Una vez más los integrantes de la IX marcha de los pueblos indígenas del oriente en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) han dado muestras de tener la capacidad de unir la defensa de sus principios con la habilidad política de reconocer cuándo es necesario modificar tácticas para, de esa manera, evitar la violencia fratricida sin tener que arriar banderas. Es decir, estas personas y sus representantes han dado una lección de cómo practicar la política entendida como el arte de servicio al bien común.
Tanto la marcha que han realizado desde los llanos benianos hasta La Paz, en medio de una abierta hostilidad de las organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) y de un clima adverso, como la imposibilidad de dialogar con el Presidente del Estado o sus representantes que más bien ejercitaron diversas formas de hostilidad, intentos de división y represión, dan cuenta de la legitimidad de su principal demanda, que es la defensa del territorio en el que habitan.
Por ello y pese a la insistencia del discurso oficial, su esfuerzo no ha sido vano ni ha concluido en fracaso. El país sabe, gracias a su movilización, que esos ciudadanos han sido, en verdad, traicionados por un aliado al que, además, ayudaron a alcanzar el poder. Más han valido, como sucedió en el periodo decadente del viejo sistema político-partidario derrotado en 2003, las alianzas particulares y sectarias que la búsqueda del bien común.
Es decir, lo que han logrado los marchistas es develar en su cruda dimensión cómo el poder y su ejercicio transforman actitudes, principios y solidaridades.
Desde la óptica del poder, es posible que sus operadores consideren que han obtenido una victoria al ver a los marchistas retornar a su territorio sin lograr que el Gobierno, en un intento por recobrar confianza, reponga lo que suscribió en septiembre pasado al hacer aprobar la Ley 180, que declara la intangibilidad del Tipnis y, en consecuencia, dispone que no se construya ninguna carretera que lo atraviese, ley que, por lo demás, fue declarada constitucional por el Tribunal Constitucional. Más bien, consideran que su tardía propuesta, avalada por la Ley 222, declarada como constitucional condicionada por el Tribunal, de realizar una consulta previa para la construcción de esa vía, saldrá exitosa y, así, poder satisfacer la demanda de dos sectores que son sus principales aliados: los productores de coca de Chapare y los colonizadores, hoy autodenominados interculturales.
Sólo el tiempo permitirá comprobar ese extremo. Lo que sí se puede afirmar es que con esa actitud las autoridades han abierto una herida que, por un lado, será difícil de restañar y, por el otro, ha generado rupturas de alianzas con diversos sectores sociales y políticos que, por lo menos en el mediano plazo, serán difíciles de reconstruir porque han roto un elemento básico de la relación política: la confianza, sin la cual, como demuestran muchas experiencias, poco o nada se puede crear.
Además, esta experiencia —que, en todo caso, no ha llegado a su fin— permite observar que es muy difícil amalgamar la moral con el poder, más allá de la ideología o la clase que predomine.
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