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jueves, 26 de mayo de 2016

presagio de El Deber. de continuar las cosas como ahora, Bolivia tendrá que importar gas natural para su consumo interno a precios altos, muy altos. muy interesante conocer los detalles de la situación actual, los incentivos para fomentar la producción no son tan favorables como los de Argentina en favor de sus consumidores. atentos:

El Gobierno argentino acaba de crear nuevos incentivos para las empresas que descubran yacimientos de gas, comenzando por fijar un precio interno de $us 7,50 por millón de BTU que regirá hasta diciembre de 2018. Se trata de una tentación muy grande, porque esa cifra supera incluso el precio del gas natural licuado que recibe Argentina a través de Chile, que es de $us 6,90 por esa misma unidad.

El gas que recibe Argentina en los puertos de Bahía Blanca y Escobar, donde están instalados barcos con equipos regasificadores, le cuesta en este momento $us 4,50. Aquí se observa que Chile, al ser país de paso del gas que llega desde el Pacífico hasta Argentina, se queda con un margen de utilidad, seguramente por el uso de sus plantas de regasificación. Por el momento, el precio que Argentina paga por el gas boliviano es de $us 3,02, que es el más conveniente para ese país, pero que tiene el problema de que se trata de una oferta limitada.

Como enseñanza, esta situación de Argentina es muy clara: los países que consumen gas natural lo deben obtener de cualquier proveedor, incluso en precios muy altos, como el gas que, en este caso, llega a los puertos chilenos de Mejillones y Quintero. 

Argentina se ve en la necesidad insoslayable de importar gas natural diez años después de haber dejado de exportarlo hacia Chile, en un proyecto para el que se llegaron a construir siete gasoductos, de los cuales ahora solo dos están en uso, aunque para transportar el gas en sentido contrario.

Dios no quiera que Bolivia tenga, en algún momento, que comprar gas del exterior, porque en ese momento deberá pagar los precios que piden los proveedores, salvo que se opte por paralizar el país dejando de hacer esas importaciones. 

Los incentivos que ha creado el Gobierno boliviano para las empresas petroleras que hagan exploración no son tan contundentes como los que ha creado el Gobierno de Mauricio Macri en Argentina.

La política petrolera boliviana tiene que ser manejada con inteligencia para evitar que en algún momento el país deba importar gas natural, ahora que el consumo se ha extendido, tanto en el caso del uso industrial, el GNV como en el del gas domiciliario. Los incentivos a las inversiones tendrían que ser muy tentadores, como es el caso de la Argentina de Mauricio Macri.

sábado, 7 de mayo de 2016

de ser ciertas las cifras de Vacaflor, que no tienen porqué no serlas "la suerte del Presidente Saliente" está echada tras el fracaso en la exportación de gas a la Argentina, resulta que exporta menos de lo pactado. tiene que pagar una multa del 15% del valor de la transacción y otras sanciones en detrimento de las finanzas, de esto no informan las fuentes oficiales, los datos llegan del exterior. escándalo energético y fracaso de "la nacionalización" masista.

Desde el exterior nos llega a los bolivianos la noticia de que las exportaciones de gas natural a Argentina han caído y que ese país se ha visto obligado a llegar a acuerdos con Chile para comprar gas a un precio más alto.

Dicen esas informaciones que se han publicado en Buenos Aires y en otras capitales de Sudamérica que, según el contrato, Bolivia debería estar enviando en este momento 19 millones m3/d de gas a argentina pero que sólo envñia 16 millones.

Como no entran en detalles, esas informaciones no dicen que, debido a esta situación, Bolivia debe pagar a Argentina el valor del gas que no está enviando.

En esa letra chica están contenidos los peores problemas, porque Bolivia deberá pagar a Argentina con la tarifa interncional, de US$ 10,4/millón de BTU, y no con el precio bilatral vigente ahora, de US$ 3,80. Y la letra chica ordena que Bolivia pague, además, una multa de 15% del valor del volumen no enviado.

Una situación similar se presenta con Brasil. Se está enviando volúmenes menores de gas, pero la tormenta política de ese país hace que la noticia no alcance los ribetes que merecería.

Pero el gobierno boliviano tiene ahora la obligación de informar al país por qué nose está enviando a los países vecinos los volúmenes de gas comprometidos. Con el detalle del monto que deberá pagar por las sanciones que tienen el nombre de “deliver or pay”.

El escándalo desatado a raíz de aventuras amorosas del presidente Evo Morales está ofreciendo informes sobre la corrupción oficial a borbotones, pero de manera desordenada.

Lo que corresponde es que alguien, preferiblemente el Contralor, diga cuánto dinero del Estado boliviano ha sido mal manejado por el gobierno del presidente Morales, partida por partida, rubro por rubro. Que se señale a los responsables, además del principal, y que se informe sobre las acciones judiciales que se están siguiendo para recuperar esas fabulosas fortunas que podían haber sido utilizadas para salud, educación, discapacitados, etcétera.

El periodismo está cumpliendo ahora su función de fiscailiación. Y lo está haciendo muy bien. No pasa un día que no se conozcan detalles de nuevos hechos escandalosos.

Esa es la fiscalización periodística. Falta que las instituciones del Estado, creadas para ello, cumplan con su función y lleven a la cárcel a los responsables.

En Brasil está a punto de ser destituida la señora Dilma Rouseff por hechos de corrupción muy parecidos a los que descubren en Bolivia.
Si el presidente Morales debe ser sometido a juicio de responsabilidades, que se lo haga. Por el momento él vive, con angustia, su calidad de presidente saliente. Y no tiene esperanzas de que los bolivianos le autoricen a ser candidato en 2019, porque ya le dijeron que no.
Vacaflor.obolog.com

lunes, 2 de mayo de 2016

algo frustrado el profesor Francesco Zaratti, por carecer de información, seria, global de fuentes del Gobierno Masista, se extrana del uso ambiguo y hasta contradictorio de los datos oficiales sobre el tema nuclear por lo que su elaboración mental tiene que aceptar supuestos, por el momento al menos.

Confieso que me hubiese gustado comentar la política nuclear boliviana, pero debo circunscribirme a declaraciones públicas, incluso ambiguas y contradictorias, de las autoridades del Estado.
De hecho, dada la absoluta falta de debate y transparencia acerca del llamado “programa nuclear” de Bolivia, podríamos concluir o que tal “programa” o no existe o, si existe, está rodeado de un manto de secretismo que no condice con su carácter pacífico reiteradamente reclamado por el Gobierno.
En especial, sorprende el silencio de las instituciones académicas (las contadas intervenciones son a título personal) y de los colegios profesionales relacionados (de científicos, médicos, geólogos e ingenieros). Lo único que medianamente se asemeja a un debate se vio en ocasión del ridículo fiasco protagonizado por el Ministerio del Gobierno en torno a la tonelada de “uranio” descubierta hace dos años en La Paz[1].
Un programa nuclear, en cualquier parte del mundo, implica cinco elementos: personal calificado, recursos financieros, tecnología, tiempo de maduración y transparencia y seguridad certificada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en cooperación con la agencia nacional responsable del programa.
Además, el hermetismo oficial no condice con el consenso generalizado que existe en torno a la urgencia de ampliar y mejorar el uso de la tecnología nuclear en Bolivia para fines médicos, industriales y de investigación. Un primer paso es dotar a los hospitales del país de tomógrafos PET para diagnosticar con gran precisión tumores y de aceleradores lineales para el tratamiento localizado de esas enfermedades. Ecuador, sin tener plantas, desde hace años ha emprendido el desarrollo de la medicina nuclear. Como otro ejemplo puedo mencionar la producción y certificación de material radiactivo utilizado en la medicina nuclear y en la industria de alimentos. Para eso la formación de recursos humanos y la investigación son imprescindibles, máxime cuando no existe en el país siquiera un curso de licenciatura en Física Nuclear.
La resistencia al programa nuclear, a pesar de los consensos mencionados, se debe a la insistencia del Gobierno en hablar de “plantas de energía nuclear”, incluso dando montos de su costo y ubicaciones poco creíbles. Se trata de la generación de energía eléctrica a partir de procesos de fisión nuclear, una tecnología que se remonta a mediados del siglo XX y que aporta actualmente menos del 20% de la electricidad producida globalmente. En América latina sólo dos países (Argentina y Brasil) tienen esas plantas y su incidencia en las respectivas matrices energéticas no llega al 5%.
Si hubiera un debate abierto y franco, sin secretismos innecesarios, los promotores de esta idea deberían mostrar que sus razones van más allá de argumentos pueriles como “salir de la cueva” o, peor, “responder al chantaje” de los países que poseen esa tecnología[2], por ejemplo demostrando “de cara al pueblo” que una planta nuclear es necesaria, conveniente y posible.
¿Es necesaria? Bolivia tiene suficientes fuentes renovables y no renovables de energía para el suministro de energía eléctrica y hasta excedentes para exportar. Lo que falta son inversiones para desarrollar esas potenciales por culpa de políticas energéticas equivocadas. Además, si se pensara en exportar electricidad (¿a quiénes?), no habría ninguna ventaja comparativa con respecto a otras fuentes que generan electricidad con subsidio.
¿Es conveniente? Opino que no, por el costo elevado de las plantas debido a los siempre mayores requisitos de seguridad[3], las exigencias descomunales de agua para el proceso de enfriamiento del reactor[4] y los riesgos y costos que supone tener que manejar escorias radiactivas durante cientos de años o desmantelar una central nuclear. Sin contar que se ha mencionado como posible ubicación de la planta el altiplano paceño, una región que no se caracteriza precisamente por abundancia de agua. ¡Ni se les ocurra pensar en el lago Titicaca, cuyas aguas son binacionales!
Desde luego es posible instalar en Bolivia una planta nuclear, pero el factor tiempo es fundamental. Por ejemplo, no hay que confundir los indicios de minerales de uranio en el país con la obtención de combustible nuclear. Desafortunadamente el proceso de enriquecer uranio es más complejo que la transformación del litio del salar en litio metálico para baterías, proceso que lleva ya ocho infructuosos años. En todo caso, ¿para que insistir en plantas nucleares como si su instalación fuera inminente, cuando las prioridades de un programa nuclear serio y factible son otras?
Al actual Gobierno no le gusta debatir, sino sólo dar rollos e imponer. En cambio, si hubiera un debate abierto y franco sobre la política nuclear, estoy convencido que los consensos mencionados podrían ampliarse a que Bolivia llegue, en un horizonte de veinte años y con la debida preparación, a la meta de tener plantas nucleares, incluso con base en nuevas tecnologías actualmente en desarrollo.