Es muy arriesgado que el Gobierno decida arremeter con la consulta en el TIPNIS como si se tratara de un acto de conquista de talante aventurero, al estilo de los adelantados que con arma en mano incursionaron en estos territorios hace 500 años. No sólo han pasado cinco siglos y se abrieron muchas heridas que todavía no han sanado. La humanidad aún tiene una deuda muy grande que pagar y precisamente la consulta previa a los pueblos indígenas debía ser una manera de restablecer el respeto hacia los dueños de esta tierra, que han permanecido ignorados y abandonados durante tanto tiempo.
La consulta que intenta llevar adelante el Gobierno es extemporánea y llena de errores de procedimiento. Está rodeada de chantaje, engaños y muchas trampas, lo que hace pensar que sus impulsores están dispuestos a cualquier cosa con el fin de alcanzar el objetivo previsto de construir la carretera por el interior del parque Isiboro-Sécure.
Pese a que la consulta prevé todo un proceso para alcanzar el consenso entre los interesados, el Gobierno apenas lo ve como una simple encuesta a mano alzada, que seguramente será manipulada con el uso de prebendas y el amedrentamiento militar. Todo este clima es un poderoso caldo de cultivo para el enfrentamiento y desafortunadamente, después de tanto abuso y provocación, los indígenas parecen también dispuestos a todo para proteger su territorio y la vida de sus familias.
Las autoridades deberían escuchar el clamor de numerosas instituciones y organismos que han solicitado postergar la consulta hasta que se aclaren las cosas y el Gobierno mismo brinde las garantías de transparencia que mantiene a los pueblos originarios en estado de emergencia y desconfianza frente a cualquier movimiento gubernamental.
Las Fuerzas Armadas, cuyas manos están manchadas de sangre con tantos conflictos del pasado, deberían pensar muy bien antes de prestarse a este juego siniestro, del que no han querido participar entidades como la OEA o la ONU, porque no quieren ser cómplices de la patraña armada por ciertos aventureros ligados al Palacio Quemado.
La Iglesia Católica se ha ofrecido a interceder para que todo este proceso se produzca en paz, sin embargo, desde la Presidencia han respondido con descalificativos que sólo agregan más elemento caldeado al problema.
Si bien los indígenas han lanzado advertencias apocalípticas en relación a la consulta, no han dejado de insistir en los mecanismos legales para hacer prevalecer la justicia y las normas constitucionales. El pasado miércoles presentaron un amparo ante el Tribunal de Justicia de Chuquisaca, luego de que no se cumpliera el fallo del Tribunal Supremo que insistía en el consenso como requisito indispensable de la consulta.
Las autoridades judiciales tienen el deber de pronunciarse cuanto antes porque de esta manera ejercerán presión sobre la necesidad de buscar el diálogo y restablecer la cordura en este asunto que lleva casi dos años consumiendo las energías del Estado y el interés de la opinión pública.
Otro de los llamados a intervenir para exigir respeto entre las partes es el Tribunal Supremo Electoral. Ellos mejor que nadie saben que no existen las garantías para que se produzca una libre expresión de los involucrados y su deber es manifestarlo ante la población y dejar su actitud de complicidad aparentemente inocente frente al Órgano Ejecutivo. Estamos ante un riesgo muy grande de enfrentamiento y derramamiento de sangre. Hay que actuar pronto y con la firmeza necesaria.
La consulta que intenta llevar adelante el Gobierno es extemporánea y llena de errores de procedimiento. Está rodeada de chantaje, engaños y muchas trampas, lo que hace pensar que sus impulsores están dispuestos a cualquier cosa con el fin de alcanzar el objetivo previsto de construir la carretera por el interior del parque Isiboro-Sécure.
Pese a que la consulta prevé todo un proceso para alcanzar el consenso entre los interesados, el Gobierno apenas lo ve como una simple encuesta a mano alzada, que seguramente será manipulada con el uso de prebendas y el amedrentamiento militar. Todo este clima es un poderoso caldo de cultivo para el enfrentamiento y desafortunadamente, después de tanto abuso y provocación, los indígenas parecen también dispuestos a todo para proteger su territorio y la vida de sus familias.
Las autoridades deberían escuchar el clamor de numerosas instituciones y organismos que han solicitado postergar la consulta hasta que se aclaren las cosas y el Gobierno mismo brinde las garantías de transparencia que mantiene a los pueblos originarios en estado de emergencia y desconfianza frente a cualquier movimiento gubernamental.
Las Fuerzas Armadas, cuyas manos están manchadas de sangre con tantos conflictos del pasado, deberían pensar muy bien antes de prestarse a este juego siniestro, del que no han querido participar entidades como la OEA o la ONU, porque no quieren ser cómplices de la patraña armada por ciertos aventureros ligados al Palacio Quemado.
La Iglesia Católica se ha ofrecido a interceder para que todo este proceso se produzca en paz, sin embargo, desde la Presidencia han respondido con descalificativos que sólo agregan más elemento caldeado al problema.
Si bien los indígenas han lanzado advertencias apocalípticas en relación a la consulta, no han dejado de insistir en los mecanismos legales para hacer prevalecer la justicia y las normas constitucionales. El pasado miércoles presentaron un amparo ante el Tribunal de Justicia de Chuquisaca, luego de que no se cumpliera el fallo del Tribunal Supremo que insistía en el consenso como requisito indispensable de la consulta.
Las autoridades judiciales tienen el deber de pronunciarse cuanto antes porque de esta manera ejercerán presión sobre la necesidad de buscar el diálogo y restablecer la cordura en este asunto que lleva casi dos años consumiendo las energías del Estado y el interés de la opinión pública.
Otro de los llamados a intervenir para exigir respeto entre las partes es el Tribunal Supremo Electoral. Ellos mejor que nadie saben que no existen las garantías para que se produzca una libre expresión de los involucrados y su deber es manifestarlo ante la población y dejar su actitud de complicidad aparentemente inocente frente al Órgano Ejecutivo. Estamos ante un riesgo muy grande de enfrentamiento y derramamiento de sangre. Hay que actuar pronto y con la firmeza necesaria.
Las autoridades deberían escuchar el clamor de numerosas instituciones y organismos que han solicitado postergar la consulta hasta que se aclaren las cosas.
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