Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es escenario, una vez más, de la presunta comisión de actos de corrupción y, ante las denuncias, como ya sucedió antes, se promete aplicar la ley "hasta las últimas consecuencias" y "caiga quien caiga", como ha dicho su presidente interino
Pero, dados los antecedentes en la administración de la empresa estatal, el escepticismo se adueña del sentimiento ciudadano, pues, más allá de la propaganda oficial, hasta ahora lo que se ha hecho es encontrar chivos expiatorios para eludir una investigación a fondo y dar con los responsables intelectuales y materiales de los delitos. Hay muchos ejemplos que confirman esa afirmación y que se han presentado desde los inicios de esta gestión, como demuestran los sucesivos cambios de presidentes de YPFB, precisamente por denuncias de irregularidades.
Esa realidad, que aparentemente no respeta ideología alguna, obliga a que se diseñen estructuras que permitan una administración transparente de la empresa y que ésta se adecue a lo que norman la Constitución y las leyes sectoriales. De hecho, es inadmisible que el Gobierno no haya nominado al Presidente de YPFB siguiendo el procedimiento constitucional vigente que exige que los diputados de la Asamblea Legislativa presenten una terna al Primer Mandatario. Los sucesivos presidentes de esta empresa "estratégica" del Estado son personas elegidas directamente por el Presidente y, por tanto, se trata de ejecutivos interinos (incluyendo el actual).
Asimismo, violentando la Constitución, el presidente interino y su directorio han invadido campos ajenos, como es el caso de la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) que debía ser la responsable de la construcción de las plantas separadoras de gas que, ayer como hoy, son el objeto de las denuncias de corrupción.
En el fondo, el tema de debate debe ser si en Bolivia podremos crear una empresa estatal petrolífera que sea eficiente y transparente, al estilo, por ejemplo, de la brasileña Petrobras. Esto, empero, requiere cumplir varios requisitos. El principal es que deje de ser considerada un botín de los circunstanciales inquilinos del Palacio Quemado. Otro, que se establezcan racionales criterios de contratación de personal, dando prioridad a los méritos y no a las afinidades ideológicas.
Mientras se mantengan las cosas como hasta ahora será difícil, sino imposible, hacer de YPFB una empresa eficiente, con personal técnico idóneo que es lo que el país requiere y, lo fundamental, que es lo que el Gobierno en funciones ha prometido. Y no se trata sólo de transferencias de recursos que hace al Tesoro, que por las disposiciones en vigencia y no por mérito propio son cuantiosos, sino de recuperar la posibilidad de que el país vuelva a ser un centro de distribución de energía en la región, cualidad perdida por una serie de errores de conducción empresarial que, lamentablemente, no se quiere reconocer.
En fin, el nuevo caso de presunta corrupción que se ha presentado en YPFB debería ser aprovechado para, por un lado, depurar la empresa de personal inadecuado mediante una investigación transparente (y no "reservada", como quiere el Ministerio Público) y, por otro, dar un giro radical a su administración con el propósito de convertirla, de verdad, en una empresa estratégica del Estado boliviano.
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