y las presidencias de ambas cámaras, no habrían adecuado su actuación al proceso de concertación dispuesto por el Tribunal Constitucional en su sentencia del 18 de junio del mes de junio.
“No se puede eludir lo dispuesto por el Tribunal Constitucional Plurinacional que suspendió la consulta previa mientras tanto no se concerte con los pueblos indígenas el contenido del proceso y sus procedimientos”, sostiene el memorial presentado a última hora de esta tarde por Fernando Vargas.
El Tribunal Constitucional Plurinacional declaró la “inconstitucionalidad condicionada del artículo primero de la ley 222” e instó al Estado y a los actores a promover un diálogo a objeto de encontrar una solución al conflicto.
Vargas recordó en su petitorio que el propio presidente del TCP, Ruddy Flores, había señalado a medios de prensa que el Estado no podía continuar con el proceso de la consulta y pidió a las partes adecuar su accionar “a los términos de la sentencia”.
“El gobierno no sólo que ha continuado con su accionar unilateral autoritario y prebendal destinado a imponer su consulta a los pueblos indígenas, sino que ha venido actuando públicamente en contra de la demanda de diálogo y concertación reclamadas precisamente por los pueblos indígenas que participaron de la IX marcha”, afirma Vargas en su demanda.
“Este accionar gubernamental autoritario y represivo conlleva expresamente el incumplimiento y violación de la sentencia Constitucional tanto en sus fundamentos como en su parte resolutiva, ya que el gobierno ha rechazado expresamente y de manera pública todo diálogo y concertación con la representación indígena de la subcentral”, agrega el texto.
Asimismo, Vargas denuncia una “acción de difamación, desprestigio y descalificación” del gobierno hacia dirigentes indígenas, a quienes, -dijo- inclusive el Gobierno, “en actitud infame, ha calificado como delincuentes, traficantes y golpistas”.

martes, 24 de julio de 2012

Boris Gómez desde columna muestra la vía dolorosa que recorre YPFB cuando se perdió en la guerra del gas, en el referendum y en la corrupción ausencia de visión global.

Desde 2006 cuando los actuales administradores del denominado "Estado plurinacional" pudieron hacer un verdadero ejemplo latinoamericano en negocios de energía -de gas, particularmente- en el continente, prefirieron dar el paso errado y en falso e hicieron la nacionalización. Luego prometieron la industrialización y finalmente hoy ni la nacionalización ni la industrialización han funcionado como esquema de desarrollo de la industria de gas y petróleo en el país. Cuando se armó tremendo "revuelo" por una transferencia del BCB a la estatal petrolera de 1000 millones de USD no tuvieron idea, como tampoco la tienen ahora, que esa cifra no es representativa en la industria del valor agregado al gas natural.

Como no tuvieron la visión de construir un país exportador de GTP (productos de gas) estamos atornillados en la exportación de materia prima, sin privilegiar modelos exportadores de electricidad, plásticos, diésel sintético o fertilizantes derivados de gas natural, como en otros países se hace con tanto éxito comercial.

Al existir una ausencia de criterios y de visión de largo plazo obviamente no han privilegiado que su mayoría parlamentaria discuta, debata y apruebe una Ley de Hidrocarburos.

Hoy, seis años después, ni hablan de la nacionalización, ni de la industrialización y sólo están viendo la forma de corregir los tremendos errores que su falta de criterio gerencial comete a cada momento, como los casos de corrupción que son sonados y que saltan a la luz día a día. Su propio ministro de Hidrocarburos, el mentor de la nacionalizacion el señor Solíz Rada, renegó y criticó éste esquema político de socialismo que no puede conducir acertadamente una política de energía en el país.

La perspectiva ahora se plantea sombría por cuando Bolivia perdió tiempo en guerras de gas, referéndums por el gas y sin haber concretado un solo proyecto de escala.

En un acto de salvataje de éste año 2012, cuyo primer semestre está perdido, sería un acto de nobleza que reconozcan su ausencia de visión global y que convoquen a un gran consejo nacional de energía e hidrocarburos compuesta por técnicos, académicos, empresarios, profesionales e investigadores para plantear de una buena vez una nueva LH.

sábado, 21 de julio de 2012

nueva forma de estafa. compran terrenos para revenderlos a YPFB a precios elevados. abogado mafioso está detenido. informe de YPFB


Mónica Ramírez asesora muestra documentos fraudulentos en YP

La Policía detuvo ayer a un cuarto implicado en el supuesto caso de corrupción en el proceso de licitación de las Plantas Separadoras de Líquidos de Río Grande y Gran Chaco de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El nuevo involucrado es Marcelo Oña Cuéllar, miembro de la comisión de calificación de ambos proyectos y asesor legal de la Gerencia Nacional de Plantas Separadoras de Líquidos (GNPSL), quien fue contratado por Gerson Rojas, exresponsable de esa gerencia, que es acusado de recibir dinero para avalar la contratación de la empresa Astra Evangelista (AESA), que se adjudicó la construcción de dicha planta por $us 159 millones. El jurista, según informó la propia petrolera, adquirió de forma ilegal los predios del proyecto de Gran Chaco, por un valor de $us Bs 8,8 millones.   

Ilegal. Mónica Ramírez, asesora legal de YPFB, señaló que siguiendo el proceso investigativo, se revisaron todos los contratos suscritos por Rojas y se detectó anomalías en la adquisición del terreno para la construcción de la Planta de Separación de Líquidos Gran Chaco, en Tarija.
Según Ramírez, Oña, con el aval de Rojas, adquirió 479 hectáreas con 1.035 metros cuadrados de extensión sin que estén saneados, dando un anticipo de Bs 8,8 millones, por un valor total de Bs 9,7 millones. "Tras revisar la documentación, se observó irregulares por parte del abogado del exgerente Gerson Rojas, que solicitaron poderes a objeto de que sean ellos los representantes de los vendedores de los lotes de terreno, quienes a su vez le otorgan las tierras a su amigo", explicó Ramírez.

Detenidos. Hasta el momento son cuatro las personas detenidas por la justicia en el caso. Tres fueron llevadas ante un juez y están encarceladas de forma preventiva en cárceles de Santa Cruz y La Paz. El primero en caer fue Gerson Rojas, a quien le siguió Agustín Ugarte, (ambos ejecutivos de YPFB) y Brenda Avilés Méndez, inspectora medioambiental de AESA, principal beneficiada del supuesto  caso de corrupción, que según la teoría que maneja  la justicia dio dinero para adjudicarse el proyecto de Río Grande.
Tanto Ugarte como Oña eran parte de la comisión de calificación y contratación de GNPSL.

Cautelar. Isabelino Gómez, fiscal de Distrito de Santa Cruz, indicó que Oña será puesto ante un juez cautelar el día de mañana. La autoridad, sin dar detalles, informó que ayer se realizaron allanamientos en diferentes zonas de la ciudad oriental.
Medida
Levantan la reserva  del caso a pedido de YPFB y Fiscalía
Investigación. La asesora legal de YPFB afirmó que la juez cautelar responsable del caso decidió suspender la reserva del caso, después de 10 días. "La anterior semana pedimos que levanten la reserva para evitar la susceptibilidad de que se quiera ocultar la investigación. Entiendo que la juez ya  la levantó".
Hermano de Rojas no aparece. La Fiscalía envió una citación el día jueves a Carlos Rojas Terán, hermano de Gerson Rojas, y funcionario de Bolpegas, compañía responsable de la supervisión del proyecto de Río Grande, pero hasta el momento, no se ha hecho presente a declarar por el caso.
Gerente de Bolpegas, citado a declarar.  Carlos Carrillo, gerente general de Bolpegas, fue citado por la justicia para que mañana preste su declaración informativa, para esclarecer la relación contractual, que mantiene su empresa con YPFB. Carrillo dijo que acudirá al llamado del Ministerio Público.

reclama gas para los bolivianos y la urgencia de demostrarlo que se atienden las necesidades internas sostiene El Dia editorialmente


En los años '50, cuando el petróleo comenzó a producirse en cantidades considerables en Bolivia, lo primero que se pensó fue en exportarlo y fue así que se construyeron los oleoductos "Camiri-Yacuiba" y "Sica Sica-Arica". A nadie se le pasó por la cabeza que los hidrocarburos hubieran servido para generar desarrollo dentro del país.
En aquellos tiempos, Camiri se convirtió en la capital petrolera del país; sin embargo, aquella población chaqueña apenas pudo tener energía eléctrica  y agua potable confiables en los años '80 y la carretera que la conectó con el sur del país y con Santa Cruz llegó en los '90. El centralismo acarreó toda la plata a La Paz y allá se quedó para alimentar la costosa burocracia estatal que siempre ha utilizado la cantaleta de la distribución de la riqueza para acapararlo todo. Bolivia comenzó a exportar gas a Argentina en los años '60 y, desde entonces, la nación vecina se convirtió en el país más "gasificado" del mundo; es decir, prácticamente no hay vivienda que no cuente con el gas domiciliario y, por supuesto, todas las industrias lo tienen, las granjas, los pequeños establecimientos productivos como panaderías y restaurantes, además de que no hay taxi o cualquier vehículo liviano usado con fines comerciales  que no esté equipado con un sistema de gas.
En los años '70, Bolivia descubrió que estaba situado sobre una "gran garrafa de gas" y se iniciaron los planes de exportación a Brasil, negocio que se concretó en los años '90. Vino la capitalización, la gran avalancha de petroleras, se incrementaron las reservas y las amas de casa bolivianas continuaron –como siguen ahora- peregrinando con sus garrafas de GLP a cuestas para poder cocinar. Tuvo que ser una empresa privada a principios del nuevo milenio la que se dedicó a promocionar el uso de gas natural vehicular, ya que todas las promesas del Gobierno –incluyendo al actual- de "gasificar" el parque automotor cayeron en el olvido. Paradójicamente, ha sido el Estado el que le puso trabas a aquella compañía que dejó de operar, con el pretexto de que sería el sector público el encargado de impulsar el GNV, pero todo fue una farsa que escondía en realidad la falta de gas para atender la creciente demanda.
En el 2005, el MAS propuso una revolución consistente en devolverle el gas a los bolivianos. Había suficientes evidencias de que este recurso nunca había beneficiado al país y menos a los sectores empobrecidos. No había cómo dejar de apoyar ese cambio, pues además de promover mayor equidad en la distribución de los ingresos, que anteriormente se los llevaban las compañías extranjeras, se proponía la industrialización del gas, de tal manera de sacarle más provecho y utilizarlo como el motor del desarrollo nacional.
En la Constitución Política del Estado se puso muy claramente que el mercado interno tiene prioridad; sin embargo, hoy –que hace mucho frío-, las granjas del país se ven obligadas a pagar un sobreprecio por el gas licuado para evitar que sus pollos se mueran. Obviamente ese costo lo pagan los consumidores. En Argentina o Brasil no pasa lo mismo.
Como se sabe, muchas industrias en el país están paralizadas por falta de gas. Y precisamente el pasado miércoles, cuando el presidente Morales le confirmaba a su colega argentina Cristina Fernández que Bolivia incrementará sus exportaciones de gas a aquel país, la empresa Jindal anunciaba el abandono del proyecto Mutún, el mayor de la historia de la minería del país. Todo por falta de gas.
En 2005, el MAS propuso una revolución consistente en devolverle el gas a los bolivianos.  En la Constitución se puso muy claro que el mercado interno es prioridad, pero la realidad es algo distinta.

viernes, 20 de julio de 2012

un hermano suyo era supervisor y fiscalizador del proyecto que administraba Gerson Rojas acusado de corrupción y autor del choque del vehículo oficial de YPFB


El encargado de fiscalizar el trabajo de Gerson Rojas Terán, imputado por supuesta corrupción en  YPFB, resultó ser su propio que su hermano, Carlos Alberto Rojas Terán. Gerson es ex gerente nacional de Plantas Separadoras de Líquidos (GNPSL) de YPFB, encargada de la construcción de las plantas de Río Grande y Gran Chaco, y Carlos, es uno de los gerentes de la empresa Bolivia Petróleo y Gas Consultores (Bolpegas SRL), que está a cargo justamente de la supervisión y fiscalización del proyecto de Río Grande por un monto de $us 4,50 millones. Además, Bolpegas tiene a su cargo los estudios de ingeniería de la planta de separación de líquidos de Gran Chaco, en sociedad accidental con la empresa Hytech, por un monto aproximado de $us 5 millones. 

Parentesco y relación laboral. El parentesco fue corroborado por una Oficialía de Registro Civil, del Tribunal Supremo Electoral, que demuestra que Gerson  y Carlos Rojas, son hijos de Mario Rojas Senzano y Elena Terán Salazar.

Gerson Rojas se encuentra detenido, por una acusación de enriquecimiento ilícito, según las investigaciones de los fiscales, presumiblemente por favorecer a las empresas adjudicadas en la construcción de ambas plantas.

En ese sentido, se está investigando a 18 exfuncionarios de YPFB, de la empresa adjudicataria AESA y la Comisión Calificadora.

Otros contratos. Revisando la página web de Bolpegas, se puede constatar que esta empresa,  ha tenido otros contratos con la estatal, más específicamente con YPFB Andina, para el proyecto de "Servicio de Estudio de Ingeniería Interconexión de la Línea de Descarga Víbora e Interconexión de la Línea de Gas Sirari", además de varios más con la Superintendencia de Hidrocarburos de La Paz. Si bien estos contratos no tienen relación con la GNPSL, donde trabajaba Gerson Rojas, esto demuestra que la relación laboral entre Yacimientos, la Superintendencia  de Hidrocarburos y Bolpegas viene de mucho tiempo atrás.

Verificación de los $us 90.000. Ayer se corrió un rumor en algunos medios de comunicación  de que se habría encontrado $us 90.000 en otra cuenta del Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC), de Gerson Rojas. Su abogado, Martín Camacho, negó rotundamente esta situación y que la supuesta cuenta y el dinero fueran de su defendido. En tanto que Mónica Ramírez, asesora legal de YPFB, explicó que solo se trató de una verificación de los $us 90.000 de las cajas que ya se habían allanado semanas antes, para que éstas pasen a propiedad de YPFB. Además, mencionó que están cerca de encontrar a las personas implicadas en este caso, por lo que en dos semanas ya estaría cerrado.

"Simplemente se ha echo una verificación, YPFB ha solicitado ser depositario del dinero. En 10 o 15 días, en una conferencia de prensa, con todas las pruebas, tendremos el caso cerrado, ya estamos dando con las personas", manifestó Ramírez.

Pedido de senador. Por su parte,  el jefe de bancada del MAS en la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, pidió al presidente Evo Morales y las autoridades judiciales asignadas al caso, dejar de proteger al presidente de YPFB, Carlos Villegas, para que éste sea incluido en las investigaciones del supuesto caso de corrupción que hay en la estatal petrolera.

Cláusulas anticorrupción y auditoría internacional. Es así que ante todo este panorama del presunto caso de corrupción en la estatal, el directorio de YPFB Corporación aprobó la implementación de una "cláusula anticorrupción" en todos los contratos de adquisición de bienes, obras y servicios, además de introducir adendas en los contratos vigentes.

"Implementar una declaración jurada de Integridad y Anticorrupción para los servidores públicos que participen en los procesos de contratación", dice el informe aprobado.

También YPFB aprobó la realización de auditorías internacionales a los procesos de contratación de las plantas de separación de líquidos de Río Grande y Gran Chaco, además de disponer que todos los procesos de contratación estratégicos estén sujetos a una auditoría internacional.

Esta resolución también instruye acelerar los procesos de auditoría interna de las plantas, que fueron solicitados en octubre de 2011, otorgando a la Unidad de Auditoría Interna un plazo de 30 días, a partir del 17 de julio de 2012, para su conclusión.

Investigación. Así como el presidente Evo Morales pidió a la ministra de Transparencia, Nardy Suxo, investigar los presuntos hechos de corrupción hasta el final, sin importar quién esté implicado, el directorio de Yacimientos encomendó a su presidente ejecutivo, Carlos Villegas, que se haga extensiva la investigación por presunto hecho de corrupción contra todos los posibles involucrados, sean personas naturales o jurídicas, que tengan suficientes indicios de participación.

Argentina YPF se manifiesta.  Por su lado, la estatal argentina YPF informó, en un comunicado, que la empresa AESA sí forma parte de su estructura y que hasta el momento de la investigación, según dice el informe, "no revela ninguna anomalía, ni actividad que se pueda considerar contraria a los estándares comerciales o que esté en contra de la normativa vigente en los distintos países, en que YPF desarrolla sus actividades. En caso de encontrarse alguna anormalidad se adoptarán las medidas necesarias".

También mencionó que el avance de las obras en curso en la planta de Río Grande ya está en un 70 por ciento , por  lo que se comprometen a "finalizar los trabajos contratados con los estándares que demanda esta importante y estratégica obra".

jueves, 19 de julio de 2012

como era de esperar. sin aguardar los resultados de la investigación fiscal, Carlos Villegas el presidente de YPFB Corporación, se anticipa y da su fallo. no hay sobreprecio, Santos Ramirez es reo rematado y no se debe escuchar su opinión. se refiere al reinicio de gestiones para planta de Rio Grande.


-El ex gerente nacional de Plantas de Separación de Líquidos Gerson Rojas señala que usted habría recomendado a la ingeniera Vanesa Avilés, influyendo para que se le otorgue un ítem como profesional II... 
- Es necesario aclarar que la información es falsa y constituye una especulación. Gerson Rojas no se refirió a este caso en particular en sus declaraciones en el Ministerio Público, según verificó la asesoría legal de YPFB, que denunció el caso y coadyuva en las investigaciones.
Jamás recomendé la contratación de esta señora, a quien no conozco. Su ingreso se debe a una solicitud firmada por Gerson Rojas, en la que fundamentando razones de mejor servicio, actividades técnicas de importancia y otros argumentos, solicita la contratación de Vanesa Avilés, adecuando el perfil de la misma y hasta falseando la información con documentos fotocopiados.
- El otro director de plantas de separación, Agustín Ugarte, detenido en Chonchocoro, asegura que usted supuestamente sabía lo que ocurría. 
- Rechazo categóricamente estas conjeturas, apreciaciones falsas, tendenciosas y calumniosas, y me reservo el derecho de iniciarles acciones legales correspondientes.  
- ¿Qué pasos legales se siguieron para dejar a un lado a Gulsby?
- Una resolución del Directorio Nº 3/2009 declaró la nulidad del proceso de contratación para la ejecución del proyecto de la Planta de Extracción de GLP a instalarse en Río Grande, incluyendo la resolución de adjudicación Nº PRS 087/2008 de fecha 11 de julio de 2008, en mérito a no haber sido autorizada por el directorio de YPFB en conformidad con el artículo 9 inciso f) del estatuto de YPFB.
La resolución de directorio 3/2002 instruyó al presidente ejecutivo de YPFB asumir las acciones legales, administrativas, financieras y técnicas necesarias para evitar mayor daño económico al Estado, debiendo en consecuencia dar continuidad en lo posible al proyecto de construcción e instalación de una planta de extracción de líquidos, que es vital para el de-    sarrollo del país, dentro de la política hidrocarburífera inserta en el plan nacional de desarrollo.
El informe Nº 3 de fecha 13 de noviembre de 2009, emitido por el bufete de abogados estadounidenses Davis Graham&Stubbs LLP, señala puntos relevantes con respecto a la empresa GulsbyProcessSystem LLP(GPS).
- ¿Por ello se decide iniciar un nuevo proyecto más caro?
- Era necesario comenzar nuevamente todo el proyecto, situación que conllevaba la posibilidad de efectuar un estudio de ingeniería básica extendida o desarrollar una ingeniería, procura y construcción (IPC) con gran incertidumbre, sobre todo respecto al precio referencial, toda vez que no contaba con los respaldos de los estudios de ingeniería necesarios para este fin conforme establecen los informes técnicos GPSL Nº 001/2010 y GPSL Nº 002/2010. Los informes técnicos recomiendan llevar adelante los estudios de ingeniería básica extendida, que permitirán minimizar la incertidumbre respecto al precio referencial y respaldar la cifra que se obtenga producto de dichos estudios. Asimismo, permitirán reducir los riesgos de que el proceso de contratación de IPC se declare de-sierto por una subestimación del precio referencial, evitando mayores retrasos en el proyecto y mayores costos.
-El expresidente de YPFB Santos Ramírez nuevamente señaló que hubo sobreprecio en la adjudicación de la planta Río Grande...
- No merece opiniones un reo rematado, el señor Ramírez va a la cárcel por hechos de corrupción y mi persona denunció los actos de corrupción; son posiciones cualitativamente diferentes.
No hay sobreprecio alguno. El costo de la planta Río Grande, de acuerdo con el  contrato firmado por Santos Ramírez que carece de todos los estudios, constituye un tercio de lo que sale la planta de Separación de Líquidos de Río Grande actualmente, porque sólo consignaba el turboexpander. El proyecto vigente, en construcción, abarca la totalidad de la planta y todo su equipamiento.(Publicado por El Deber Edición Digital. Texto y foto de Hilton Heredia)

ahora resulta que AESA pertenece al Gobierno del vecino país habiendo sido de REPSOL hasta la pasada nacionalización esto al margen de la investigación que se lleva a cabo y por cuya causa hay tres detenidos


La empresa adjudicataria de la Planta Separadora de Líquidos Río Grande,  Aesa, forma parte de la estatal argentina YPF. El Gobierno argentino la adquirió tras la nacionalización del 51% de acciones de YPF, que estaba en manos de  Repsol. La petrolera española tenía un holding de 15 empresas, en la cual se encontraba Aesa. La compañía está implicada en el supuesto caso de corrupción de YPFB y tuvo a su cargos 6 proyectos en el país 

Ciento por ciento estatal. Desde el año 2000, Aesa ha estado involucrada en diferentes proyectos petroleros en Bolivia, además que ha realizado diversos trabajos en países como Brasil, Perú y Uruguay.  Según el diario Página 12 de Argentina, es una empresa controlada por YPF, dedicada a ingeniería, construcciones, servicios, operación y mantenimiento de plantas y yacimientos. Fue adquirida por Repsol antes de comprar YPF, pero ahora es propiedad de la petrolera local argentina.

Seis proyectos en el país. La empresa argentina ha realizado 6 proyectos importantes en Bolivia. Uno de los primeros que entregó fue la Planta de Ajuste de Punto de Rocío, en el campo Sirari, para Andina en el 2000.
Destaca también el Campo de Gas Sábalo, en el departamento de Tarija, obra que inició en el 2001 y terminó en 2003.
En este año, entregó la Planta Compresora de Gas Villamontes. Además, en 2006 culminó la Unidad de Remoción de Contaminantes, de Petrobras, entre otros.
Pero el proyecto más grande es la Planta Separadora de Líquidos Río Grande, cuyo valor asciende a $us 160 millones.
Actualmente, la justicia investiga el proceso de licitación del proyecto, porque supuestamente funcionarios de YPFB recibieron dinero para que Aesa se haga de la licitación, cuando estaba en manos de la española Repsol.
YPF defenderá a la compañía Carlos Miranda, ex superintendente de Hidrocarburos, señala que al ser una empresa estatal argentina, YPF saldrá a defender sus intereses. Dijo, además, que Repsol quedó librada de cualquier responsabilidad en el caso, ya que la firma pasó a manos del Estado argentino.  "YPF argentino va a salir en defensa de su empresa, por que su récord no es malo. Tiene un prestigio bueno en Argentina. Repsol va a levantar las manos", precisó.

No perjudica nexos con Argentina. Por su parte, el analista Álvaro Ríos señaló que el hecho de que Aesa sea estatal no perjudicará la relación de negocios que tiene Bolivia con Argentina. "Este tipo de empresas generalmente funciona de forma independiente y no perjudicará los negocios con Argentina", señaló
El analista energético Bernardo Prado dijo que desde el momento en el que el Gobierno argentino nacionalizó la participación de Repsol en YPF, Aesa pasa a ser 100% propiedad ese Estado. Pero explicó que esta situación no salpica la imagen al Gobierno "gaucho" ni sus negocios con Bolivia.

miércoles, 18 de julio de 2012

luego de aprox. 5 horas un convenio de 26 puntos fue firmado y 4 acuerdos especiales. se anuló cláusula de multas por incumplimiento. (?)


Los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Argentina, Cristina Fernández, encabezaron hoy la firma de dos nuevos acuerdos para aumentar la venta de gas boliviano al vecino país y no plantearon la revisión de los precios del carburante.
Estos convenios fueron firmados por ministros y ejecutivos de las empresas petroleras estatales de ambos países en la ciudad de Cochabamba.
Evo y Cristina al término de la reunión en Hotel Cochabamba.
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, y el de la empresa petrolera argentina Enarsa, Exequiel Espinosa, firmaron un "contrato interrumpible de compra y venta de gas natural" por volúmenes adicionales.
Por ese contrato, Bolivia exporta seis millones de metros cúbicos diarios (Mmcd) más de gas entre 2012 y 2013, pero es "interrumpible", porque ninguna de las dos naciones está obligada a pagar multas si hay incumplimientos en la venta o en la compra.
Las exportaciones al mercado argentino aumentaron en mayo de 2011, de 7 a 13,5 millones de metros cúbicos diarios, en parte gracias a una planta de tratamiento construida en Bolivia, por un consorcio encabezado por la petrolera española Repsol.
El contrato implica la venta de volúmenes adicionales de gas para Argentina, al margen del contrato vigente que obliga a Bolivia a subir los envíos hasta 27 millones de metros cúbicos en 2017, dijo a Efe una fuente de YPFB.
El ministro de Planificación de Argentina, Julio de Vido y el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Juan José Sosa, firmaron una carta de intenciones para que Enarsa compre propano, butano y gas licuado desde el segundo semestre de 2014.
Esos combustibles prevé producirlos Bolivia cuando concluya la construcción de dos plantas de separación de líquidos del gas natural, que se exporta hacia Brasil y Argentina.
La mandataria Cristina Fernández calificó los acuerdos de importantes y destacó la capacidad de transporte del gasoducto binacional "Juana Azurduy", que permite transportar 27 millones de metros cúbicos diarios ante las versiones que indicaron que Argentina no podía recibir más gas.
"Escuché que por ahí se decía que estamos firmando cosas que no vamos a poder transportar. No acostumbramos a firmar cosas que no podemos hacer", afirmó.
Morales destacó que la vista de Fernández es importante para impulsar las transformaciones en la región y defender la democracia, y ratificó su condena de lo que denominó "golpe congresal" para destituir a Fernando Lugo.
De Vido aclaró que no se habló de modificar los precios del gas boliviano y enfatizó que no hay razón para que se modifiquen los acuerdos firmados por ambos Gobiernos, con una fórmula que permite ajustar los costos cada tres meses, según el precio de una canasta de combustibles en el mercado internacional. "No hay ninguna conversación respecto a modificar los acuerdos", enfatizó.
 

El Deber actualiza el caso Rojas de corrupción en YPFB e informa que fiscales fueron convocados a La Paz por ministra de transparencia. Villegas pide le investiguen sus cuentas y patrimonio



La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB Corporación) anunció que solicitó a la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Santa Cruz levantar la reserva de las investigaciones al exgerente de plantas de separación de líquidos Gerson Rojas Terán y al exfuncionario Agustín Ugarte, acusados por los delitos de uso indebido de bienes del Estado y enriquecimiento ilícito.
La decisión fue dada a conocer a ocho días -incluido el fin de semana- de que la Fiscalía General dispusiera la reserva nacional de las investigaciones, bajo el argumento de no caer en criterios que entorpezcan el proceso.

“Para evitar el señalamiento de que YPFB quiere ocultar o pretende desnaturalizar una investigación penal, se ha presentado a la Fiscalía de Santa Cruz un memorial solicitando se levante la reserva de las investigaciones y se prosiga con la mayor transparencia la investigación de este proceso penal”, aseguró la asesora legal de YPFB, Mónica Ramírez.
Por otro lado, el titular de YPFB, Carlos Villegas, pidió, mediante carta, a la ministra Nardi Suxo, investigar sus cuentas bancarias y patrimonio personal, y cotejarlos con su declaración jurada efectuada en enero de 2006, antes de asumir funciones de ministro de Desarrollo Sostenible y de Planificación del Desarrollo.
Una copia de la misiva, firmada por Villegas, fue enviada al presidente Evo Morales.

Mientras tanto, una comisión de fiscales viajó ayer a La Paz para ampliar las investigaciones.
El principal acusado de la supuesta corrupción en YPFB Gerson Rojas está delicado de salud en una posta del penal de Palmasola.
A su vez, el abogado de Ugarte, Miguel Aparicio, reiteró que su defendido permanece bajo detención en el penal de Chonchocoro.
En la actualidad hay tres detenidos por el caso: Gerson Rojas Terán (principal acusado de corrupción y ex gerente nacional de plantas de separación de líquidos), Agustín Ugarte (exdirector) y una funcionaria de AESA.

Por otro lado, ayer se pudo conocer un informe de auditoría técnica (mayo 2009) efectuado a la firma Gulsby (exencargada de la ingeniería e instalación de la planta separadora Río Grande), que fue efectuada por Gerson Rojas y por Agustín Ugarte, en la que concluyen que esta firma tenía la capacidad para el desarrollo del proyecto. En el informe participaron José Contreras, Luis Gamboa y Vigni González, por Pdvsa.
Al respecto, Mónica Ramírez, explicó que este tema tiene otras connotaciones.
Se envió un cuestionario a Suxo y a Villegas, pero no respondieron.

Tras las declaraciones formuladas por el extitular de YPFB Santos Ramírez, de que existe sobreprecio en la adjudicación de la planta separadora de líquidos Río Grande y la solicitud de que Villegas sea destituido, ayer el departamento jurídico de YPFB hizo llegar documentación a EL DEBER en la que desvela que existen 12 casos contra Ramírez por corrupción en su gestión.
Además, la asesora legal de  Yacimientos Corporación, tildó de mentiroso a Ramírez por sus afirmaciones de que tiene pruebas y de que él firmó el contrato con la empresa Gulsby.
Fiscal interino ordenó indagaciónEl fiscal interino Romay Cavero, que se encontraba en suplencia legal de Isabelino Gómez, que salió en uso de sus vacaciones, fue quien mediante una resolución instruyó iniciar de oficio la investigación por supuestos actos de corrupción en YPFB.
La resolución fiscal fue emitida el 25 de junio por Romay Cavero, que dio pie a la apertura de la indagación por la Unidad Anticorrupción. 

El caso fue derivado a la unidad Anticorrupción después que Cavero recibiera, el 22 de junio, un informe completo del fiscal de materia de Yapacaní, Jaime David Canedo Encinas, respecto al accidente vial registrado el 17 de junio en el kilómetro 94 de la carretera al norte protagonizado por Gerson Richard Rojas, exgerente nacional de la planta de separación de líquidos, del proyecto Río Grande y Gran Chaco. 

La comisión de fiscales, integrada por Carlos Candia, Anuncio Piérola y Cándido Blanco, bajo la dirección de la coordinadora nacional anticorrupción de la Fiscalía General, Norma Olmos, recibió los antecedentes.
Candia, Piérola y Blanco viajaron a La Paz convocados por la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, para dar un informe del complejo caso. Sin embargo, Norma Olmos, desde Sucre, expresó su extrañeza al señalar que no fue comunicada sobre la convocatoria a los fiscales a La Paz. “Me extraña que solo se llame a los fiscales y se excluya a la coordinación nacional”, dijo y añadió que pedirá informes.
   Auditoría técnica   
Informe 2009. Según documentación a la que accedió EL DEBER, la comisión que elaboró la auditoría técnica a la firma Gulsby verificó el estado de la provisión de equipos, observándose que un 66,5% estaba con órdenes de compra y en proceso de fabricación, y algunos en su etapa de construcción, mientras que el 33,5% restante (recipientes de presión, tanques, etc.) aún no estaba con orden de compra. La comisión visitó 10 empresas proveedoras en  EEUU. He aquí algunas.

Empresa Steel Fabricating. El porcentaje de avance era del 0%, siendo que Gulsby les hizo un rembolso. A la empresa se le exigió un cronograma de actividades.

Afotn Pumps Inc. El porcentaje de avance de esta empresa era del 30%. Contaba con todos los materiales estocados para la fabricación de las bombas.

Peco Facet. El porcentaje de avance era del 93,4% y comprendía tres equipos completamente terminados.

Tryer Process Equipment. Con 0% de avance. No tenía las órdenes de provisión de materiales para iniciar la construcción de los equipos.

Steelteck-Shell. Presentaba un avance del 20%. Tenía los materiales para iniciar la construcción de los equipos, Contaba con un sistema de control pormenorizado.

martes, 17 de julio de 2012

qué está pasando que reos como García Meza, Arce Gómez, Santos Ramírez tienen espacio en los medios y aparecen declarándose inocentes, claro como el masista Santos Ramírez culpa de su situación a "ciertos funcionarios por celos"

El Diario, La Paz El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, considera que “le tendieron una trampa” en el supuesto caso de corrupción y recepción de comisiones, que involucraron a sus familiares políticos a raíz del asalto y asesinato del empresario tarijeño Jorge O’connor Darlach, ejecutivo de la petrolera Catler Uniservice. Ramírez que fue estrecho colaborador del presidente Evo Morales, en entrevista cedida al programa televisivo “No Mentiras de PAT”, dijo que, ante acusaciones y documentos que fueron mostrados por el vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro Juan Ramón Quintana en presencia del Jefe de Estado, ahora está en condiciones de demostrar que esas acciones fueron parte de una gran mentira.
 Asimismo, Santos Ramírez que está recluido en la cárcel de San Pedro por tres años y medio, cuestionó porqué en el caso que lo involucraron se dispuso una investigación de cara al pueblo y porqué ahora se instruye reserva en la investigación sobre denuncias de corrupción en YPFB dirigido por Carlos Villegas. PIDE “TRANSPARENCIA” AL PRESIDENTE Santos Ramírez sostuvo que “la verdadera corrupción está ahora, en la presente gestión de Carlos Villegas”. “Yo quiero que me den la oportunidad de presentar mis pruebas. Ya llegará el tiempo de aclarar. Todo lo que ha puesto (Juan Ramón Quintana) sobre la mesa es una gran mentira”, expresó. “Álvaro: ustedes han sentenciado mi muerte civil y política. Cuando en un caso se lucha y en otro caso hay reserva, esto me preocupa. ¿Por qué las reservas? ¿Qué se quiere ocultar?” “Hermano presidente, vamos a ser transparentes. Dónde está la ministra Anticorrupción, Nardy Suxo? La lucha contra la corrupción no puede tener reservas”, sostuvo. Asimismo, dijo que quiere probar que no causó daño económico a YPFB, al tiempo que pide aclarar quién mandó matar al ingeniero Jorge O’Connor y plantea la sustitución de Carlos Villegas. REESTRUCTURACIÓN Santos Ramírez recordó que estaba diez meses en YPFB y se le ordena reestructurar, nacionalizar acuerdos y acciones de las empresas privadas. No se había hecho nada antes, a pesar de que ya había la orden previamente. “Nardy Suxo y otros dijeron tres cosas: que había depositado el dinero en otras cuentas que no correspondían, que había hecho el contrato con una empresa fantasma y que no existían las garantías correspondientes. Todo esto resultó ser falso. Las denuncias hicieron pensar que yo había cometido un delito. Me llaman a reunión en Palacio con el presidente y Juan Ramón Quintana me echa unos papeles, me bota un contrato y me acusa de que había depositado el dinero en otras cuentas que no correspondían, que había hecho el contrato con una empresa fantasma y que no existían las garantías correspondientes. Yo no tenía la documentación para contrarrestar en ese momento. Luego resulta que nada de eso se comprueba. Hay una auditoría realizada por Gerson Rojas y Agustín Ugarte, Jefe de ingenieros y jefe técnico, que corroboran los pagos de 13 millones se habían entregado correctamente a la empresa. Yo quisiera explicarle al Presidente, con absoluto respeto que vea que ahora tengo toda la documentación correspondiente. El 90% se ha logrado recabar luego del juicio. Cuando se está privado de libertad es casi imposible ver al Presidente. El 30 ó 40% de los documentos están judicializados, y hay otros que han sido rechazados por los fiscales”. Refiriéndose a Juan Ramón Quintana dijo: “Si Santos Ramírez firmó el contrato con el señor Miguel O’Connor, ¿cómo es que a mí se me condena y los otros firmantes salen absueltos? Si el contrato está mal, ¿por qué no se condena a todos los que firman? Se indica que hay un avance del 65%, dentro de lo legal. Yo conversé con el presidente del Tribunal Primero de Sentencia, que me dice que hay mucha presión de Nardy Suxo y otro funcionario de Gobierno: “Va a ser difícil que te podamos absolver porque estoy bajo mucha presión”. “Parece que tenía otros procesos”, acotó..

Fuente: eju.tv - YPFB. Santos Ramírez: Se legalizó la corrupción; revela sobreprecio y pide destituir a Villegas
http://eju.tv/?p=221125

lunes, 16 de julio de 2012

Fernando Prado exclama "porqué tanta dureza y crueldad?" al trato conferido por EM a los originarios orientales que con su valiente actitud la Novena Marcha, dejaron al descubierto el verdadero rosto del MAS incoherente y errático.


Nadie puede quedar insensible al ver a los indígenas del oriente en las calles de La Paz, recogiendo sus cositas regaladas por los generosos paceños, para regresar –no saben cómo– a su bosque, después de haber caminado 600 kilómetros para no ser ni siquiera recibidos por el Gobierno, por ese Gobierno que se declara indigenista, pero que no les ha invitado ni siquiera un vaso de api para combatir el frío, aunque sea por el simple hecho de ser gente necesitada.
Tanta dureza, tanta crueldad hacia su propio pueblo resulta incomprensible. Que un Gobierno, para llevar adelante un proyecto cuestionable, aplique a su propio pueblo un impresionante arsenal –violencia física y sicológica, etnocidio simbólico, denigración, chantaje, calumnia, el abierto y público soborno y la destrucción de sus organizaciones– al mismo tiempo y con una eficiencia y una saña que no se había visto ni en las peores dictaduras del pasado, nos hace pensar que aquí hay algo más que diferencias comprensibles sobre un proyecto.
Esa actitud agresiva y destructiva hacia los indígenas y sus organizaciones solo se puede explicar porque la defensa del Tipnis, sin quererlo, ha identificado una profunda contradicción en el Gobierno del MAS, entre su discurso y la realidad política: No vamos al socialismo, sino hacia el capitalismo desarrollista. Por su discurso, debía apoyar a los indígenas que defendían el vivir bien, la naturaleza y la tan discurseada ‘pachamama’, pero, por necesidad política, Evo Morales debía cumplir su compromiso con cocaleros y colonos, su más fuerte apoyo político, construyendo una carretera para su expansión, aunque la misma signifique un verdadero etnocidio a corto plazo.
 El Gobierno puso en los dos platos de la balanza el peso del apoyo político de cocaleros y colonos –pequeños burgueses y propietarios, por tanto en el marco de un proyecto capitalista/desarrollista– frente al peso de los pueblos indígenas del oriente, representantes de una sociedad comunitaria sin propiedad individual; obviamente estos últimos tienen muy poco que ofrecer, mientras que el otro bloque comparte completamente el desarrollismo occidental que, ahora descubrimos, es la verdadera ideología de los gobernantes.
Así las cosas, los indígenas del oriente y sus peligrosas ideas comunitarias y de la naturaleza se deben excluir a toda costa; se convierten en un peligro para el régimen, pero no porque sean golpistas, sino porque, sin quererlo, han puesto en evidencia una grave debilidad del Gobierno, y eso no se perdona. Estos indígenas no son solo disidentes u opositores; son un peligrosísimo enemigo que hay que destruir de raíz, y eso es lo que han estado haciendo, ante la mirada atónita de todo el país.
Al parecer, la violencia física, sicológica y verbal contra los indígenas del oriente pretende cubrir el profundo sentido de culpa que atormenta a los actores de un proyecto político que se desdibuja cada vez más de sus planteamientos iniciales, por los errores e incoherencias en los que incurre su dirigencia.
Lástima que los indígenas del oriente –hombres, mujeres y niños que ingenuamente se embarcaron en esta odisea– hayan tenido que pagar tan duramente lo que en realidad son culpas ajenas.

(*) Planificador urbano regional

domingo, 15 de julio de 2012

pregunta a Carlos Villegas porqué demoró tanto en presentar la denuncia y cuestiona la afirmación de Villegas de no llamar "escándalo" a la situación de estafa en YPFB


El presidente de YPFB aseguró que la investigación por corrupción en esa empresa estatal no requiere hacer escándalo. Podrá ser cierto, pero el país necesita saber por qué no se investigó el incremento de precio de la Planta Separadora de Río Grande. En efecto, la planta pudo haberse construido por cerca de 100 millones de dólares y podría haberse concluido hace un año. Hubo una propuesta preliminar de Gulsby, que se presentó a requerimiento de YPFB. Luego de la auditoría técnica de rigor, se validó la propuesta tras constatarse que el proceso de la ‘procura’ (compra de los productos) tenía un avance cercano al 80%. Hoy, la planta llega a costar cerca de 170 millones de dólares, sin sumar las órdenes de cambio que va cobrando AESA; sería interesante saber cuál va a ser el precio final.

Vamos al caso actual. Es pertinente cuestionar por qué YPFB demoró tanto en denunciar el hecho. El gerente nacional de Plantas Separadoras, Gerson Rojas, se accidentó el 17 de junio pasado. Recién el 27, YPFB se querelló contra el funcionario y pidió su detención preventiva, aunque solo por uso indebido de bienes del Estado.
 Se sabe que el 28 de junio YPFB inició una investigación propia e inventarió la oficina de Gerson Rojas (debió hacerse ante notario público y Fiscalía). Allí encontraron un recibo bancario por pago de alquiler de cajas de seguridad del Banco Mercantil Santa Cruz, y también se habría encontrado un sello personal del presidente de la empresa contratista. El problema es que habrían informado acerca de lo descubierto recién 10 días después, cuando se enteraron de que la Fiscalía ampliaba investigaciones sobre posibles cuentas de cajas de seguridad en un banco y manejara datos sobre presunto pago de coimas por la adjudicación de la Planta Separadora de Río Grande a favor de la empresa argentina AESA. Así, el 4 de julio, YPFB solicita que se amplíe la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Esta situación no es normal; nada evita pensar que en esa ‘pesquisa’ pueden haber desaparecido evidencias. Hay mucho que aclarar; precisamos conocer por qué recién el 7 de julio, casi 20 días después del accidente, YPFB se querelló contra Agustín Ugarte por complicidad en enriquecimiento ilícito.
 Más preguntas: ¿por qué el hecho se mantuvo en reserva tantos días? ¿Por qué demoró YPFB en querellarse contra los presuntos responsables del cobro de comisiones? Es importante saber por qué en YPFB se sigue trabajando como si nada hubiese ocurrido, cuando hay serios indicios de corrupción. A nadie se le va a ocurrir pensar que solo dos personas manejaron el mecanismo de sobreprecios al margen del sistema contable y de análisis de la estatal.
 Una pregunta más: por qué Carlos Villegas permitió que la fiscalización del proyecto Río Grande hubiera sido adjudicada a Bolpegas, donde el gerente de Ingeniería es Carlos Rojas Terán, hermano de Gerson Rojas Terán, cuando es sabido que, según los contratos modelos de YPFB, no deberá haber ningún grado de parentesco entre funcionarios de la estatal con los de las empresas adjudicatarias.
 Todas las preguntas son pertinentes, tan pertinente como informar al fiscal y al contralor que Carlos Villegas es la máxima autoridad ejecutiva (MAE) en todos los contratos que ejecuta YPFB, y que, si la Contraloría, la Fiscalía e incluso el Ministerio de Transparencia decidieran realizar una investigación transparente, deberían suspender a todas las autoridades que de una u otra manera tienen que ver con el asunto.
(*) Periodista
carval@carlosvalverde.com