El dirigente de la Subcentral del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Fernando Vargas, presentó este miércoles un recurso de Amparo constitucional contra la continuidad del proceso de consulta para la construcción de la carretera a través de esa reserva, la cual viene siendo promovida por el Gobierno.
El recurso, presentado ante el Tribunal Departamental de Chuquisaca, se basa en el hecho de que el Gobierno y otras instancias oficiales, como el Tribunal Electoral y las presidencias de ambas cámaras, no habrían adecuado su actuación al proceso de concertación dispuesto por el Tribunal Constitucional en su sentencia del 18 de junio del mes de junio.
“No se puede eludir lo dispuesto por el Tribunal Constitucional Plurinacional que suspendió la consulta previa mientras tanto no se concerte con los pueblos indígenas el contenido del proceso y sus procedimientos”, sostiene el memorial presentado a última hora de esta tarde por Fernando Vargas.
El Tribunal Constitucional Plurinacional declaró la “inconstitucionalidad condicionada del artículo primero de la ley 222” e instó al Estado y a los actores a promover un diálogo a objeto de encontrar una solución al conflicto.
Vargas recordó en su petitorio que el propio presidente del TCP, Ruddy Flores, había señalado a medios de prensa que el Estado no podía continuar con el proceso de la consulta y pidió a las partes adecuar su accionar “a los términos de la sentencia”.
“El gobierno no sólo que ha continuado con su accionar unilateral autoritario y prebendal destinado a imponer su consulta a los pueblos indígenas, sino que ha venido actuando públicamente en contra de la demanda de diálogo y concertación reclamadas precisamente por los pueblos indígenas que participaron de la IX marcha”, afirma Vargas en su demanda.
“Este accionar gubernamental autoritario y represivo conlleva expresamente el incumplimiento y violación de la sentencia Constitucional tanto en sus fundamentos como en su parte resolutiva, ya que el gobierno ha rechazado expresamente y de manera pública todo diálogo y concertación con la representación indígena de la subcentral”, agrega el texto.
Asimismo, Vargas denuncia una “acción de difamación, desprestigio y descalificación” del gobierno hacia dirigentes indígenas, a quienes, -dijo- inclusive el Gobierno, “en actitud infame, ha calificado como delincuentes, traficantes y golpistas”.
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