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domingo, 27 de noviembre de 2011

Las Cifras del Hambre titula El Deber cuando se refiere a sendas publicaciones de NNUU (FAO) y otros reiterando índices de extrema pobreza en nuestra Patria mientras el Gobierno pretende desmentir sin ofrecer pruebas en contra

En los últimos días se ha actualizado un antiguo debate acerca del impacto que tiene el hambre entre los bolivianos, con cifras muy dispares.
La organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, ha revelado que, según sus cálculos, dos millones de bolivianos viven en situación de hambre.
El Gobierno nacional se apresuró en responder a estas cifras diciendo que no estaba de acuerdo con ellas, aunque no proporcionó sus propios números.
Eso sí, el Gobierno boliviano criticó el cálculo de la FAO diciendo que el porcentaje de hambre que se da entre los bolivianos es sólo una herencia de los gobiernos neoliberales del pasado inmediato.
El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) hizo conocer sus propias cifras, según las cuales el 60% de los bolivianos vive por debajo del nivel de la pobreza.
Sería una lástima que las estadísticas que proporciona la FAO y el IBCE fueran cuestionadas sin la necesaria exhibición de otros estudios.
Lo que corresponde ahora al Gobierno nacional es ofrecer su versión completa de las cosas, con estadísticas veraces que, en lo ideal, sean capaces de contrarrestar las ya mencionadas.
Pero será más beneficioso que el Órgano Ejecutivo tome en cuenta estas cifras con las que no está de acuerdo y se proponga encontrar el sustento científico que pudieran tener, antes de repudiarlas.
Acto seguido, el Gobierno tendría que ponerse a pensar en el origen de la pobreza, pero proponiéndose no quedarse en el pobre análisis de que fueron los “gobiernos neoliberales” los responsables de todo.
Si hay pobreza es porque la gente no tiene ingresos dignos, que le permita vivir mejor. 
Gran parte de los ingresos de los bolivianos provienen de los salarios que les pagan sus empleadores. Si no hay empleadores, o los que hay pagan muy poco, habrá que hacer algo.
Para el primer caso habrá que mejorar las condiciones para las inversiones, pues si no hay oportunidades de empleo es porque nadie está invirtiendo en crear empresas.
Para que ello ocurra será preciso que el Gobierno acabe de una vez por todas por aprobar las principales leyes de la economía, como son la Ley de Inversiones, Ley de Minería y de Hidrocarburos.
El hecho de que se anuncie el cambio de una ley es tan o más paralizante que la inexistencia de esa ley. Por lo tanto, si se ha anunciado el cambio de esas leyes sería ideal que se las apruebe lo antes posible, incluso olvidando que llevan una demora de seis años.
Luego habrá que mejorar las condiciones para las inversiones, convirtiéndolas en verdaderos incentivos para que lleguen al país a crear empleos mientras buscan sus propios fines.
Mejorar la educación de los bolivianos tendrá que ser otro objetivo importante, pues los niveles salariales siempre tienen que ver con los atributos de los trabajadores.
Habrá que eliminar las trabas que frenan o demoran la creación de actividades empresariales en el país, además de dar a las empresas todas las seguridades de que van a poder actuar en condiciones seguras y confiables.
El hambre requiere de respuestas inteligentes pero no pretextos burdos como los que fueron ensayados de inmediato ante el documento de la FAO.

sábado, 26 de noviembre de 2011

se ahonda el problema. ahora resulta que las decisiones sobre la violencia en contra de los indígenas fueron asumidas en Gabinete, por lo que el MSM pide al Fiscal ampliar la indagatoria a ministros, funcionarios de Seguridad y a las FFAA

El jefe nacional del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, anunció ayer que pedirá a la Fiscalía incluir en la investigación sobre la represión a la marcha indígena en Chaparina, Beni, al gabinete del presidente Evo Morales, a los funcionarios del Ministerio de Gobierno y a miembros de las Fuerzas Armadas.
Según Del Granado, el fiscal a cargo del caso, José Ponce, deberá convocar a declarar a todos los ministros para que expliquen el carácter de las decisiones tomadas con relación a la intervención a la marcha el 25 de septiembre pasado, “porque según las informaciones recabadas, las decisiones del exministro Sacha Llorenti fueron del gabinete”.
Asimismo, dijo que los funcionarios del Ministerio de Gobierno que participaron del operativo deben explicar de dónde salieron los recursos económicos para financiar la acción, como los 30 mil bolivianos para la contratación de los buses y la compra del maskin.
Del Granado explicó que esta ampliación se solicita en base al informe presentado en días pasados por el Defensor del Pueblo sobre la represión de Chaparina, en el que se establece que el extitular de Gobierno Sacha Llorenti participó de la planificación y fue quien dio la orden para la intervención policial, además identifican a 18 personas que fueron parte de esas acciones.
Respecto al informe del Defensor, Llorenti reiteró en diferentes entrevistas que él no dio dicha orden y que se rompió la cadena jerárquica de mando. Culpó de la violenta represión a “algunos malos policías” que aprovecharon el escenario para hacer quedar mal al Gobierno.
"Yo digo que no hay casualidades", afirmó Llorenti, al anotar que los policías se quitaron sus marbetes de identificación, utilizaron pasamontañas, en tremendo calor, para no ser reconocidos, situaciones que tienen que ser investigadas.
Agregó que "cuando un policía está cometiendo un abuso y ve una cámara lo primero que hace es hacerse 'al loco' y no dejar que lo filmen; pero en Yucumo lo hacen delante de las cámaras, con una ostentación de violencia, atando las manos, tapando la boca de las personas; eso es inadmisible, sí, y si usted lee la Ley 101 de Régimen Disciplinario, es sancionable".

jueves, 24 de noviembre de 2011

Rolando Villena cuyo informe y acusación por la violencia del TIPNIS ha causado un sunami en esferas oficiales, trata de explicar porqué dejó fuera del análisis a SEEM, explicación que no satisface porque escapa de toda lógica. nada sucede sin permiso, sin conocimiento del Jefe del Estado.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, afirmó este jueves que en el Informe Defensorial respecto a la violación de los derechos humanos en la VIII Marcha Indígena, no incluyó ni mencionó al Presidente Evo Morales, porque "no tenemos del Presidente ninguna prueba que nos diga que efectivamente eso ha sido así".
En el Informe Defensorial se recomienda acciones en contra del ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti; el ex Viceministro de Régimen interior, Marcos Farfán; el Director General de Régimen Interior, Boris Villegas; y los generales de la Policía Nacional Jorge Santiesteban Claure, Óscar Muñoz Colodro, Modesto Palacios Cruz y Edwin Foronda Franco.
Al respecto, varios miembros de la oposición de Gobierno se mostraron extrañados porque no se hubiera mencionado al Presidente del Estado Plurinacional en ese Informe e incluso el diputado Osney Martínez (CN) acusó al Defensor de "proteger" al Primer Mandatario.
"Nosotros no nos basamos en deducciones, nos basamos en documentos, en información que nos permite establecer el grado de responsabilidad en cuanto a decisiones violatorias de los derechos humanos; entonces, a partir del Ministro de Gobierno, en quien el Presidente delega la responsabilidad, de inteligencia, de seguridad del Estado, todo aquello que tiene que ver incluso el manejo de conflictos y también está dentro de esa dependencia el Comandante Nacional de la Policía, como estructura organizacional del orden, de manera que nosotros nos hemos enfocado a ese campo", afirmó Villena en declaraciones a Bolivisión.
El Defensor agregó que por esas circunstancias, "no podríamos hacer ninguna conjetura, menos deducir de que también habría participado, porque no tenemos del Presidente ninguna prueba que nos diga que efectivamente eso ha sido así. Queremos dejar esto establecido en esos términos".
De la misma manera, sostuvo que la Defensoría no está realizando un trabajo de "tipificar el delito", porque esa es una acción que corresponde específicamente al Ministerio Público. "Lo que estamos haciendo es establecer qué derechos individuales o colectivos se han violado, todo eso con testimonios y con documentación dentro de la normativa nacional e internacional".
Consultado del porqué no fue incluido el Presidente Evo Morales en el Informe, Villena reiteró que "no es nuestra responsabilidad establecer eso, por favor".
"Nosotros no hacemos trabajo de investigación en la usanza que hace la Fiscalía, tampoco hacemos un trabajo policial. La Defensoría del Pueblo lo que está haciendo es establecer qué derechos individuales y colectivos se han violado, fundamentalmente, eso sustentado por pruebas, documentos y testimonios de los que arranca todo lo que estamos afirmando", aseveró Villena.
Finalizó señalando que una vez concluido el Informe del Defensor, será el Fiscal General del Estado quien tendrá que tipificar los posibles delitos "ampliar y profundizar la investigación y luego tiene que tipificar si se han cometido en el orden penal o qué delitos, por ejemplo, para que haya un proceso administrativo a qué autoridades o civiles ese es un asunto de los operadores de justicia".

miércoles, 23 de noviembre de 2011

"no fuí rehén. me obligaron a caminar para romper cerco" esto dijo Choquehuanca. de modo que la acusación de secuestro no va. debe ser desechada en contra de los TIPNISTAS.

Las declaraciones del canciller David Choquehuanca ante la Fiscalía, en sentido de que no fue “secuestrado” por los indígenas el sábado 24 de septiembre en Yucumo, han echado por tierra toda la argumentación del exministro de Gobierno Sacha Llorenti para explicar las razones de la intervención a los marchistas indígenas y le han quitado toda base a su posición.

Choquehuanca explicó lo que había sucedido. Las mujeres indígenas lo rodearon para usarlo como ariete para romper un cerco que colonizadores afines al Gobierno tendieron sobre los indígenas, a quienes se les negaba el acceso a unas fuentes de agua próximas, mientras que un bloqueo en el puente San Lorenzo, de Yucumo, era el filtro que impedía el paso de alimentos y vituallas para los movilizados.
Al margen de consideraciones de orden ético y moral, tales como la imposibilidad de privar, incluso en caso de guerra, del agua, los medicamentos y los alimentos al enemigo, queda claro que el Canciller nunca fue secuestrado ni sufrió maltratos físicos.
No cabe pues afirmar que la acción policial fue ordenada, sea por quien fuere, para evitar que otra autoridad sea secuestrada. Tampoco resulta evidente, como en su momento informaron los medios gubernamentales, que los indígenas atacaban a los uniformados, porque cuando se produjo la intervención, los marchistas se aprestaban a preparar la cena del domingo 25 y la mayoría estaba en sus carpas.
Las declaraciones del general Óscar Muñoz, el oficial policial de mayor graduación en el lugar de los hechos, y las afirmaciones del exviceministro de Régimen Interior Marcos Farfán han dejado en claro que la orden de reprimir salió de alguna autoridad nacional.
Independientemente de quien haya tomado la decisión, la responsabilidad recae en este caso sobre la máxima autoridad ejecutiva del sector, o sea el Ministro de Gobierno.
Y éste ha perdido el principal argumento que sustentaba su posición.
Cabe esperar que las autoridades de la Fiscalía que investigan los hechos convoquen, lo antes posible, a Llorenti para que explique el grado de su intervención en esa acción policial que fue duramente criticada en su momento.
Además, la posición del Canciller ha dejado en posición absolutamente incómoda, por no decir ridícula, a la ministra Nilda Copa y al viceministro Nelson Cox, quienes se querellaron contra los indígenas por haber “secuestrado” a David Choquehuanca.
Si la presunta víctima asegura que no fue objeto de delito alguno, lo que corresponde es que la investigación solicitada por ambas autoridades de Justicia sea archivada, sin perjuicio de que los supuestos sindicados abran una acción recriminatoria por falsa acusación.

miércoles, 16 de noviembre de 2011

Mario Curi para El Día trabajó en la crónica siguiente que muestra la indignación de los indígenas por la conducta divisionista e hipócrita de Evo alentando a los invasores del TIPNIS.

El sobrevuelo del presidente Evo Morales al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) fue considerado "ilegal" y "abusivo"  por Fernando Vargas, presidente de la Subcentral Tipnis.
Vargas criticó la decisión del mandatario de visitar el lugar, ya que no fue consensuada con los interesados.
"Cómo es posible que vaya a ser campaña y adular a los invasores de nuestro territorio, cuando la inspección debió hacerla una comisión mixta para expulsar a los ilegales", afirmó Vargas.
Aseguró que mientras no se apruebe el reglamento de la ley corta, cualquier acción del Ejecutivo nacional es nula, como el caso del retiro de las licencias ambientales de las empresas que se encuentran en esa reserva biológica.

Otra vez la carretera. Después de que el jefe de Estado sobrevoló el Tipnis, volvió a Chimoré para afirmar que la gente del lugar le pidió carretera.
El dignatario aseguró que el Gobierno cumplirá la "intangibilidad" del Isiboro Sécure, pero reiteró sus críticas a las acciones de los dirigentes indígenas que estarían frenando el desarrollo, además del acceso a salud y educación de los habitantes de la reserva.
Morales visitó cinco comunidades donde sus habitantes se comprometieron a denunciar avasallamientos más allá de la línea demarcatoria del área protegida.
Afirmó que solo vio un campamento con tractores cerca de la comunidad de San Antonio.
Lamentó la ausencia de los dirigentes indígenas Adolfo Chávez, Fernando Vargas, Mirian Yubanore y el diputado Pedro Nuni.

Cidob prepara Asamblea Nacional. Por otro lado, desde el sábado 19 al lunes 21 de noviembre, la Confederación Indígena de Bolivia (Cidob) realizará una Asamblea Nacional en sus oficinas centrales con las 12 regionales.
La finalidad de esta reunión, será definir las estrategias de movilización en caso de que el Gobierno incumpla su compromiso.
Critican demora del reglamento
El dirigente Chimán, Alejandro Cayuba, dijo que hay preocupación en la demora del reglamento de la ley 180 o ley del tipnis.
Los vaivenes del presidente
QUEJA DEL CONFLICTO EN CUMBRE. El 30 de octubre acusó a los medios de comunicación, ONGs y a los opositores de no querer la integración de las regiones, pidiendo la paralización de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos.
INSTA A COCALEROS PELEAR POR LA VÍA. El 10 de noviembre, Morales incitó a los cocaleros a que luchen por la carretera. Asimismo,  dijo que fue engañado por la marcha indígena que recorrió 600 km desde Trinidad a La Paz.
SUSPENDE ACTIVIDADES EN EL TIPNIS. El 11 de noviembre, el jefe de Estado suspendió la licencia de funcionamiento de la única empresa de turismo que opera en el Tipnis, la Untamed Angling, porque supuestamente incumplió las normas.
SOBREVUELO. La dirigencia indígena cuestionó la inspección del primer mandatario al  territorio del Parque Isiboro Sécure, ya que no consultó ese viaje y tampoco esperó la aprobación del reglamento de la ley corta que prohíbe la vía Cochabamba - Beni.

PUNTO DE VISTA
Humberto Vacaflor
Analista Político 
Morales demostró ser el presidente de la República independiente del Chapare'

"Desde la promulgación de la Ley del Tipnis, el presidente Evo Morales con su comportamiento está demostrando que es el presidente de la República Independiente del Chapare.
Haciendo caso al desconocimiento de los cocaleros, a esa normativa que prohíbe la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que pretendía atravesar  el corazón del Parque  Nacional Isiboro Sécure.
EL Chapare obligó al jefe de Estado a revisar esa ley y está decidido a vengarse de los indígenas de tierras bajas con el tema de intangibilidad.
Morales está convertido en jefe  y ejecutor de las políticas del Chapare, ya que su gente no renunció a la idea de conquistar el Tipnis y convertirlo en el Chapare para los hijos de los actuales cocaleros del trópico cochabambino. Esa es la herencia que quiere dejar el mandatario a sus bases políticas".

domingo, 13 de noviembre de 2011

cuando los masistas en algún foro se atreven a decir que están transformando la economía, hay que remitirles al experto Carlos Miranda que muestra el fracaso de 13 de las 14 empresas evistas

La industria petrolera atribuye a Nelson Rockefeller dos célebres respuestas. Cuando alguien le preguntó cuál era la compañía más rentable que conocía, contestó sin titubear: “Una compañía petrolera bien manejada”. Inmediatamente se le inquirió cuál sería la segunda, a lo cual también contestó rápidamente: “Una compañía petrolera mal manejada”.
Ha pasado mucho tiempo pero parece que las respuestas siguen correctas. Así tenemos que Exxon Oil Co. (antes ESSO), una empresa iniciada por Rockefeller, es desde hace años la compañía más rentable del mundo.
Las empresas altamente rentables forman una especie de galaxia en la cual participan empresas petroleras como Total, British Petroleum, Repsol, inclusive Gazprom de Rusia y la Compañía Nacional del Petróleo de China (CNPC). En este grupo también está Petrobras, la única latinoamericana.
A este círculo de privilegio se llega como resultado de un manejo empresarial de excelencia, dimensiones de las operaciones y muestras de sentido de oportunidad.
Así tenemos Repsol. Ante el naufragio político de la exportación de gas boliviano como LNG, rápidamente se incorporó al proyecto peruano de LNG. Ahora es la comercializadora exclusiva del LNG peruano, cuando los precios han retomado sus altos niveles previos a la crisis económica financiera.
El segundo grupo de empresas petroleras rentables pero mal manejadas es numeroso. Casi todas ellas tienen fuertes ingresos en algún rubro, que permiten enmascarar o disimular errores mayúsculos en su conducción. En esa categoría está nuestro YPFB Corporación.
El tema de la eficiencia de las empresas estatales ha tomado actualidad. Un estudio del señor Iván Arias, titulado “El estado de las empresas del Estado”, informa sobre 14 emprendimientos industriales creados por el Gobierno con la denominación de “empresas estratégicas”. En gran resumen, el estudio muestra que de las 14 tan sólo una genera utilidades.
En el mencionado estudio están ausentes tres del sector hidrocarburos. Una para elaborar con paneles de PVC casas prefabricadas (Petrocasas), otra para fabricar tuberías y accesorios de plástico para instalaciones domiciliarias de gas natural y otra para la fabricación de tapones de garrafas de GLP. Todas ellas fueron lanzadas como los primeros pasos a la industrialización del gas.
Los tres proyectos fueron formulados e iniciados por YPFB Corporación e incorporados al Plan de Inversiones 2009-2015, con un costo de 87 millones de dólares. Con el advenimiento de la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), los proyectos fueron traspasados a esa empresa.
Actualmente la industrialización del gas nuevamente está en manos de YPFB. En este ir y venir institucional de la industrialización, parece que las tres empresas pioneras han desaparecido sin mayores explicaciones.
Cuánto realmente se ha gastado en estos proyectos descabellados, será otro de los misterios que el país heredará de este periodo de cambio. La única explicación que se dio a conocer sobre el abandono del proyecto Petrocasas es una tardía información que da cuenta de que esas casas prefabricadas con PVC son cancerígenas. Terrible explicación y peligrosa acusación al uso del policloruro de vinilo (PVC), uno de los plásticos más utilizados no sólo en la industria de la construcción, como lo es en Venezuela y otros países de la ALBA.
Además, al proyecto Petrocasas le faltó el sentido de oportunidad. Si hubieran presentado más casas prefabricadas a las personas que quedaron sin viviendas con los grandes deslizamientos de La Paz, hubieran ganado una aprobación general, evitando la humillación de vivir en carpas. Ahora el proyecto Petrocasas pasará al olvido, otras unidades similares tomaron su lugar.
Los proyectos ya no existen después de haber gastado decenas de millones de dólares. Como este caso se tienen muchos otros en YPFB Corporación, al extremo que la empresa pierde en la administración de sus propias estaciones de servicio. La apreciación de Rockefeller, de que una empresa petrolera mal manejada puede ser rentable, se ajusta a medida al manejo de YPFB Corporación.

El autor es ingeniero petrolero

sábado, 12 de noviembre de 2011

se trata de una revancha, una venganza de Evo que ha sido derrotado por el TIPNIS. la orden de militarizar la región tendría el fin de mostar el poder de Evok para evitar el desarrollo de la región, y en su caso para reprimir nuevas movilizaciones ante el acoso oficial. El Deber

El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, declaró hace poco que el Gobierno considera necesario militarizar el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), cuya población nativa cobró inusitada notoriedad nacional con su marcha a La Paz, oponiéndose a que un tramo de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos partiera en dos el corazón de su glauco hábitat natural.
El proyecto fue respaldado enseguida por la viceministra de Medio Ambiente. En términos bastante genéricos  ambos altos funcionarios precisaron que el fin de la militarización es contar con un sistema de control compartido entre el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), las comunidades indígenas y los militares, a fin de que haya presencia gubernamental en ese parque natural.
¿Nada más que eso?  Si así fuese, no correspondería hacer objeción alguna al emprendimiento, pero el caso es que algunos hechos  no hacen sino sembrar dudas respecto a los objetivos reales del emprendimiento que se anuncia. 
Se  tiene, en primer lugar, el inocultable resentimiento que en el jefe de Estado dejaron  los indígenas defensores del Tipnis. En varias de sus últimas declaraciones sobre el tema salió a relucir aquel  mal talante presidencial.  Es que parece que a los del parque, Evo Morales Ayma  no les perdona ni les perdonará la derrota que le infligieron los corajudos e irreductibles marchistas ni la pérdida en imagen que le causaron  en la comunidad internacional. Esta es la posible causa de los recurrentes lamentos del primer mandatario porque el epílogo  del crítico episodio fuese la suspensión de los trabajos de construcción del tramo carretero que debía atravesar  el Tipnis. 
Un  segundo punto a considerar es el hecho de que el problema no haya sido resuelto del todo.  Queda por encarar un asunto en el que parece que no coinciden ni coincidirán los indígenas del Isiboro Sécure y el Gobierno.  Se trata del reglamento de la denominada Ley Corta con la cual se apagó transitoriamente el incendio, pero dejando brasas que  pueden avivar las llamas en cualquier momento, como esas relativas a la interpretación  del término ‘intangible’ en el marco reglamentario. Aplicado este vocablo al Tipnis, en términos de total rigurosidad, se condenaría  a los indígenas del Isiboro Sécure a vivir contemplando la espesura, las aves,  peces y otras especies sin posibilidad alguna de  explotar sus propios recursos naturales.  Parece que esta perspectiva les espanta, tanto que, según ciertos pronósticos, a corto plazo, podrían ofrecer imagen de avispero revuelto, otra vez, contra el Gobierno.
No faltan quienes creen que la anunciada ‘militarización’ se reduce a un esquema de  preservación del orden en el Tipnis.  Si  los indígenas vuelven a las suyas porque en la cuestión reglamentaria de la Ley Corta no se entienden con el Gobierno, pues las tropas se encargarían de ponerlos en su lugar…
Es de esperar que las cosas no se planteen de tal modo y que el objetivo real sea el que han anticipado los altos funcionarios gubernamentales ya mencionados.  En todo caso, muy pronto tendremos más datos para  un juicio definitivo sobre el inquietante tema.

jueves, 10 de noviembre de 2011

increíble "me han obligado" como si le hubiesen apuntado a las sienes. Evo se victimiza y desconoce su propia firma. inaudito. está obligando a otra marcha, porque un millón de paceños no son poca cosa.

El presidente Evo Morales dijo que indígenas de la amazonia oriental boliviana le obligaron a firmar una ley que declara "intangible" un parque natural por el cual pretendía construir una carretera.Miles de indígenas del Territorio Indígena Parque Nacional del Isiboro Sécure (TIPNIS) marcharon más de 400 kilómetros (en realidad marcharon 600 kilómetros) hasta La Paz para protestar contra la construcción de una carretera proyectada a atravesar esa reserva natural y consiguieron que Morales anunciara en septiembre la cancelación de la obra.


 La marcha duró 62 días.Vean lo que dice Evo, qué iniquidad. "Usando algunos niños, usando a algunas hermanas, hasta hermanas embarazadas, crearon un sentimiento profundo (en la opinión pública) y me han obligado, con la marcha, a rechazar la consulta" popular sobre la carretera, dijo Morales en un acto de homenaje al Grito Libertario del líder indígena Pedro Ignacio Muiba.


DIGA LA VERDAD PRESIDENTE. EL SENTIMIENTO PROFUNDO NACE DE LA REPRESION A NINOS, MADRES Y ANCIANOS QUE USTED ORDENÓ Y QUE EL MUNDO ENTERO CONTEMPLÓ INDIGNADO. Y EL SENTIMIENTO NACIÓ DE LA JUSTICIA DE LA CAUSA DE LOS INDÍGENAS QUE LUCHAN POR EL MEDIOAMBIENTE.


Los manifestantes soportaron represión policial en su determinación por llevar hasta la capital del país la protesta y en el camino se agenciaron del apoyo de la población, lo cual orilló al gobierno a cancelar el proyecto y a que Morales declarara el parque como patrimonio intangible. El canciller David Choquehuanca, admitió que el gobierno de Morales "posiblemente todavía no ha entendido" la posición de algunos de los pueblos aborígenes del país.El dirigente de los indígenas amazónicos del TIPNIS, Fernando Vargas dijo que el presidente tenía preferencias en las atenciones de las demandas de los distintos sectores y que esperaban un trato "igualitario".Choquehuanca explicó que tienen la intención de darse "espacios, tiempos para abordar todos estos temas, posiblemente el grito del jaguar de la selva verde (los indígenas de la amazonia) quería un encuentro con el cóndor del altiplano (indígenas de los Andes), hay muchos temas que tenemos que seguir abordando".

martes, 8 de noviembre de 2011

Oscar Muñoz Colodro está detenido acusado de haber participado en la violenta arremetida contra los marchistas el 25 de septiembre. es un chivo expiatorio? pagará por Evo?

El fiscal Marco Antonio Vargas ordenó hoy la aprehensión del exsubcomandante de la Policía Boliviana, general Óscar Muñoz, por su participación en la violenta intervención a la columna de los marchistas en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

El exjefe policial fue aprehendido “por su participación en los sucesos del 25 de septiembre”, dijo brevemente el fiscal Vargas en un contacto con los periodistas, tras tomar sus declaraciones por más de dos horas en el Ministerio Público de La Paz.

La exautoridad de la institución del orden está acusada por el delito de genocidio, vejación, agresión y otros, al igual que otros sindicados de este hecho, que dejó decenas de marchistas heridos y violentamente capturados.

El general Muñoz se encuentra la momento en calidad de aprehendido en celdas policiales y se espera que las próximas horas será sometido a una audiencia de medidas cautelares, tras la respectiva imputación del Ministerio Público. (El texto aparece en ERBOL digital)

lunes, 7 de noviembre de 2011

especializado en crear zozobra el MAS anuncia base militar en el TIPNIS. para qué, porqué, cómo es posible? surjen preguntas y los indígenas rechazan. somos un pueblo pacífico!

Los efectivos de las Fuerzas Armadas (FFAA) resguardarán el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en cumplimiento de la Ley Corta que prohíbe la construcción de carreteras por esa área protegida, promulgada el 24 de octubre pasado, la cual establece el término de intangibilidad que debe ser reglamentado entre dirigentes indígenas y gobierno, según informó el ministro de Defensa, Rubén Saavedra.
Ante la insistencia de los periodistas para conocer la existe de un plan para instalar puestos militares en el TIPNIS y de esa forma hacer prevalecer lo establecido en la Ley Corta, el titular de Defensa dijo que una estrategia específica no existe: "Lo que si existe es el mandato constitucional hacia las fuerzas militares en cualquier parte del país se puede construir un puesto militar".
"La Constitución Política del Estado establece que las Fuerzas Armadas tienen un rol de seguridad y defensa del Estado, para ello se crean puestos militares en distintos lugares del territorio y por supuesto el Parque Nacional Isiboro Sécure no tiene por qué ser la excepción… Es parte de la labor de las Fuerzas Armadas realizar esa actividad de seguridad y defensa en todo el territorio del país", dijo Saavedra a los periodistas en el acto de celebración de 185 años de creación de la Armada Boliviana.
Este lunes se tiene previsto que el gobierno presente las observaciones a la propuesta de reglamento para definir los alcances de la intangibilidad propuesto por los indígenas marcharon 66 días en defensa del TIPNIS desde Trinidad hasta la sede de gobierno, a pesar de la violenta represión ejecutada contra los marchistas el 25 de septiembre en Yucumo.
Desde la promulgación de la Ley Corta varios fueron los intentos de los indígenas y el Gobierno para definir un sólo documento que reglamente el término intangible en el TIPNIS, donde el ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, reveló la existencia de empresas madereras, turísticas y de cría de lagartos para su exportación, lo cual causó división entre los pobladores originarios del Parque Nacional Isiboro Sécure.
El presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni, Pedro Vare, informó que el Comité Político de la marcha del TIPNIS planteó que la redacción de la Ley Corta incluya los términos de preservación, conservación y aprovechamiento de ese territorio amazónico.
Por su parte, el ministro de Comunicación, Iván Canelas, informó que se analiza la propuesta de los indígenas y que este lunes se dará a conocer las observaciones y sugerencias del Gobierno en cuanto al documento final que puede ser firmado este mismo día si es que existe consenso.(ANF)

jueves, 3 de noviembre de 2011

Carla Paz de El Deber destaca que apenas "las bartolinas" incondicionalmente del originario, apoyan el nuevo gasolinazo. el resto de sectores masistas está en contra

El posible aumento en el precio de los combustible desnuda una vez más las fuertes divisiones entre los sectores sociales afines al Gobierno. Esto, luego de que el presidente del Estado, Evo Morales, anunciara que los convocará, a fin de año, para analizar un posible reajuste, conocido en la memoria popular como ‘gasolinazo’.

Los mineros, campesinos y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (Conamaq), gremios que siempre apoyaron al oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), fueron los primeros en rechazar la medida. Mientras los trabajadores y cocaleros fueron más cautelosos y están analizando el anuncio, solo la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa está de acuerdo.
Rafael Quispe, dirigente del Conamaq, aseguró que como sector no permitirán el incremento de los carburantes o la nivelación, o como quiera llamarlo el Gobierno, porque considera que existen varios mecanismos para seguir con esta política.

“En los seis años y medio, este Gobierno solo ha hecho política y no invirtió en las plantas separadoras de gas, diésel y de gasolina, pero además está exportando gas a Brasil con todos sus elementos”, manifestó Quispe.

El presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de Potosí, Richard Alave, adelantó que no apoyarán un aumento del precio de los combustibles, porque incide en el valor de otros productos, en especial los alimentos. “Sé que debemos analizar con las cooperativas para ver qué posición asumir sobre este tema, pero no creo que estemos de acuerdo”, afirmó.

El representante de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (no afín al Gobierno), Rufo Calle, dijo que es una propuesta desatinada porque va en contra de las familias de escasos recursos. “Es un error del Gobierno anunciar una discusión sobre este tema porque los artículos de primera necesidad subirán de precio. No tienen la capacidad de resolver los temas económicos y por ello recurren al bolsillo del pueblo”, señaló.

En un tono más conciliador, Nicanor Baltasar, secretario de Empleos de la Central Obrera Boliviana, dijo que es un tema muy delicado que se debe analizar con mucho cuidado. “Somos conscientes de que es necesario suspender el subsidio, pero se debe analizar porque afectará al pueblo”, precisó.
En la misma línea, la vicepresidenta de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Juana Ancieta, que aglutina a los productores de hoja de coca, sostuvo que hasta el momento no tienen información sobre el tema, pero que acudirá a la convocatoria del Presidente.
Mientras Julia Ramos, dirigente de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, indicó que los propietarios de vehículos tienen que pagar lo que cuesta la gasolina si quieren andar en sus motorizados. “La forma en que se aplique se definirá en el ampliado que se realizará el 18 y 19 de este mes en Sucre”.
Por su parte, el senador del MAS, David Sánchez, agregó que todos los bolivianos pueden debatir hasta fines de este año la nueva agenda económica. “Surge esta necesidad de analizar con todos los sectores y las instituciones la posibilidad de dejar de subvencionar los hidrocarburos”.
Propiciar un diálogo es una hábil estrategia  Carlos Cordero | Analista políticoLa idea de propiciar un diálogo es una hábil estrategia del Gobierno, porque a través de los medios estatales mostrará al país que tiene apoyo para aumentar el precio de los combustibles. Se crearía un respaldo ficticio a la decisión gubernamental, porque son sindicatos afines al Poder Ejecutivo.
Es evidente que va a generar rechazo, porque los salarios nunca estarán al nivel para responder al incremento en los precios de los productos de la canasta familiar.
Entonces, me da la impresión de que el aumento será diferenciado; es decir, que los vehículos privados pagarán más que los de transporte público.  Da la impresión de que las clases medias, que no se movilizarían, aceptarían la medida, pero tendrán el apoyo del transporte, por lo que conseguirán reducir el déficit fiscal, que ahora tanto les preocupa, a costo de la popularidad del Presidente.
  Situación  
- Decisión. El 26 de diciembre del año pasado, el Gobierno aprobó una nivelación de precios de combustibles, 73% en la gasolina y 80% para el diésel, lo que encendió, a la par de protestas y descontento populares, una escalada de precios.

- Subsidio. Este año, para la subvención a los combustiblesse destinarán más de $us 600 millones y para 2012 ese presupuesto escalará a $us 700 millones, según el Gobierno.

- Pérdida. De acuerdo a estimaciones de la Fundación Milenio, por cada dólar de disminución en el precio internacional del petróleo, Bolivia deja de recibir por ingresos fiscales por hidrocarburos $us 45 millones.

- Costo fiscal. La subvención al diésel este año será de $us 242 millones, $us 107 milones más que en 2007, cuando fue $us 135 millones.

miércoles, 2 de noviembre de 2011

no basta decir "no se trata de un gasolinazo", el pueblo tiene su propia y directa manera de entender las cosas. sabe que se trata de un alza de la gasolina y el gas. ha parado las orejas y ha renacido la inquietud.

El anuncio de revisión de los precios de los carburantes despierta gran susceptibilidad en la población. Las heridas del derogado Decreto 748, con su estela de alza de precios de los alimentos, aún no han sanado. 

El anuncio presidencial para convocar a una cumbre social en diciembre a fin de discutir la reducción gradual de la subvención a los carburantes ha desatado nerviosismo y preocupación. La aclaración del Primer Mandatario, que tal revisión no significa un "gasolinazo", sino la nivelación de precios de los combustibles al mercado internacional, no fue suficiente para tranquilizar a la población.

Las estaciones de gasolina, con mayor demanda en vísperas del feriado, estaban aún más llenas ayer.

Y es que tocar el tema del precio de los carburantes es muy sensible, porque aún se vive los efectos del gasolinazo del 26 de diciembre de 2010, cuando el Gobierno emitió el Decreto Supremo 748 mediante el cual suspendía la subvención para la gasolina y el diésel, originando así un incremento de 57 por ciento a 82 por ciento en el precio de estos combustibles. El denominado gasolinazo de 2010 ocasionó una crisis en la economía nacional y protestas sociales que determinaron la anulación del decreto el 31 de diciembre de ese año. Si bien el precio de la gasolina y del diésel regresó a su anterior nivel, algunos productos de la canasta familiar quedaron con precios elevados. El incremento salarial dispuesto para este año no compensó el alza del costo de vida. 

El presidente Evo Morales dijo, ayer, que el “mal llamado gasolinazo" de diciembre de 2010 para algunos fue un acierto, porque la subvención hace mucho daño a la economía nacional. Se refirió también a una encuesta en la que el 50 por ciento de la gente “apoyaba una nivelación del precio de los combustibles". 

Este año la subvención de la gasolina y diésel superará los 600 millones de dólares, mientras que para la gestión 2012, la subvención demandará más de 700 millones de dólares del Tesoro General del Estado, lo que causará déficit fiscal. El 2010 la subvención fue de 380 millones de dólares.

El Presidente atribuyó la responsabilidad de la subvención a los anteriores gobiernos y denunció que el bajo precio del carburante en Bolivia fomenta su contrabando a países vecinos.

El problema es recurrente. Este año ya se deberían haber adoptado medidas para el cambio de la matriz energética, con el fin de ir disminuyendo la dependencia de los derivados del petróleo, más aún cuando Bolivia no produce lo que necesita.

El proceso de sustitución de diésel y gasolina por gas natural vehicular va muy lento. 

En contraste con el interés de gastar menos en la importación de carburantes, la nacionalización de vehículos indocumentados permitió el ingreso de más de cien mil unidades de motorizados particulares que elevan el consumo de carburantes y, por tanto, la subvención.

La nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tampoco ha logrado, ni prevé a corto plazo, alcanzar la soberanía energética. El problema está en la estructura de la industria y en la política hidrocarburífera que no logra atender las necesidades del país. Los escasos campos petroleros han bajado su producción porque ya están en proceso de agotamiento. Las inversiones son insuficientes para encontrar nuevos campos hidrocarburíferos. La producción de gas natural responde más a cumplir con los compromisos de exportación que a atender al mercado local. A este panorama se suma la necesidad de reponer las reservas de gas que se descubrieron hace diez años, pues se prevé que a partir del 2015 y 2016, la curva de producción caerá muy rápidamente.

Es de esperar que el Gobierno recoja las sugerencias de la cumbre social y comience a buscar soluciones de fondo a un problema que requiere urgente atención.