deshonesta porque si bien preguntará a los dueños del TIPNIS, también lo hará a los cocaleros que invadieron el territorio y producen coca para cocaína. consulta que debió ser "previa" antes de construir la obra y están resultado "post que equivale a tardía, fuera de lugar"

El Gobierno del presidente Evo Morales está adquiriendo una costumbre que podría tener consecuencias negativas para el futuro del país, comenzando por sus instituciones: ha decidido resolver los conflictos que se le presentan consultando a quienes tienen derechos legales y también a los asaltantes.
Eso ha ocurrido en las minas Colquiri y Mallku Khota en el altiplano y ahora está por ocurrir en el Tipnis, donde la consulta sobre el futuro del parque será hecha a los originarios, que son los propietarios de ese ‘territorio indígena’, pero también incluirá a los cocaleros que lo invadieron.
La consulta ha sido definida como constitucional por el Gobierno, porque está respaldada por una ley, aunque no toma en cuenta que existe otra que dice lo contrario, además de una sentencia del Tribunal Constitucional que ordena que la consulta sea hecha solo después de una ‘concertación’.
Aparte de estos detalles legales, lo que molesta a los bolivianos es que el Gobierno nacional esté actuando de manera deshonesta en este caso, porque está usando todos los recursos del Estado, incluido el Ejército nacional y la Policía, para influir en el resultado de la ‘consulta’.
El propio presidente Evo Morales ha estado haciendo regalos millonarios a los habitantes del parque para que aprueben la construcción de una carretera que ha sido diseñada para partir en dos el territorio indígena, abriendo el camino para que todo ese parque se convierta en un nuevo Chapare. 
Se supone que el Gobierno tiene una propuesta para la carretera, y que por ello es parte  interesada en esta consulta. Por ética elemental, para la cual no hace falta tener estudios académicos, las autoridades debieran abstenerse de influir en los resultados. Pero, eso sí, tendría que  haber descartado de manera terminante usar recursos públicos para influir en los resultados de esta consulta en la que es parte interesada. Todo indica que, en algunos casos, en política no se debe hablar de ética. 
Dice el Gobierno a este respecto que tomará todas las previsiones para que el parque no termine invadido por los cocaleros. Olvida que las 200.000 hectáreas que fueron habilitadas por el propio Gobierno en el parque para uso de los ‘colonizadores’ han sido copadas por los cocaleros, sin que nadie hubiera podido hacer algo para evitarlo.
En efecto, el ministro de Gobierno ha admitido que el Estado boliviano no puede evitar el avance de los cocales en el territorio nacional. El propio Chapare no fue penetrado por una carretera con la intención de que se convierta en un territorio cocalero, pero así terminó siendo, sobre todo por la influencia del actual presidente Morales.
En esta circunstancia se está viviendo el momento en el cual se define el destino del parque. Las generaciones del futuro sabrán reconocer el instante en que se determinó la destrucción de un parque, sólo porque un Gobierno se negó a que el trazado de la carretera sea fijado de tal manera que se asegure la preservación del parque. Las generaciones futuras sabrán a quiénes aplaudir o a quiénes reprochar.