- El conjunto de acciones gubernamentales que se están ejecutando con el nombre falaz de consulta en el TIPNIS es el más prolongado, cínico y alevoso fraude que haya cometido el Estado boliviano.
En ello, todo es fraudulento: desde la misma finalidad real, que lejos de conocer la voluntad de las comunidades, es legitimar la retractación gubernamental respecto a la Ley 180 de protección del TIPNIS y la imposición de la carretera rechazada por aquellas comunidades; el objeto legalmente declarado que mezcla con inocultable y torpe manipulación los temas de la intangibilidad y de la construcción de la carretera; la coacción impúdica que está ejerciendo el Gobierno sobre las comunidades y organizaciones; la total prescindencia, no sólo de la institucionalidad indígena, sino de la elementalmente necesaria aceptación de la supuesta consulta por parte de la población a ser consultada, exigida por el propio Tribunal Constitucional; y la suplantación del titular de la consulta que se produce al consultar a las comunidades de Conisur, en su gran mayoría carentes de todo derecho sobre el territorio indígena TIPNIS y propietarias de tierras en el colindante polígono siete, si la carretera atravesará, y eventualmente destruirá, ese territorio que les es absolutamente ajeno.
Por último, ante la imposibilidad real de vencer la contundente resistencia que los comunarios del TIPNIS han levantado en su territorio, el Gobierno ha llevado el fraude a su extremo demencial, optando por la suplantación total de las comunidades indígenas del TIPNIS. Los marchistas de la IX marcha lo anticiparon con todo acierto cuando, hace un año, afirmaban que el Gobierno inventaría 50, 80, 100 o el número de comunidades que sea necesario para que las que realmente habitan y son propietarias de ese territorio queden en minoría.
Eso es precisamente lo que anuncia la propaganda del Gobierno y las declaraciones de sus personeros, primero al afirmar que no son 67 sino 70 y luego 80 las comunidades que deben ser consultadas; después, que ya 43 comunidades han sido consultadas y que de ellas sólo una se opone a la carretera, y, finalmente, que la consulta ya triunfó y que la mayoría de las comunidades ha aceptado la carretera.
De los datos brindados por el Gobierno, primero se confirma la aberrante inclusión, en la falsa consulta, de las comunidades vecinas agrupadas en Conisur, a las que, en cualquier caso, cabría consultarles si quieren que la carretera pase por sus tierras, y en ninguno si quieren que pase por las tierras ajenas del territorio indígena TIPNIS.
Es contando a los colindantes afiliados de Conisur que los datos gubernamentales llegan a la inicial contabilidad de 67 comunidades. ¿Con cuáles llegarán a las 80 anunciadas?, es un absoluto misterio que, no obstante, la ciencia ficción del cinismo gubernamental puede resolver con mucha agilidad y soltura. Pero, además, independientemente de la agregación ficticia de comunidades en sus listados oficiales, han necesitado inventar también la voluntad de varias comunidades existentes dentro del territorio indígena, como varias del río Isiboro que, habiendo sido incluidas en el listado de 43 comunidades ya consultas según el ministro de Obras Públicas, en la realidad han rechazado absoluta y activamente la consulta fraudulenta.
La simple verdad es que el título ejecutorial del año 2002 otorga la propiedad comunitaria del área respectiva, en calidad de TCO, a 47 comunidades identificadas expresamente. Desde aquel año, de la misma población de esas comunidades beneficiarias se han constituido tres o cuatro comunidades nuevas, las cuales, según la previsión legal, participan de la propiedad comunitaria de la TCO con las otras 47. Es a estas 50 ó 51 comunidades a las que, por el más elemental sentido de justicia y criterio de derecho, corresponde en este caso la exclusiva titularidad del derecho constitucional a la consulta. Pero de todas estas comunidades, el Gobierno, con todos sus recursos y dinero, sólo ha logrado “consultar” a no más de 15, y a la mayoría de ellas, como las del Alto Sécure, mediante la deplorable coacción que ha supuesto condicionar la reposición de las autorizaciones para proyectos productivos al rechazo de la intangibilidad en la consulta fraudulenta, con la arbitraria inferencia gubernamental de significar la aceptación de la carretera.
La necesaria e impostergable pregunta es si el Gobierno está siendo capaz de tan gigantesco y descarado fraude, causando el repudio generalizado de la ciudadanía, comprometiendo sensiblemente su imagen y convocatoria electoral, y con aval del Tribunal Electoral, ¿no será también capaz, dado su feroz apetito de poder y el riesgo de no poder satisfacerlo por su creciente impopularidad, del fraude en las elecciones de 2014? En todo caso, está visto que carece de los reparos éticos que se lo impidan, y goza de los medios institucionales que se lo permitan.
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