Carlos Miranda Pacheco - El ingreso de nuestro país, desde 1999, al comercio internacional de gas en grandes volúmenes constituye un hecho económico de trascendental importancia comparable con el descubrimiento de plata en Potosí y la veta “Salvadora” de estaño en Catavi.
Lamentablemente, el acceso pleno al comercio internacional fue truncado al no haberse logrado la exportación de gas liquificado (LNG). El contar con instalaciones en la costa del Pacífico, nos habría permitido exportar gas a cualquier parte del mundo. Ahora nuestros mercados son los países limítrofes. El contrato de venta al Brasil, más el actual con Argentina, han logrado ingresos nunca esperados.
Desde el 2005 las exportaciones de gas han sumado 18.000 millones de dólares y, a su vez, el Estado ha contado con 11.033 millones de dólares de ingresos fiscales.
Aquí valga una aclaración. Todos esos ingresos no son fruto de la llamada “nacionalización de los hidrocarburos”. Han sido posibles por contar con reservas descubiertas y tener un contrato con cláusulas de precios ligadas a los del petróleo; mas la aplicación de la Ley 3058 que elevó la tributación y fundamentalmente la elevación de los precios internacionales del petróleo a niveles casi inimaginables.
El fin de esta bonanza podría estar cercano. El contrato de compraventa con Brasil es hasta el 2019, a la vuelta de la esquina. El contrato con Argentina es hasta el 2026, también en la próxima esquina.
En estos años la exploración básica ha desaparecido y la perforación de pozos exploratorios ha sido mínima y poco exitosa.
Como era de esperarse, no se han incrementado las reservas. Ajustadamente alcanzarían para cumplir el mercado interno y los dos contratos de exportación vigentes.
Consciente del problema, YPFB está tratando de incrementar la exploración con inversión extranjera.
Desde marzo pasado, con documentos muy mal traducidos al ingles, YPFB ha recorrido el mundo haciendo presentaciones en reuniones equivocadas, ofreciendo 15 áreas que suman 3,5 millones de hectáreas para la suscripción de contratos de servicios o estudios (mal traducidos como “Research Agreements”).
En esas presentaciones, YPFB ha descrito y hecho entrega de información técnica básica de cada área ofertada y señaló los procedimientos para obtener mayor información. Asimismo, se difundió un calendario para fechas de consulta y suscripción de documentos finales. De acuerdo a ese calendario, deberíamos estar firmando contratos.
Lamentablemente, hasta agosto no se habría logrado interesar a ninguna compañía petrolera fuera de las que están operando en el país. Tres de estas últimas firmarán convenios de estudios para algunas de las áreas ofertadas. Ninguna compañía está interesada en un contrato de servicio.
Para que una compañía petrolera estatal o privada decida invertir en nuestro país, sus intereses y lo que se les ofrece debe pasar por tres tamices: el técnico de posibilidades reales de existencia de hidrocarburos, otro de los mercados para la futura producción y el tercero sobre los aspectos legales, impositivos y políticos del país.
La información técnica presentada y la que se podría adquirir de YPFB razonablemente señalarían que existe el potencial de reservas a ser descubiertas. Por otro lado, un examen de los mercados de Argentina y Brasil muestra que continuarán siendo mercados en competencia con el LNG.
Las condiciones generales del país para la inversión extranjera son negativas. Existe una actitud política anti-inversión en el Gobierno, no existe un sistema de protección a la inversión ni en solución de disputas. La Ley de Hidrocarburos no favorece la inversión extranjera, al contrario, le pone todo tipo de trabas. Finalmente, la Constitución Política del Estado ampara y favorece, fuera de todo lo razonable, los intereses de los pueblo originarios.
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