En los años '50, cuando el petróleo comenzó a producirse en cantidades considerables en Bolivia, lo primero que se pensó fue en exportarlo y fue así que se construyeron los oleoductos "Camiri-Yacuiba" y "Sica Sica-Arica". A nadie se le pasó por la cabeza que los hidrocarburos hubieran servido para generar desarrollo dentro del país.
En aquellos tiempos, Camiri se convirtió en la capital petrolera del país; sin embargo, aquella población chaqueña apenas pudo tener energía eléctrica y agua potable confiables en los años '80 y la carretera que la conectó con el sur del país y con Santa Cruz llegó en los '90. El centralismo acarreó toda la plata a La Paz y allá se quedó para alimentar la costosa burocracia estatal que siempre ha utilizado la cantaleta de la distribución de la riqueza para acapararlo todo. Bolivia comenzó a exportar gas a Argentina en los años '60 y, desde entonces, la nación vecina se convirtió en el país más "gasificado" del mundo; es decir, prácticamente no hay vivienda que no cuente con el gas domiciliario y, por supuesto, todas las industrias lo tienen, las granjas, los pequeños establecimientos productivos como panaderías y restaurantes, además de que no hay taxi o cualquier vehículo liviano usado con fines comerciales que no esté equipado con un sistema de gas.
En los años '70, Bolivia descubrió que estaba situado sobre una "gran garrafa de gas" y se iniciaron los planes de exportación a Brasil, negocio que se concretó en los años '90. Vino la capitalización, la gran avalancha de petroleras, se incrementaron las reservas y las amas de casa bolivianas continuaron –como siguen ahora- peregrinando con sus garrafas de GLP a cuestas para poder cocinar. Tuvo que ser una empresa privada a principios del nuevo milenio la que se dedicó a promocionar el uso de gas natural vehicular, ya que todas las promesas del Gobierno –incluyendo al actual- de "gasificar" el parque automotor cayeron en el olvido. Paradójicamente, ha sido el Estado el que le puso trabas a aquella compañía que dejó de operar, con el pretexto de que sería el sector público el encargado de impulsar el GNV, pero todo fue una farsa que escondía en realidad la falta de gas para atender la creciente demanda.
En el 2005, el MAS propuso una revolución consistente en devolverle el gas a los bolivianos. Había suficientes evidencias de que este recurso nunca había beneficiado al país y menos a los sectores empobrecidos. No había cómo dejar de apoyar ese cambio, pues además de promover mayor equidad en la distribución de los ingresos, que anteriormente se los llevaban las compañías extranjeras, se proponía la industrialización del gas, de tal manera de sacarle más provecho y utilizarlo como el motor del desarrollo nacional.
En la Constitución Política del Estado se puso muy claramente que el mercado interno tiene prioridad; sin embargo, hoy –que hace mucho frío-, las granjas del país se ven obligadas a pagar un sobreprecio por el gas licuado para evitar que sus pollos se mueran. Obviamente ese costo lo pagan los consumidores. En Argentina o Brasil no pasa lo mismo.
Como se sabe, muchas industrias en el país están paralizadas por falta de gas. Y precisamente el pasado miércoles, cuando el presidente Morales le confirmaba a su colega argentina Cristina Fernández que Bolivia incrementará sus exportaciones de gas a aquel país, la empresa Jindal anunciaba el abandono del proyecto Mutún, el mayor de la historia de la minería del país. Todo por falta de gas.
En 2005, el MAS propuso una revolución consistente en devolverle el gas a los bolivianos. En la Constitución se puso muy claro que el mercado interno es prioridad, pero la realidad es algo distinta.
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