En los últimos días se ha actualizado un antiguo debate acerca del impacto que tiene el hambre entre los bolivianos, con cifras muy dispares.
La organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, ha revelado que, según sus cálculos, dos millones de bolivianos viven en situación de hambre.
El Gobierno nacional se apresuró en responder a estas cifras diciendo que no estaba de acuerdo con ellas, aunque no proporcionó sus propios números.
Eso sí, el Gobierno boliviano criticó el cálculo de la FAO diciendo que el porcentaje de hambre que se da entre los bolivianos es sólo una herencia de los gobiernos neoliberales del pasado inmediato.
El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) hizo conocer sus propias cifras, según las cuales el 60% de los bolivianos vive por debajo del nivel de la pobreza.
Sería una lástima que las estadísticas que proporciona la FAO y el IBCE fueran cuestionadas sin la necesaria exhibición de otros estudios.
Lo que corresponde ahora al Gobierno nacional es ofrecer su versión completa de las cosas, con estadísticas veraces que, en lo ideal, sean capaces de contrarrestar las ya mencionadas.
Pero será más beneficioso que el Órgano Ejecutivo tome en cuenta estas cifras con las que no está de acuerdo y se proponga encontrar el sustento científico que pudieran tener, antes de repudiarlas.
Acto seguido, el Gobierno tendría que ponerse a pensar en el origen de la pobreza, pero proponiéndose no quedarse en el pobre análisis de que fueron los “gobiernos neoliberales” los responsables de todo.
Si hay pobreza es porque la gente no tiene ingresos dignos, que le permita vivir mejor.
Gran parte de los ingresos de los bolivianos provienen de los salarios que les pagan sus empleadores. Si no hay empleadores, o los que hay pagan muy poco, habrá que hacer algo.
Para el primer caso habrá que mejorar las condiciones para las inversiones, pues si no hay oportunidades de empleo es porque nadie está invirtiendo en crear empresas.
Para que ello ocurra será preciso que el Gobierno acabe de una vez por todas por aprobar las principales leyes de la economía, como son la Ley de Inversiones, Ley de Minería y de Hidrocarburos.
El hecho de que se anuncie el cambio de una ley es tan o más paralizante que la inexistencia de esa ley. Por lo tanto, si se ha anunciado el cambio de esas leyes sería ideal que se las apruebe lo antes posible, incluso olvidando que llevan una demora de seis años.
Luego habrá que mejorar las condiciones para las inversiones, convirtiéndolas en verdaderos incentivos para que lleguen al país a crear empleos mientras buscan sus propios fines.
Mejorar la educación de los bolivianos tendrá que ser otro objetivo importante, pues los niveles salariales siempre tienen que ver con los atributos de los trabajadores.
Habrá que eliminar las trabas que frenan o demoran la creación de actividades empresariales en el país, además de dar a las empresas todas las seguridades de que van a poder actuar en condiciones seguras y confiables.
El hambre requiere de respuestas inteligentes pero no pretextos burdos como los que fueron ensayados de inmediato ante el documento de la FAO.
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