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martes, 10 de julio de 2012

nuevo escándalo en YPFB, al parecer le toca a Villegas y quizá a Evo que "autoriza todas las transacciones" como compra de terrenos a cocaleros...


Está en duda la transparencia del proceso de adjudicación para construir las plantas separadoras de líquidos de Río  Grande y Gran Chaco, tras descubrirse que dos altos ejecutivos  de Yacimientos Petrolíferos fiscales Bolivianos (YPFB), ahora en prisión, están acusados de uso indebido de bienes públicos, enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias ilícitas y otros delitos.
Se trata de Gerson Rojas Terán, exgerente nacional de Plantas de Separación de Líquidos, quien según su propio testimonio tenía la confianza del presidente de la estatal, Carlos Villegas; y Agustín Ugarte Méndez, miembro de la comisión calificadora. El primero está internado en Palmasola y el segundo en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
La Fiscalía cruceña anunció que investigará la licitación de los dos proyectos y convocará a declarar a la comisión de adjudicación que llevó adelante el proceso. El Ministerio Público dijo se sancionará a las empresas involucradas en el ilícito, si se comprueba algún delito.

Directamente con Villegas. El caso de corrupción salió a la luz "a raíz de la triple colisión de una movilidad Toyota con placa de circulación KKL-2841 en fecha 17 de junio de 2012, conducido por Gerson Rojas en la localidad de Yapacaní, Santa Cruz", según una nota de prensa de YPFB.
En sus primeras declaraciones, el exejecutivo dijo a la Policía que respondía directamente, al presidente de YPFB, Carlos Villegas.
“Desde que inicié mis funciones tengo trato directo con el ingeniero Villegas. Incluso por encima de la autoridad del vicepresidente Nacional de Operaciones, Mario Salazar”, afirmó el imputado, en sus primeras declaraciones a la Policía, a las que El Día tuvo acceso.
Tanto Rojas como Ugarte tenían cajas de seguridad en el Banco Mercantil Santa Cruz. En una de ellas, el 5 de julio, con orden judicial, se encontró $us 90 mil, mientras la otra estaba vacía. Antes, Ugarte había retirado del banco $us 400 mil.

Citarán a 18 personas. Carlos Candia,  fiscal anticorrupción, señaló que de acuerdo al testimonio, Ugarte, las empresas: AESA (A-Evangelista S.A.) de Argentina y la española Técnicas Reunidas, habrían sido favorecidas por estas personas, que tenían una buena posición en la pirámide administrativa de YPBF.
La primera ganó la construcción de la planta de Río Grande con un costo de supervisión (a cargo de Bolivia Petróleo y Gas Consultores) y construcción de $us 163,96 millones.
La segunda, se adjudicó las obras para Gran Chaco, por $us 498,65 millones, en octubre del año pasado. Sin embargo, el precio referencial fue fijado en 523,01 millones.
El jurista dijo que se investigará el proceso de licitación y se convocará a las 18 personas que formaban parte de la Comisión de calificación. Los proyectos fueron  adjudicados cuando Rojas ocupaba la gerencia Nacional de Plantas de Separación de Líquidos y Ugarte era alto comisionado de la Comisión de Adjudicación.

Revisión de contrato. 
 Consultado si este tipo de actos  podrían derivar en la disolución de los contratos de estos proyectos por daño económico al Estado, el fiscal de Distrito, Isabelino Gómez, fue ambiguo en sus comentarios.
El jurista dijo que aún es prematuro determinar esa figura. Sin embargo, los proyectos están en plena ejecución. "La nulidad del contrato se establece de acuerdo al procedimiento. Hay indicios penales...No podemos poner en tela de juicio un contrato, por los delitos que hayan cometido, dos personas. Porque  no se puede dañar la imagen de YPFB, como institución del Estado", dijo Gómez.  

Ugarte bajo resguardo. Ugarte guarda detención en la celdas de la Felcc. La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Santa Cruz, dispuso dar mayor seguridad al imputado, que se ha convertido en el principal testigo del caso.
De acuerdo a las primeras investigaciones realizadas por la justicia, él habría admitido haber recibido la suma de Bs 100.000 para favorecer a las empresas que se hicieron cargo de los proyectos.   

Empresas están en otros proyectos estatales. Las empresas cuestionadas participaron en otros proyectos estatales o están interesados en hacerse de obras gubernamentales.
Por ejemplo, AESA (A-Evangelista S.A.)  construyó y puso en marcha la Unidad de Remoción de Contaminantes (URC) en el Bloque San Alberto, en  Tarija, para la empresa Petrobras Bolivia S.A.
Por otro lado, el consorcio ítalo-español Técnicas Reunidas ha mostrado interés de adjudicarse el diseño, ingeniería, procura, construcción, puesta en macha, operación y mantenimiento asistido de las plantas de amoniaco y urea, ubicadas en el municipio de Entre Ríos, Cochabamba.

YPFB calla
.- La cúpula mayor de YPFB evitó ayer dar mayores detalles sobre el relación de Villegas con Rojas y  respecto a la transparencia de los procesos de adjudicación para adjudicar los proyectos con una inversión de más de $us 770 millones.
La unidad de prensa de la estatal llamó a El Día para informar que hoy el presidente de YPFB dará una conferencia al respecto. Se quiso consultar si el ejecutivo daría a conocer su relación con los ejecutivos, pero ninguno de los funcionarios de comunicación contestó su teléfono. Uno de ellos dijo que estaba de vacaciones y que se había enterado de los pormenores del caso.

Comisión. 
Se tiene previsto que la comisión del Gobierno llegue a Santa Cruz, a inspeccionar el avance de las obras en la planta de Río Grande.
Corrupción
La historia ¿se vuelve a repetir en YPFB?
Caso Catler. La historia parece repetirse con la planta separadora de licuables Río Grande. La primera vez fue el caso Catler con la pérdida de millones de dólares. Hasta ahora no se tiene informes sobre el monto efectivo que se recuperaron de los 40 millones de dólares que YPFB depositó a una cuenta de una empresa, Gulsby, con la que no tenía ninguna relación contractual. Ahora, las investigaciones oficiales se enfocan en la empresa argentina que se adjudicó y firmó contrato para instalar la planta Río Grande. Además de los responsables del proceso de adjudicación.
 Esta es la segunda ocasión que se contrata, y aun cuando ahora ya están en obras, igual vuelve la sombra de la duda. En septiembre del año pasado empezó la construcción de Río Grande con el desmonte para las obras civiles de la planta, ubicada en la provincia Cordillera de Santa Cruz.
 Pero por conflictos con el pueblo guaraní, el plazo volvió a modificarse para el primer semestre del 2013.  Falta saber si la planta seguirá con la misma contratista, si se detendrá o si YPFB volverá a la tercera licitación.
 

Caso Catler
En febrero Gerente de Catler Uniservice, Jorge O'Connor D'Arlach, fue asesinado y le robaron 450.000 dólares que era una coima para Ramírez por la adjudicación de la construcción de una planta separadora del líquidos en Campo Río Grande, por $us 86 millones
Caso Catler 2
El 7 de junio los funcionarios de YPFB Gerson Rojas y Augusto Javier Ugarte, fueron detenidos por actos de corrupción. En cajas de seguridad, según las investigaciones, tenían aproximadamente  $us 490.000

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