"no fuí rehén. me obligaron a caminar para romper cerco" esto dijo Choquehuanca. de modo que la acusación de secuestro no va. debe ser desechada en contra de los TIPNISTAS.

Las declaraciones del canciller David Choquehuanca ante la Fiscalía, en sentido de que no fue “secuestrado” por los indígenas el sábado 24 de septiembre en Yucumo, han echado por tierra toda la argumentación del exministro de Gobierno Sacha Llorenti para explicar las razones de la intervención a los marchistas indígenas y le han quitado toda base a su posición.

Choquehuanca explicó lo que había sucedido. Las mujeres indígenas lo rodearon para usarlo como ariete para romper un cerco que colonizadores afines al Gobierno tendieron sobre los indígenas, a quienes se les negaba el acceso a unas fuentes de agua próximas, mientras que un bloqueo en el puente San Lorenzo, de Yucumo, era el filtro que impedía el paso de alimentos y vituallas para los movilizados.
Al margen de consideraciones de orden ético y moral, tales como la imposibilidad de privar, incluso en caso de guerra, del agua, los medicamentos y los alimentos al enemigo, queda claro que el Canciller nunca fue secuestrado ni sufrió maltratos físicos.
No cabe pues afirmar que la acción policial fue ordenada, sea por quien fuere, para evitar que otra autoridad sea secuestrada. Tampoco resulta evidente, como en su momento informaron los medios gubernamentales, que los indígenas atacaban a los uniformados, porque cuando se produjo la intervención, los marchistas se aprestaban a preparar la cena del domingo 25 y la mayoría estaba en sus carpas.
Las declaraciones del general Óscar Muñoz, el oficial policial de mayor graduación en el lugar de los hechos, y las afirmaciones del exviceministro de Régimen Interior Marcos Farfán han dejado en claro que la orden de reprimir salió de alguna autoridad nacional.
Independientemente de quien haya tomado la decisión, la responsabilidad recae en este caso sobre la máxima autoridad ejecutiva del sector, o sea el Ministro de Gobierno.
Y éste ha perdido el principal argumento que sustentaba su posición.
Cabe esperar que las autoridades de la Fiscalía que investigan los hechos convoquen, lo antes posible, a Llorenti para que explique el grado de su intervención en esa acción policial que fue duramente criticada en su momento.
Además, la posición del Canciller ha dejado en posición absolutamente incómoda, por no decir ridícula, a la ministra Nilda Copa y al viceministro Nelson Cox, quienes se querellaron contra los indígenas por haber “secuestrado” a David Choquehuanca.
Si la presunta víctima asegura que no fue objeto de delito alguno, lo que corresponde es que la investigación solicitada por ambas autoridades de Justicia sea archivada, sin perjuicio de que los supuestos sindicados abran una acción recriminatoria por falsa acusación.