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martes, 19 de septiembre de 2017

Hugo del Granado experto como es en materia de hidrocarburos acaba de senalar que cambió la norma para intentar recuperar "los costos" con que subvenciona a las "petroleras" 9 en total que existen en Bolivia. las petroleras han dicho que YPFB sale de las normas y "del estado de Derecho" por tanto según Del Granado, es un factor de desaliento a las inversiones que Bolivia está reclamando para explorar nuevos yacimientos del gas que se agota y que dejará a Bolivia sin ingresos relativamente a corto plazo.


Los polémicos costos recuperables


El pasado 9 de agosto, el Gobierno publicó el DS 3278 con una nueva reglamentación de los costos recuperables y la derogatoria de la reglamentación del año 2008. La nueva reglamentación establece bandas de precios para fijar techos a los costos e inversiones que demanden ser reembolsados por las empresas petroleras.

El concepto de costos recuperables (CR) está definido en los contratos vigentes desde mayo de 2007, como los “costos incurridos y reportados por el titular y aprobados por YPFB conforme al procedimiento financiero y contable”. El procedimiento figura como Anexo D de los contratos. Estos costos, una vez aprobados, deben ser reembolsados por YPFB a las empresas petroleras y, posteriormente, ser auditados.
De acuerdo con la modalidad establecida, las empresas petroleras son retribuidas por YPFB con una participación en las utilidades, que es variable para cada contrato y además con el reembolso de los costos (Opex) e inversiones (Capex), en que hayan incurrido. 

De acuerdo con la Ley 3740 de agosto de 2007, YPFB debía publicar semestralmente en su página web y por escrito, mediante comunicaciones oficiales, toda la información referida a los CR y al cálculo realizado para la participación de YPFB y de las empresas petroleras en las utilidades.

Hasta el año 2012, las publicaciones fueron irregulares y desde entonces a la fecha estos costos no se han publicado en la página web de YPFB, sino en informes de la Gerencia Nacional de Administración de Contratos (GNAC), cuando YPFB lo estima conveniente.

En el último informe de la GNAC, publicado el segundo semestre del año 2016, antes de la emisión del DS 3278, se tiene información de los CR auditados hasta el año 2012 y los costos de los años 2013 hasta junio de 2016, son solamente costos reportados. De acuerdo con este informe los CR entre los años 2007 y junio de 2016 llegan a la suma de 6.786.6 millones de dólares.

Es curioso que YPFB haya contratado únicamente a seis empresas de auditoría, y siempre las mismas, para las tareas de auditoría de los CR de las nueve empresas petroleras, durante los últimos ocho años. Por otro lado, es también extraño que, en el informe de la Gerencia de Administración de Contratos, la compañía Total no figure como contratista de YPFB, lo que implica que no tendría CR y tampoco integra la lista de empresas auditadas. Recuérdese que la francesa Total es titular del campo Incahuasi, que produce el 10% de todo el gas natural boliviano.

Los mayores costos de operación reembolsados han sido a las empresas Petrobras y Repsol, seguidas muy de cerca por Andina, con la diferencia de que Andina produce sólo el 9,6% de la producción nacional de gas y las otras dos el 68,5%. Andina tiene costos más elevados de administración y de materiales que Repsol, en una muestra clara de ineficiencia.

Los costos de personal y de administración de los Opex superan en cerca de 250 millones de dólares el costo de explotación, lo cual no es racional porque son desproporcionados. La suma de ambos costos llega al 50% de los costos Opex, lo cual es difícilmente justificable. El costo de personal es el 30% y el de administración del 20%. 

A pesar de todas las omisiones, inexactitudes y laxitud de los controles, gracias a la bonanza económica, el sistema de costos recuperables funcionó sin mayores sobresaltos.

Sin embargo, con la caída de los precios del petróleo, las petroleras en el mundo recortaron sus gastos y sus costos cayeron en proporciones próximas al 40%. En Bolivia estos costos se redujeron sólo marginalmente, así entre los años 2014 y 2015, estos costos apenas se redujeron en 0,86% y entre los años 2015 y el 2016, la reducción proyectada sería sólo del 6%. Si los costos eran muy altos, YPFB debía rechazarlos.

En su lugar, se ha determinado dar un plazo de 90 días a YPFB para que presente una propuesta de banda de precios que será aprobada por la ANH.

Si el Gobierno y YPFB hubieran efectuado un control más serio y riguroso de los costos recuperables desde el año 2007, y se hubiera preocupado de tener información actualizada de los parámetros con los que la industria petrolera trabaja en el mundo, no hubieran necesitado de este nuevo decreto, porque sencillamente YPFB siempre tuvo la facultad de revisar y rechazar los costos incurridos cuando las observaciones efectuadas no hubieran sido subsanadas por el titular del contrato.

El decreto mencionado es una muestra más de la precariedad e improvisación con la que se pretendió fiscalizar y controlar los costos recuperables de las petroleras y es también una mala señal a quienes tendrían interés de invertir en Bolivia, porque endurece la norma establecida en 2008. 

Por esta razón, la medida ha provocado la reacción de las contratistas que aducen falta de seguridad jurídica porque cambia las reglas del juego. Y tienen razón porque antes no tenían la limitación de bandas de precios.
 
El autor es ingeniero químico y petroquímico.

lunes, 18 de septiembre de 2017

si hasta dan ganas de llorar. cómo enganan Evo y Alva al pueblo. resulta que Bulo Bulo ha sido nada más una función teatral. no hay úrea, no hay producciión, no hay transporte (ni tren ni carretera) solo "mentiras", solo "embuste colectivo" porque la planta no está funcionando, por tanto tampoco produciendo, cuando lo haga beneficiará a los cocaleros...cero exportación.


Teatro en Bulo Bulo



miércoles, 13 de septiembre de 2017

Carlos Miranda regresa al foro con sus conocidos argumentos, hay menor producción de hidrocarburos, menor exportación y menores ingresos al Tesoro. lo peor de todo que la tendencia sigue así por tercer ano y las dificultades de orden interno hacen preveer que Bolivia tendrá que importar gasolina y aumentar las compras de diesel. los incentivos todavía no dan senales de haber movido a inversionistas que quisiera "ver en el subsuelo" si queda gas para explotar a largo plazo.


Época difícil


Columna
Nuestra petrolera estatal ha ingresado a una época difícil y está arrastrando consigo gran parte de nuestra economía. Las estadísticas muestran que en 2016 se ha producido menos hidrocarburos (gas y condensado) que en 2015 y que este año se producirá menos que en 2016. Para cumplir con todos los compromisos de abastecimiento de gas natural que tenemos, deberíamos producir 60 MMm3/d, volumen que ahora no podemos  producir.
En otras palabras, YPFB está tratando de cumplir con dificultad sus contratos, con la producción de campos en declinación que cada día producen menos, en un clima de precios bajos de petróleo y disminución de otras exportaciones del país.
Nuestra exportación de gas natural más grande es al Brasil, mediante un contrato “Take or Pay” y “Deliver or Pay” entre Petrobras (PB) y YPFB. A esta altura del contrato PB tiene la obligación de recibir por lo menos 26 MMm3/d y YPFB la obligación de poder entregar la misma cantidad. Si PB pide menos volúmenes, tendría que pagar por el “Take or Pay” como si hubiera recibido esa cantidad. Si YPFB no puede entregar por lo menos 26 MMm3/d también debe compensar al comprador por la diferencia.

Desde el pasado año se están realizando diariamente transacciones por debajo de esos volúmenes, esto podría implicar que PB está incurriendo diariamente en sanciones del Take or Pay o, a la inversa, YPFB.
La explicación que esa disminución se debe a que Brasil demanda menores volúmenes por tener una estación de lluvias abundante para sus presas hidroeléctricas, no es aceptable en el contenido de ese contrato.

Menores producciones de gas significan también menores volúmenes de condensado para ser refinado. Como está la situación, empezaremos a importar gasolinas y aumentar la importación de diésel. Ambos a precios internacionales cuyo efecto en nuestra balanza de pagos ya no es desdeñable con el crecimiento que ha tenido el mercado.
Exportaciones reducidas representan menores ingresos al TGN. En 2017 se recibirán $us 75 millones comparados con $us 304 millones que se recibieron en 2015.

Se ha empezado a tener problemas económicos internos muy serios. Tarija, el principal departamento productor de gas, está paralizando obras  programadas con los ingresos de exportación.

Lo que está sucediendo es el inicio de una época difícil que se había prevenido en repetidas ocasiones. El Gobierno es culpable de no haber aprovechado los grandes ingresos de los años de bonanza, para establecer nuevas líneas de exportación de otros productos y así liberarnos de las variaciones de precios en nuestras exportaciones tradicionales.

Pero los culpables mayores son los directivos de YPFB, que en 12 años de ejercicio absoluto del poder no han podido desarrollar una política efectiva de exploración.

La empresa menciona cifras millonarias invertidas en exploración y el contar con decenas de posibles futuros campos, pero hasta la fecha no ha descubierto uno solo importante. Además del daño efectivo, se proyecta la imagen que descubrir hidrocarburos en Bolivia es muy difícil y costoso.

Todo lo anterior parecería indicar que la exploración de hidrocarburos en el país  requiere ideas y técnicas nuevas, con la presencia de gente calificada con mayor experiencia.

Todo ello se puede lograr con la participación de otras compañías petroleras internacionales, lo que no ha sido posible hasta el presente.
Se está manejando la idea de llamar a una licitación internacional para asignar áreas de exploración. Si no se efectúan grandes cambios en la política petrolera actual, se está corriendo el riesgo de que no haya postores en la licitación internacional. Estos cambios podrían suceder cuando haya un nuevo Gobierno, cuya fecha no se puede predecir.

El tener mayor producción de hidrocarburos para exportar, es un problema urgente. Del portafolio de proyectos de exploración de YPFB, se ve claramente que la mayoría está fuera de la zona tradicional, por tanto, se puede pensar en llamar a una licitación internacional de áreas, como parece que el Gobierno está manejando, pero estableciendo una nueva legislación y sistema tributario tan solo aplicable a los campos fuera del área tradicional. Esa especie de paréntesis legal, ha sido utilizada por varios países para lograr mayor inversión.

Lo más reciente son las condiciones especiales que en el Brasil se dan para invertir en el PreSal. Hacer algo similar sería el inicio del fin de los días difíciles para la industria.


jueves, 7 de septiembre de 2017

la danza de los millones se podría subtitular el derroche extremo en que incurren Evo Alva cuando para salvar su "falsa nacionalización" recurren al expendio. nadie sabe cuántos miles de millones de dólares se pagó a las empresas petroleras.

LA FALSA NACIONALIZACIÓN


 En el fondo la nacionalización de la que Evo y el Phajppaku se jactan, ha dejado una amplia banda de beneficios para las petroleras. Estas empresas, cobran al Estado los costos de todas sus actividades, entre ellas gastos de representación, gastos corrientes, que incluyen altísimos sueldos a sus funcionarios, hoteles de lujo, viajes, etc.
MILLONÁRIOS REEMBOLSOS A TRANSNACIONALES PETROLERAS
Gracias a un documento al que accedió un medio de comunicación, los bolivianos nos enteramos de que el Estado debe reembolsar 3.250 millones de dólares a las petroleras, por concepto de "costos recuperables".


 Se trata de una cifra alarmante, que hasta hoy el gobierno la ha mantenido en secreto. De acuerdo a la investigación periodística de Página Siete, entre 2013 y junio de 2016, los costos recuperables que reportaron las empresas petroleras alcanzaron los 3.250,4 millones de dólares, de acuerdo con un informe de la Gerencia Nacional de Administración de Contratos de YPFB.


 Esta cifra millonaria, deja en muy mala situación al gobierno y sus discursos. En el fondo la nacionalización ha dejado una amplia banda de beneficios para las petroleras. Estas empresas, cobran al Estado los costos de todas sus actividades, entre ellas gastos de representación, gastos corrientes, que incluyen altísimos sueldos a sus funcionarios, hoteles de lujo, viajes, etc.


 La situación de DESPILFARRO de las empresas petroleras transnacionales que el propio gobierno se ha visto obligado a aprobar, hace unas pocas semanas, el Decreto Supremo 3278, que fija una banda de precios para los costos recuperables (Capex y Opex) de todas las empresas petroleras, incluyendo a YPFB y sus subsidiarias, que servirá para "corregir” el incremento indiscriminado que tuvieron los mismos.
Cabe mencionar que en estos miles de millones de dólares que las empresas transnacionales cobraron al gobierno como "costos recuperables" están los costos por exploración que hicieron, sin tener éxitos importantes. De tal manera que hoy YPFB, no puede cumplir correctamente con los contratos de venta de gas a Argentina y Brasil.
Estos millonarios montos que el gobierno les devolvió a las transnacionales petroleras, como "costos recuperables" los bolivianos no los conocemos integramente.


 Esos 3.250 millones de dolares son solo de 3 años, pero no se sabe a cuanto suma la cifra desde el año 2007 hasta hoy.


 Esta situación de VENTAJA, que el gobierno ha mantenido en SECRETO hasta hoy, con la que cuentan las empresas transnacionales, es una de las razones por las que hay un pacto de CONVIVENCIA y de MUTUA CONVENIENCIA entre el gobierno masista y las transnacionales petroleras.


 Ahora, gracias a esa investigación periodística, empieza a surgir esa información que deja en muy mala situación la posición del gobierno. Bajo el discurso nacionalista, se esconde una realidad TOLERANTE con las transnacionales, a las que se les entrego esos notables beneficios económicos.
Roger Carvajal

lunes, 4 de septiembre de 2017

se siente el hambre, aunque "sus conmilotones de Cuba, Bolivia, Nicaragua no acuden" y el hambre está presente en todos los hogares, recorre las calles, provoca desnutrición, enfermedades, el hambre aterra y es mal consejera que está conduciendo a extremos inhumanos y crueles...

Diarios en tiempos de mordaza

Al arreciar las penurias de Venezuela, cuyo régimen es, por fin, llamado de dictadura sin tapujos, resulta más notable la lucha de algunos diarios por mantener viva la voz contra la avalancha opresiva que busca el pensamiento único. El arma que tienen es su capacidad para llegar al público gracias a la era digital y la credibilidad que se les atribuye. Sin más recursos que un puñado de reporteros y hace tiempo sin papel para ediciones en la calle, dos diarios sobresalen con noticias y análisis que desafían la censura que impone el régimen, vía intimidación y chantaje con pautas publicitarias. El Nacional y Tal Cual Digital se han vuelto una necesidad para quienes buscan informarse sobre ese país distante y cercano de Bolivia.

Las versiones electrónicas de los dos diarios suelen mostrar el rostro que el régimen de Nicolás Maduro no quiere exhibir y que los fanáticos de otras latitudes niegan. Vean algunos titulares de este jueves en Tal Cual Digital, creado por el infatigable Teodoro Petkoff, comunista y guerrillero hasta que, sin perder su visión por una sociedad más justa, reconoció la realidad y se transformó en un demócrata respetable.  
Gobierno convirtió el hambre en la nueva epidemia sin antídotos, destaca, y cuenta que quien preside la “fraudulenta” Asamblea Constituyente decía ante audiencias extranjeras el año pasado, cuando era canciller (habla de Delcy Rodríguez), que en su país no había hambre y que lo que tenía daba para alimentar a tres naciones. Ese mismo día, medios informativos registraban muertes de niños por desnutrición. La excanciller ahora reconoce la plaga bíblica creada por el Gobierno del Socialismo del Siglo XXI, pero la atribuye a Estados Unidos. 


Por eso causó perplejidad que el excanciller David Choquehuanca dijera que las noticias sobre la crisis de perfil terminal de Venezuela eran parte de “un formato” para desacreditar a gobiernos de esa corriente. Para él, no hay hambre en el vecino país sino “un formato”, aunque la excanciller diga ahora lo contrario.

El Nacional destaca el pedido de la Asamblea Nacional (la legítima) para que el papa ayude a crear un canal humanitario de socorro a los venezolanos y lista a los gobiernos y dirigentes que sin pelos en la lengua ahora llaman a Maduro de dictador.

Que se sepa, ni Bolivia ni Cuba ni Nica-ragua han ofrecido ayuda a Venezuela ahora que su Gobierno reconoce que sí hay hambre en su país. 

martes, 29 de agosto de 2017

tiene que volver El Deber con mayor precisión, no basta decir que la espanola Isolux Corsán Corviam abandonó obras y que "posiblemente las boletas de garantía" cubrirían parte del desfalco. la firma culpa a la Administración de Caminos por la falta de pagos por avanze de obra, total un enredo que ED no sabe explicar, sino que demanda una investigación a partir que ABC tampoco puede explicarlo todo.


ABC: nuevo titular, deudas y problemas


Días atrás el ministro de Obras Públicas posesionó simultáneamente a Liz Remedios como directora ejecutiva de Vías Bolivia y al nuevo presidente de ABC, Marcos Farith Loayza. Exportadores y transportistas dieron sus opiniones; ambos esperan de los nuevos funcionarios mayor capacidad de ejecución.
Con respecto a la extitular de ABC Noemí Villegas, surgieron voces contrarias a su gestión. Recuérdese que en marzo pasado el grupo español Isolux Corsán Corviam abandonó sus obras, aduciendo reiterados retrasos en los pagos de la ABC. Al irse del país dejó la carretera Ixiamas-San Buenaventura con un avance de apenas un 20% y varias deudas con prestadoras locales de servicios y materiales. Isolux manifestó que el Gobierno boliviano no había considerado las alternativas ofrecidas y que no había cumplido con sus propias obligaciones contractuales. Lo real es que el consorcio está en proceso de quiebra e intentando reestructurar deudas globales, su situación actual es muy complicada; en Brasil también abandonó otra importante obra.
Aunque se ha ejecutado la boleta de garantía del grupo hispano, parece que persisten problemas para cobrar su monto total. Por su parte, subcontratistas de Isolux manifestaron su preocupación tras el cambio en ABC. Explicaron que en nuestro país quedaron pendientes de pago a varios sectores unos Bs 100 millones y dicho monto debería pagarse -en parte- con las boletas que habría cobrado la ABC.
El comité ejecutivo del Autotransporte Pesado Nacional señaló que sus asociados se preparan para tomar medidas por considerar “agotadas” las instancias de diálogo con ABC y Vías Bolivia para colocar balanzas camineras, evitar multas, sacar rompemuelles, construir áreas de descanso y mantenimiento de carreteras.
El panorama parece complicado, serían deseables más transparencia y concordancia. Lo primero: conocer la realidad concreta acerca de los pagos de ABC a sus contratistas; ver si efectivamente hay demoras y de haberlas, saber de cuántos días o meses de retraso se está hablando. De la misma forma, cabe transparentar el tema de las boletas de garantía de Isolux, determinar cómo y de qué manera corresponde efectuar los pagos a los subcontratistas de la empresa española que abandonó sus tareas, examinar temas legales y antecedentes al respecto, etc. Es importante que el soberano conozca todo, solo así se evitarán conjeturas y se aventarán sospechas. Si la nueva autoridad de la ABC quiere de veras iniciar bien su gestión, debería comenzar por poner todas las cosas en claro y hacerlo a la brevedad. 

viernes, 25 de agosto de 2017

como era de esperar "en 30 dias más EEUU dejará de importar petroleo de Venezuela con lo que ahogará la economía del país chavista. las sanciones que se están conociendo son muy severas y sus efectos doblegarán al Régimen convertido en autoritario y dictatorial.


EE.UU. actúa contra los bonos de Venezuela para ahogar al régimen de Maduro


La Casa Blanca amenaza con un embargo parcial petrolero dentro de un mes
Nicolás Maduro durante un acto de gobierno - EFE
En su escalada de sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, Estados Unidos abrió ayer la esperada ronda de sanciones económicas. El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que prohíbe a ciudadanos o entidades financieras de EE.UU. la compra de nueva deuda y otros activos del Estado venezolano o de su petrolera nacional, PDVSA, cuya emisión de bonos es la principal fuente crediticia nacional.
El decreto también prohíbe la compra de bonos en el mercado secundario, en el caso de que el sector público venezolano sea el propietario, y el pago de dividendos al Gobierno de Caracas. Con ello, el ahogo financiero de Venezuela, ya en serias dificultades en sus cuentas, va a acentuarse drásticamente. La Casa Blanca calificó las nuevas sanciones de «duras».
Las medidas no solo afectan al mercado de bonos, sino que también se dirigen directamente al sector petrolero. De momento establece una amenaza de que en treinta días puede establecer una prohibición de importar crudo de Venezuela o exportar productos refinados a ese país, aplicada únicamente a Citgo, empresa del mercado estadounidense que es propiedad de PDVSA.
Aunque según esa amenaza por ahora EE.UU. no cancelaría completamente su negocio petrolero con Venezuela (la presión ejercida por varias compañías de capital estadounidense han impedido que se sugiera un embargo completo), ese comercio se vería muy afectado, ya que Citgo es el principal actor de esas transacciones y principal generador de los ingresos efectivos que por petróleo obtiene Venezuela. El decreto da a Citgo treinta días para dejar de importar y exportar crudro y productos refinados que tengan a Venezuela como destino u origen.
En previsión de la decisión que ayer iba a desvelar la Casa Blanca, Maduro comunicó a última hora del día anterior que el hasta ahora presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, retomaba el puesto de ministro de Petróleo. Se supone que desde ese puesto estará en mejores condiciones para dialogar con Gobiernos de otros países en la búsqueda de nuevos mercados para el petróleo venezolano.
En el decreto, la Casa Blanca afirma que la «dictadura de Maduro premia y enriquece a funcionarios corruptos», que están «saqueando los bienes de la nación» y llevándola al borde de la quiebra. Añade que ahora esos dirigentes «están acudiendo a sistemas de financiación opacos y liquidando los bienes del país a precio de saldo».
Esas palabras justificarían que Estados Unidos actúe contra los instrumentos financieros que están sustentando el régimen y beneficiando personalmente en muchos casos a sus propios dirigentes. Diversas investigaciones han apuntado que la corrupción chavista ha utilizado la emisión de bonos para el enriquecimiento personal y el lavado de dinero.
Hasta ahora Washington solo había promovido sanciones personales, aplicadas a dirigentes chavistas que se han significado en el abuso de derechos humanos, la corrupción y el narcotráfico. Entre las personas afectadas, a las que se congelan los posibles bienes que puedan tener en Estados Unidos, se encuentra el propio Nicolás Maduro.
Desde que Maduro anunció la creación de una Asamblea Nacional Constituyente, en un proceso ilícito, Trump ha amenazado al Gobierno venezolano con sanciones económicas.
Los 750.000 barriles diarios de petróleo que PDVSA exporta a Estados Unidos suponen los principales ingresos por petróleo que obtiene Venezuela en su presupuesto anual. El resto de crudo que exporta, salvo el contratado con India, o bien ya está cobrado, como en el caso del enviado a China a cambio de créditos ya obtenidos, o bien se ofrece en condiciones por debajo de las del mercado a los países del Caribe.
Más de un tercio del petróleo venezolano que llega a Estados Unidos es importado por Citgo. El resto lo compran empresas como Valero, Chevron y Phillips 66, que podrán seguir importándolo por la excepción que establece la Casa Blanca para «no dañar» esos intereses estadounidenses. Se trata de compañías cuyas refinerías del Golfo de México están en parte adaptadas al petróleo pesado y extrapesado de Venezuela, y a las que les resultaría complejo buscar otro suministrador.
De todos modos, fuentes conocedoras de los planes de contingencia elaborados por la Administración Trump no descartan que más adelante puede decretarse un embargo completo para el petróleo venezolano.
Entre otras medidas que también están en la recámara de la Casa Blanca se encuentra la prohibición de que PDVSA puede utilizar el dólar en sus operaciones comerciales, alegando que se ha convertido en un instrumento de lavado de dinero. Eso estrangularía casi definitivamente a la compañía estatal.
El mismo día que en Washington se anunciaban las nuevas sanciones, en Nueva York se sabía que un alto tribunal de la capital financiera estadounidense ha aprobado el embargo de 1.202 millones de dólares que la República Bolivariana de Venezuela tiene depositados en una cuenta del Banco Nueva York Mellow.
El juez falló a favor de la multinacional canadiense Crystallex International Corporation, que mantenía una querella contra el Gobierno venezolano por la expropiación de los bienes y activos que tenía en Venezuela y que fue ordenada por Hugo Chávez. El monto embargado afecta a un dinero perteneciente al Estado venezolano que iba a ser pagado a Northrup Grumman Ship Systems por la reparación de unos buques del Miniterios de Defensa.