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lunes, 24 de abril de 2017

según Wilson García Mérida está Quintana inmerso en la corrupción de YPFB donde se puede advertir que funcionarios de alto rango han tenido que ver con los negociados, compras cuantiosas previo pago de comisiones, licitaciones chutas y adjudicaciones impensables en una cadena de robos interminable.




Edmundo Novillo acudió ante el Ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce Zaconeta, quien también recibió el legajo el 29 de marzo y además había colaborado con la investigación iniciada por el Jefe de Transparencia de YPFB en octubre, cuando Arce se desempeñaba como Procurador General del Estado. El ministro Arce subsanó la omisión de YPFB entregando correctamente el expediente al Ministrerio Público, el pasado 19 de abril. | Foto Periódico Cambio
Edmundo Novillo acudió ante el Ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce Zaconeta, quien también recibió el legajo el 29 de marzo y además había colaborado con la investigación iniciada por el Jefe de Transparencia de YPFB en octubre, cuando Arce se desempeñaba como Procurador General del Estado. El ministro Arce subsanó la omisión de YPFB entregando correctamente el expediente al Ministrerio Público, el pasado 19 de abril. | Foto Periódico Cambio

Personal involucrado en corrupción de YPFB tuvo aval político de Quintana


© Wilson García Mérida | Redacción Sol de Pando en Brasilia

Trabajadores de YPFB esperan la ampliación de las investigaciones efectuadas por el Director de la Unidad de Transparencia al propio ex Ministro de la Presidencia, pues no sólo existe la posibilidad cierta de que Quintana tuviese conocimiento de las irregularidades cometidas en el caso de los taladros y otras adquisiciones similares, pues también “es evidente que el personal comprometido con esos hechos de corrupción respondia orgánicamentea a las directrices de Quintana”. | Foto Archivo
El tráfico de influencias para imponer prebendas y negociados lesivos al Estado, práctica habitual en la gestión del ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, no pudo dejar de haber llegado a la principal empresa estratégica estatal del país como es Yacimientos PetrolÍferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Funcionarios que ocupan puestos claves en esta empresa fueron incorporados por lo menos desde el año 2009 —después de la masacre de Porvenir (Pando) que alineó a las cúpulas castrenses dentro el esquema mafioso de Quintana— bajo el padrinazgo directo del influyente  ex militar. “Varios de ellos son familiares de jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas que pertenecen al entorno personal de Juan Ramón Quintana, entraron a YPFB con avales directos del entonces Ministro de la Presidencia y sin tener suficientes méritos en más de un caso, cuando la empresa estaba manejada por Carlos Villegas”, revela un antiguo trabajador de la corporación petrolera en contacto confidencial con Sol de Pando.
La fuente sostiene que gran parte de ese personal “impuesto por Juan Ramón Quintana”, comete permanentemente abusos e irregularidades en el ejercicio de sus funciones dentro YPFB, “atenidos al aval político del señor Quintana”, y habrían sido operadores principales “en contratos y negocios turbios que han dañado severamente el patrimonio de nuestra empresa”.
El vocero laboral afirma que los trabajadores de YPFB esperan la ampliación de las investigaciones efectuadas por el Director de la Unidad de Transparencia al propio ex Ministro de la Presidencia, pues no sólo existe la posibilidad cierta de que Quintana tuviese conocimiento de las irregularidades cometidas en el caso de los taladros y otras adquisiciones similares, pues también “es evidente que el personal comprometido con esos hechos de corrupción respondia orgánicamentea a las directrices de Quintana”.
Asimismo, piden que la investigación no se limite al ámbito administrativo y se la profundice en los marcos de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, investigando la fortuna y el ostentoso ritmo de vida de varios de los involucrados en este hecho de corrupción. “Además se debe esclarecer oficialmente en qué condiciones ingresaron estos funcionarios a YPFB, y si son  parientes en primer grado de militares y de otra gente estrechamente relacionados con Juan Ramón Quintana”, declaró la fuente.

Un contrato turbio al mejor estilo de Quintana

El pasado 14 de marzo, el Jefe de la Unidad de Transparencia Corporativa de YPFB, Edmundo Novillo, denunció que el proceso de adjudicación de tres taladros de perforación encomendados a la firma italiana Drillmec “fue incorrecto y no cumplió ni con la normativa boliviana, ni con los requisitos establecidos en la convocatoria internacional”.
La investigación de Novillo se activó en octubre del pasado año a raiz de haberse detectado un presunto sobreprecio en la adquisición de las tres perforadoras cuyo ensamblaje y adquisición supusieron una adjudicación por casi 150 millones de dólares. La estratégica compra destinada a fortalecer cuantitativa y cualitativamente las capacidades de exploración, desarrollo y producción de YPFB, era financiada con recursos de un préstamo chino (Eximbank) según había anunciado ya en diciembre del 2012 el entonces presidente ejecutivo de la empresa, Carlos Villegas.
Apenas licitada el 2016, la Unidad de Transparencia Corporativa de YPFB a cargo del ex Goberandor de Cochabamba Edmundo Novillo detectó ostensibles irregularidades en el proceso, abriendo investigación en octubre de ese año. En diciembre, un Senador  opositor hizo público el caso. Entre las observaciones registradas por la Unidad de Transparencia se estableció un manejo desprolijo en los documentos tributarios y notariales de la empresa adjudicada, la italiana Drillmenc, irregularidades que fueron deliberadamente soslayadas por el Comité de Licitación de YPFB. En otras palabras, el ingreso de la empresa italiana a Bolivia en pos de adjudicarse el millonario contrato, no se ajusta a las leyes nacionales, al extremo de haber  presentado apenas fotocopias simples de sus actas de Constitución, y a pesar de ello tuvo un trato privilegiado en instancias decisivas de YPFB.
Ese “modus operandi” es muy frecuente en diversos contratos lesivos tanto en YPFB como en distintas entidades pública —incluso en las Fuerzas Armadas— que el ex Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, “apadrinó” desde el Palacio Quemado. Los vacíos legales en dichos contratos terminan siendo cubiertos por intensos y sofocadores “lobbies” a cargo de “gestores” e “intermediarios” que logran forzar los contratos ilícitos en representación “del JR”.
Al respecto, Novillo denunció en el caso de los tres taladros adjudicados a Drimellec que “terceras personas, que no son funcionarias de YPFB, están alrededor del contrato, con una actuación no transparente, con una actuación cuestionada, que en nuestro criterio debe ser investigada por una autoridad competente”.

Contradicciones internas en YPFB


Luís Alberto Sánchez, Ministro de Hidrocarburos. Protege a Achá.
El pasado 29 de marzo, Edmundo Novillo entregó su investigación en un legajo de 50 páginas al Directorio de YPFB, para que la empresa derive esa información al Ministerio Público, con la consiguiente investigación penal de los involucrados en esta tentativa de contrato lesivo, oportunamente frenado por la Unidad de Transparencia. Sin embargo, el Directorio de YPFB intentó burlar esa obligación enviando dicho legajo al Ministerio Público desprolija e improvisadamente, sin cumplir los rigurosos procedimentos formales, debido a lo cual la Fiscalía devolvió el expediente, según denunció el propio Novillo.
Ante esa nueva irregularidad, Novillo acudió ante el Ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce Zaconeta,  quien también recibió el legajo el 29 de marzo y además había colaborado con la investigación iniciada por el Jefe de Transparencia de YPFB en octubre, cuando Arce se desempeñaba como Procurador General del Estado.
El ministro Arce subsanó la omisión de YPFB entregando correctamente el expediente al Ministrerio Público, el pasado 19 de abril, solicitando el procesamiento de 15 funcionarios presuntamente responsables del negociado, además de un personero dela empresa italiana Drimellec, cuyo contrato para la provisión de los taladros por el precio pactado de 148’881.600 dólares, sería rescindido en las próximas horas.
Drimellec reaccionó contra el anuncio de la rescisión del contrato señalando al Presidente Ejecutivo YPFB,  Guillermo Luis Achá Morales, de haber sido el principal promotor del turbio negocio frustrado. Achá está eventualmente excluído del proceso.
El principal ejecutivo niega la sindicación de Drimellec y acusa del hecho a la Vicepresidencia de Administración de Contratos y Fiscalización de la empresa y la Gerencia de Perforación.  El Ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez,  pone manos al fuego por Achá, asegurando que el ejecutivo de YPFB “goza de la confianza personal del presidente Evo Morales”, como si una simple simpatia política al más alto nivel fuese garantía plena de transparencia en el ejercio de la función pública. Sánchez también apunta a descargar toda la responsabilidad sobre los subalternos de Achá.

¿UN PRESIDENTE EJECUTIVO QUE NO PRESIDE?


Los Estatutos de YPFB | VER EN PDF

La situación de Achá está en vilo. Si bien no habría suscrito el contrato con su puño y letra ni dio la orden de proceder con el montaje de los tres mega-equipos,  su responsabilidad legal y administrativa como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la empresa, está insoslayablemente marcada en los Estatutos de YPFB.
El artículo 25 de dicha norma define, entre las competencias y obligaciones del Presidente Ejecutivo, “suscribir contratos y ejecutar todos los actos que correspondan a la administración ordinaria de la empresa y que sean necesarios para alcanzar sus fines”, además de “representar a la empresa con plena personería jurídica en toda clase de acciones legales y procesos judiciales o administrativos” (licitaciones y adjudicaciones, verbi gratia, nr) y “delegar o avocar parte de su competencia en forma expresa a los Vicepresidentes”, mediante los respectivos poderes notariados.
Por su parte el artículo 31 fija las atribuciones de la Vicepresidencia de Administración, de Contratos y Fiscalización, la cual tiene como función “negociar bajo los lineamientos de la Presidencia Ejecutiva los Contratos Petroleros establecidos en la Ley de Hidrocarburos, con personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado, los que serán aprobados por el Directorio y suscritos por el Presidente Ejecutivo de YPFB”, y también “conducir los procesos de licitación de las áreas de interés hidrocarburífero y remitir para su suscripción a la Presidencia Ejecutiva los contratos petroleros de exploración y explotación de hidrocarburos y supervisar y administrar los mismos”. En otras palabras, la Vicepresidencia no puede mover un dedo en materia de contratos sin conocimento ni autorización de la Presidencia Ejecutiva.
Entonces, la única posibilidad legal de que el Vicepresidente de Contratos y el Gerente de Perforación pudiesen haber tomado la licitación en sus exclusivas manos para dar curso al negocio con Drimellec, era bajo concimiento inexcusable del Presidente Ejecutivo y con una autorización delegada notarialmente por dicha autoridade máxima.
Si dichos subalternos hubiesen procedido con la contratación sin informar de ello por conducto regular a Achá y sin contar con la autorización expresa del Presidente Ejecutivo, entonces han violado flagrantemente los Estatutos de la empresa. Pero en tal caso Luis Achá incurrió en una omisión más grave aún, al no iniciar el correspondiente proceso administrativo contra los subalternos que incurrieron en la firma inconsulta de un millonario contrato (debiendo haber revocado además  dicha firma inconsulta), salvo que Achá haya autorizado ejecutivamente esa adjudicación, que es lo más probable.    

Los 15 sospechosos de una tentativa de daño lesivo al Estado


Guillermo Luis Achá Morales, posesionado en la Presidencia Ejecutiva de YPFB el 5 de febrero del 2015. | Foto AN-YPFB
Por ahora, el peso principal de la responsabilidad recae en la cabeza del Vicepresidente de Administración, Contratos y Fiscalización, Jorge Patricio Sosa Suárez, quien puso su firma en el contrato con Drimellec. Subalternos directos de Sosa, a la cabeza de la Directora Regional de Contrataciones Mayra Gerladine Velasquez Oros y otros tres funcionarios de esa unidad, también están acusados, junto a la Gerente Corporativa de Contrataciones, Paola Andrea Oporto Rios.
La Gerencia de Perforación a cargo de David Pérez Alba, como unidad solicitante de los tres taladros, también es responsabilizada por el irregular contrato al haber procedido con la orden de fabricación de los tres taladros adjudicados a Drimellec. Cinco funcionarios de esta área técnica, entre ellos el Director de Operaciones, igualmente están comprometidos.
Al momento de la firma de aquel contrato, al parecer la Dirección Jurídica de YPFB se encontraba acéfala, pero tres funcionarios subalternos de esta unidad también podrían ser imputados por la Fiscalía.
El análisis efectuado se refiere a los procesos, tanto de licitación como de contratación, fallas que podían haber generado perjuicios al erario nacional, que no se han generado, pero hay la presunción de la comisión de hechos delictivos y de situaciones irregulares en estos dos procesos: licitación y contratación“, explicó Arce.
El memorial presentado ante la Fiscalía por el Ministro de Justicia, que consta de 150 páginas, establece una acusación a los implicados por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

Constante sangría de YPFB por corrupción

El de los taladros es uno más entre varios negociados en YPFB que han enriquecido a funcionarios inescrupulosos que actuaban impunemente apadrinados polÍticamente por Juan Ramón Quintana.
Uno de los escándalos que estalló eN diciembre del 2013 tuvo que ver con la obscena adjudicación millonaria de contratos de publicidad que beneficiaron a una privilegiada familia en la cual también estuvieron diretamente involucrados militares vinculados a Quintana, además de los principales jerarcas de la misma YPFB.
Un caso aún desconocido y que se encuentra en investigación es el referido a la cración de una empresa pública, ESABOL, para la provisión de servicios de helicópteros ens labores de exploración y de explotación de pozos petroleros, así como de actividades mineras. En ese negociado alentado desde los ministerios de la Presidencia y de Defensa, no solo están involucrados altos ejecutivos de YPFB, sino también jefes de las Fuerza Aérea Boliviana (FAB), acusados entre otros actos de corrupción por la compra con sobreprecios de respuestos para los aviones militares. Dicho grupo es articulado por el general Tito Gandarillas, uno de los principales “operadores políticos” de Juan Ramón Quintana dentro las FF.AA.
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viernes, 21 de abril de 2017

Carlos Miranda quien conoce como a la palma de su mano, la historia de los hidrocarburos, del gas natural en cuya actividad participa desde mediosiglo atrás, nos ilustra sobre el mercado interno que debería tener una reserva probada de al menos 20 años de explotación futura. el estudioso reconoce que al no existir reservas de gas, estamos peligrosamente atrasados, 3 veces creció el mercado interno a un precio tan bajo que el Régimen lo anuncia como un éxito sin descubrir que la regulación es anterior a su ascenso al poder.


Nuestro mercado interno de gas natural

              

Carlos Miranda Pacheco


En la década de los 60, en Santa Cruz, se descubrieron importantes campos de líquido y condensado, obteniendo altas producciones de gas. Con esas reservas y producciones se pactó el primer contrato de venta de gas natural a largo plazo con el Estado de Argentina, por 4 a 5 MMm3/d, que se inició en 1972 y concluyó en 1992.

Aprovechando la infraestructura de esa exportación, YPFB inició, en forma incipiente, la provisión de gas natural para el mercado interno.
A fines del siglo XX se capitalizó la industria petrolera nacional dejando la producción y transporte de gas en manos de las empresas transnacionales, que estaban bajo contrato con YPFB. Estas compañías descubrieron megacampos de gas y condensado, con reservas de gas mayores a un trillón de pies cúbicos por campo, obteniendo producciones de más de 5 MMm3/d por pozo.

Con estas reservas y producciones, en la década de los 90, ingresamos con nuestro gas al mercado energético más grande de América Latina, Brasil, con volúmenes que llegan hasta 30 Mmm3/d, con un contrato que termina en 2019. Todo este proceso fue acompañado por el establecimiento de un sistema regulatorio de la industria.

El mercado interno abierto por YPFB alcanzaba ± 2 MMm3/d. Frente a las reservas, producciones y compromisos adquiridos con Brasil parecía muy pequeño y remoto.

No obstante, lo anterior, se decidió programar su crecimiento a mediano y largo plazo, utilizando la Ley 1689, su reglamento de transportes y las normas del sistema regulatorio existente.

Para garantizar su funcionamiento a largo plazo se estableció la creación del sistema de stock estratégico de reservas probadas de gas. Estas regulaciones exigían cualquier uso de gas natural, sea para el mercado interno o exportación. Para su inicio debería ser autorizado por la existencia de reservas probadas del proyecto y de las necesidades proyectadas del mercado interno por 20 años.

También para el funcionamiento del mercado interno, utilizando el sistema regulatorio y los compromisos del mercado de exportación a Brasil, se estableció que el precio del gas para el mercado interno sea uno sólo en todo el territorio nacional, muy por debajo del gas de exportación. Para que esto sea posible se fijó el precio del gas a boca de pozo y se instituyó una sola tarifa de transporte de gas por gasoducto, denominada “tarifa estampilla”, también muy por debajo de las tarifas internacionales de transporte.

Así la suma de precio de gas a boca de pozo y la “tarifa estampilla” dan un precio para el consumidor de gas natural para el mercado interno muy por debajo de los precios de exportación y de los internacionales. La tarifa de transporte para el mercado interno se la denomina así por ser una sola para el transporte de gas, independiente de la distancia al igual que una tarifa postal. En esta forma el gas de Tarija o de Santa Cruz puede llegar a Cochabamba o La Paz al mismo precio.

El sistema actual de Gobierno, con su acostumbrada visión cortoplacista de la industria petrolera, ignoró el mecanismo de reservas estratégicas, pero con gran entusiasmo y decisión, utilizando las normas del funcionamiento del mercado interno, ha logrado un gran crecimiento de este mercado. Así después de 14 años, el mercado interno de 2 MMm3/d a la fecha alcanza la respetable cifra de 15 MMm3/d.
Lo arriba descrito es una típica historia de crecimiento del mercado interno con visión a corto y largo plazo.

El mercado interno funcionando con esas reglas ha sido y es un gran contribuyente al desarrollo económico del país. Por más de 10 años, todos los usuarios de gas natural pagan precios muy por debajo de los internacionales. Al principio se fijó como precio nacional $us 1.20/MPC y ahora se tiene a $us 1.70/MPC para la industria y $us 1.20/MPC para electricidad.

Pero estos grandes éxitos a corto plazo parece que han hecho olvidar que el crecimiento del mercado interno debe contar con reservas probadas, garantizadas por lo menos por 20 años. El funcionamiento de nuestro aparato productivo energéticamente se ha gasificado a tal punto que la falta oportuna de gas natural causaría efectos desastrosos en todo el país.

El mercado interno tiene tal dinámica que para el 2027 estará por encima de los 25 MMm3/d y con un saldo de reservas muy pequeño. Por tanto, el no haber, hasta la fecha, descubierto nuevas reservas importantes de gas me ratifico en decir que: estamos peligrosamente atrasados.

lunes, 17 de abril de 2017

resulta que según Humberto de cuyo juicio no cabe duda alguna, Tarija es la via para exportar el gas (tiene gasoducto) pero también por allí sale la coca a la Argentina (cocaducto?) y la ropa usada que pasa desde Oruro...o sea,,,ekl gas está 68% más barato que antes de ahora...


El cocaducto tarijeño


Humberto Vacaflor Ganam

El gasoducto que lleva gas tarijeño a Argentina y Brasil tiene demasiados altibajos, en volúmenes y precios, tan extremos que el índice de precios de exportación cayó en 68% entre 2010 y 2016.

Eso sin contar los recortes que hace el gobierno al departamento porque si, por que no, por si acaso y por lo que pudiera pasar, con la ventaja de que las autoridades tarijeñas no protestan, por cálculo político.

Aparte del “recorte” por el cual un gobernador masista, que había obtenido 4% de los votos y estuvo en el cargo durante siete años, dejó al departamento en la cochina calle. Las autoridades locales callaron sobre este caso, también por cálculo político.

No se sabe si de esto se habla abiertamente, pero ocurre que Tarija se ha convertido en el “hub”, es decir el centro de distribución, no del gas, sino de la coca, lo que deja al departamento por lo menos con una fuente segura, garantizada, de ingresos.

Dicen las estadísticas oficiales del gobierno del MAS, es decir el gobierno boliviano más vinculado con la producción de la coca en toda la historia del país, que Tarija es la plataforma de lanzamiento de la hoja de exportación. No produce coca pero tiene el monopolio en la exportación.

Las cifras son impresionantes: de las 1.479 toneladas de hojas de coca que se destinan a la exportación, un total de 1.375 van hacia Tarija. Lo dice el informe del propio gobierno del presidente Evo Morales.

Es decir que Tarija ve pasar por su territorio casi 94% de la coca que sale hacia Argentina. Una dependencia tan grande como la que tiene Venezuela respecto del petróleo.

El gasoducto se estará secando pero Tarija ve pasar también por su territorio el mayor volumen de ropa usada que se haya encaminado jamás hacia Argentina. En este caso, el “hub” está en Oruro y allí se clasifica la ropa, de tal modo que la más fina, la de marca, es separada para que vaya hacia Argentina, donde los compradores son más exigentes. Y esa ropa pasa, inevitablemente, por Tarija.

Quizá hay que ver las cosas desde su ángulo positivo. Se acaba el gas tarijeño pero el departamento del Moto Méndez tiene otras vocaciones que el gobierno del “proceso de cambio” le ha otorgado. Salvo que quieras seguir y seguir con el aburrido gas.

miércoles, 5 de abril de 2017

Hugo del Granado uno de los expertos en petroquímica, puntualiza el efecto de irregularidad (robos y estafas) en la compra de tres taladros...no es sorpresa ni caso aislado, YPFB ente afectado no se preocupa de ello y tapa las cosas por lo que debería existir una investigación más a fondo.


Contrataciones y compras irregulares en YPFB

El hallazgo de irregularidades en la adquisición de tres taladros en YPFB no es un caso aislado y no debería ser una sorpresa porque en la gestión del actual gobierno ha sido una constante las anomalías en contrataciones y compras. Esta vez, la diferencia radica en que se trata de una investigación solicitada por un senador de la oposición y llevada a cabo por el responsable de transparencia del Ministerio de Hidrocarburos en procura cumplir con sus obligaciones. Así lo dijo al asumir sus funciones, pero las autoridades de YPFB hicieron caso omiso de la advertencia.

Con el eufemismo de establecer mecanismos de contratación ágiles, eficientes y transparentes, desde el año 2008, la presidencia de YPFB, tramitó y obtuvo decretos de excepción (DS 29505 y 29506) que autorizan las contrataciones directas en franca contravención de la Ley Safco.

Posteriormente se aprobaron otros decretos (DS 26688 y 0224) que llenaron los vacíos de los anteriores. A partir de ellos la excepción se convirtió en norma y se crearon diferentes modalidades operativas como ser la Contratación Directa por Licitación, Contratación por Comparación de Ofertas, Contratación Directa Abreviada, Contratación Directa Menor. Estos decretos autorizan además a proceder con contrataciones en territorio extranjero, a adherirse a contratos elaborados por los proveedores y a someterse a legislación extranjera.

Solo las contrataciones y/o compras menores se hacen de manera más abierta, las de equipos mayores y las consultorías de temas centrales se concretan de manera directa abriendo las puertas a la discrecionalidad y eludiendo los procedimientos de fiscalización. Incluso en la contratación para la instalación de redes de gas, que son contrataciones menores y corrientes, se han producido irregularidades que han sido denunciadas por la asociación de empresas del gremio (Asegas) por asignación directa de contratos y por falta de acceso de los interesados a información que debería ser de amplia difusión. (PS 09-03-2017).
Anteriormente se hicieron públicas irregularidades cometidas en la contratación de una consultora para hacer los estudios de la planta de polipropileno.  En esa oportunidad se invitó a 35 empresas especializadas en petroquímica, sin embargo, debido a los cortos plazos concedidos para la presentación de ofertas, solo se presentaron tres propuestas de las cuales se descalificaron a dos y solo se abrió el sobre de la oferta económica (Sobre B) de la elegida que era la consultora Tecnimont. Inopinadamente, a esta consultora se le dio un segundo contrato para revisar y validar los trabajos del primer contrato y posteriormente, YPFB le permitió presentar su propuesta para hacer la construcción del proyecto de polipropileno, cuyos estudios hizo, pese a la visible incompatibilidad porque Tecnimont tenía que asesorar a YPFB ante el nuevo contratista y porque implicaba grandes ventajas sobre los otros proponentes.
   
En YPFB durante siete meses, se calificaron las propuestas de esta construcción (EPC con un presupuesto de 2.200 millones de dólares), conociéndose, hace pocas horas la adjudicación de la Primera Fase, precisamente a la consultora Tecnimont asociada con Técnicas Reunidas empresa que construyó la planta de Gran Chaco.

La fijación de YPFB con Tecnimont merecería también ser investigada por el Director de Transparencia por tratarse además, de la contratación más cara de la historia del país.

Como se puede ver, los procesos de contratación son de libre arbitrio y potestad de YPFB y en general son oscuros, toda convocatoria es precedida de un “lobby” abierto e incesante para acomodar los términos de referencia a la medida conveniente, se establecen plazos cortos a la presentación de ofertas para evitar el concurso de competidores extraños al entorno de confianza, los plazos y los resultados de las calificaciones se mantienen en reserva, cuando las convocatorias se declaran desiertas no se justifican ni se dan explicaciones a los concursantes, los precios referenciales son reservados, excepto para los favoritos. En suma, los procesos no son transparentes, ni eficientes ni ágiles como dicen los decretos de excepción.

La ilimitada autoridad que tiene YPFB sobre el tema, se constata también en el manoseo de la documentación recibida de transparencia, para obstaculizar la investigación de la compra de los taladros.

Por lo explicado, es fácil concluir que las normas emitidas para agilizar las contrataciones y compras en YPFB y, seguramente también en el resto de las empresas públicas, han resultado contraproducentes porque las irregularidades en que se incurre resultan en invalidaciones, investigaciones y escándalos que atrasan aún más que los procedimientos burocráticos que se quisieron abreviar, para las adquisiciones de las empresas, con el agravante de haber institucionalizado la corrupción.

El autor es ingeniero químico y petroquímico.