El anuncio de revisión de los precios de los carburantes despierta gran susceptibilidad en la población. Las heridas del derogado Decreto 748, con su estela de alza de precios de los alimentos, aún no han sanado.
El anuncio presidencial para convocar a una cumbre social en diciembre a fin de discutir la reducción gradual de la subvención a los carburantes ha desatado nerviosismo y preocupación. La aclaración del Primer Mandatario, que tal revisión no significa un "gasolinazo", sino la nivelación de precios de los combustibles al mercado internacional, no fue suficiente para tranquilizar a la población.
Las estaciones de gasolina, con mayor demanda en vísperas del feriado, estaban aún más llenas ayer.
Y es que tocar el tema del precio de los carburantes es muy sensible, porque aún se vive los efectos del gasolinazo del 26 de diciembre de 2010, cuando el Gobierno emitió el Decreto Supremo 748 mediante el cual suspendía la subvención para la gasolina y el diésel, originando así un incremento de 57 por ciento a 82 por ciento en el precio de estos combustibles. El denominado gasolinazo de 2010 ocasionó una crisis en la economía nacional y protestas sociales que determinaron la anulación del decreto el 31 de diciembre de ese año. Si bien el precio de la gasolina y del diésel regresó a su anterior nivel, algunos productos de la canasta familiar quedaron con precios elevados. El incremento salarial dispuesto para este año no compensó el alza del costo de vida.
El presidente Evo Morales dijo, ayer, que el “mal llamado gasolinazo" de diciembre de 2010 para algunos fue un acierto, porque la subvención hace mucho daño a la economía nacional. Se refirió también a una encuesta en la que el 50 por ciento de la gente “apoyaba una nivelación del precio de los combustibles".
Este año la subvención de la gasolina y diésel superará los 600 millones de dólares, mientras que para la gestión 2012, la subvención demandará más de 700 millones de dólares del Tesoro General del Estado, lo que causará déficit fiscal. El 2010 la subvención fue de 380 millones de dólares.
El Presidente atribuyó la responsabilidad de la subvención a los anteriores gobiernos y denunció que el bajo precio del carburante en Bolivia fomenta su contrabando a países vecinos.
El problema es recurrente. Este año ya se deberían haber adoptado medidas para el cambio de la matriz energética, con el fin de ir disminuyendo la dependencia de los derivados del petróleo, más aún cuando Bolivia no produce lo que necesita.
El proceso de sustitución de diésel y gasolina por gas natural vehicular va muy lento.
En contraste con el interés de gastar menos en la importación de carburantes, la nacionalización de vehículos indocumentados permitió el ingreso de más de cien mil unidades de motorizados particulares que elevan el consumo de carburantes y, por tanto, la subvención.
La nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tampoco ha logrado, ni prevé a corto plazo, alcanzar la soberanía energética. El problema está en la estructura de la industria y en la política hidrocarburífera que no logra atender las necesidades del país. Los escasos campos petroleros han bajado su producción porque ya están en proceso de agotamiento. Las inversiones son insuficientes para encontrar nuevos campos hidrocarburíferos. La producción de gas natural responde más a cumplir con los compromisos de exportación que a atender al mercado local. A este panorama se suma la necesidad de reponer las reservas de gas que se descubrieron hace diez años, pues se prevé que a partir del 2015 y 2016, la curva de producción caerá muy rápidamente.
Es de esperar que el Gobierno recoja las sugerencias de la cumbre social y comience a buscar soluciones de fondo a un problema que requiere urgente atención.
Las estaciones de gasolina, con mayor demanda en vísperas del feriado, estaban aún más llenas ayer.
Y es que tocar el tema del precio de los carburantes es muy sensible, porque aún se vive los efectos del gasolinazo del 26 de diciembre de 2010, cuando el Gobierno emitió el Decreto Supremo 748 mediante el cual suspendía la subvención para la gasolina y el diésel, originando así un incremento de 57 por ciento a 82 por ciento en el precio de estos combustibles. El denominado gasolinazo de 2010 ocasionó una crisis en la economía nacional y protestas sociales que determinaron la anulación del decreto el 31 de diciembre de ese año. Si bien el precio de la gasolina y del diésel regresó a su anterior nivel, algunos productos de la canasta familiar quedaron con precios elevados. El incremento salarial dispuesto para este año no compensó el alza del costo de vida.
El presidente Evo Morales dijo, ayer, que el “mal llamado gasolinazo" de diciembre de 2010 para algunos fue un acierto, porque la subvención hace mucho daño a la economía nacional. Se refirió también a una encuesta en la que el 50 por ciento de la gente “apoyaba una nivelación del precio de los combustibles".
Este año la subvención de la gasolina y diésel superará los 600 millones de dólares, mientras que para la gestión 2012, la subvención demandará más de 700 millones de dólares del Tesoro General del Estado, lo que causará déficit fiscal. El 2010 la subvención fue de 380 millones de dólares.
El Presidente atribuyó la responsabilidad de la subvención a los anteriores gobiernos y denunció que el bajo precio del carburante en Bolivia fomenta su contrabando a países vecinos.
El problema es recurrente. Este año ya se deberían haber adoptado medidas para el cambio de la matriz energética, con el fin de ir disminuyendo la dependencia de los derivados del petróleo, más aún cuando Bolivia no produce lo que necesita.
El proceso de sustitución de diésel y gasolina por gas natural vehicular va muy lento.
En contraste con el interés de gastar menos en la importación de carburantes, la nacionalización de vehículos indocumentados permitió el ingreso de más de cien mil unidades de motorizados particulares que elevan el consumo de carburantes y, por tanto, la subvención.
La nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tampoco ha logrado, ni prevé a corto plazo, alcanzar la soberanía energética. El problema está en la estructura de la industria y en la política hidrocarburífera que no logra atender las necesidades del país. Los escasos campos petroleros han bajado su producción porque ya están en proceso de agotamiento. Las inversiones son insuficientes para encontrar nuevos campos hidrocarburíferos. La producción de gas natural responde más a cumplir con los compromisos de exportación que a atender al mercado local. A este panorama se suma la necesidad de reponer las reservas de gas que se descubrieron hace diez años, pues se prevé que a partir del 2015 y 2016, la curva de producción caerá muy rápidamente.
Es de esperar que el Gobierno recoja las sugerencias de la cumbre social y comience a buscar soluciones de fondo a un problema que requiere urgente atención.
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