El presidente de YPFB aseguró que la investigación por corrupción en esa empresa estatal no requiere hacer escándalo. Podrá ser cierto, pero el país necesita saber por qué no se investigó el incremento de precio de la Planta Separadora de Río Grande. En efecto, la planta pudo haberse construido por cerca de 100 millones de dólares y podría haberse concluido hace un año. Hubo una propuesta preliminar de Gulsby, que se presentó a requerimiento de YPFB. Luego de la auditoría técnica de rigor, se validó la propuesta tras constatarse que el proceso de la ‘procura’ (compra de los productos) tenía un avance cercano al 80%. Hoy, la planta llega a costar cerca de 170 millones de dólares, sin sumar las órdenes de cambio que va cobrando AESA; sería interesante saber cuál va a ser el precio final.
Vamos al caso actual. Es pertinente cuestionar por qué YPFB demoró tanto en denunciar el hecho. El gerente nacional de Plantas Separadoras, Gerson Rojas, se accidentó el 17 de junio pasado. Recién el 27, YPFB se querelló contra el funcionario y pidió su detención preventiva, aunque solo por uso indebido de bienes del Estado.
Se sabe que el 28 de junio YPFB inició una investigación propia e inventarió la oficina de Gerson Rojas (debió hacerse ante notario público y Fiscalía). Allí encontraron un recibo bancario por pago de alquiler de cajas de seguridad del Banco Mercantil Santa Cruz, y también se habría encontrado un sello personal del presidente de la empresa contratista. El problema es que habrían informado acerca de lo descubierto recién 10 días después, cuando se enteraron de que la Fiscalía ampliaba investigaciones sobre posibles cuentas de cajas de seguridad en un banco y manejara datos sobre presunto pago de coimas por la adjudicación de la Planta Separadora de Río Grande a favor de la empresa argentina AESA. Así, el 4 de julio, YPFB solicita que se amplíe la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Esta situación no es normal; nada evita pensar que en esa ‘pesquisa’ pueden haber desaparecido evidencias. Hay mucho que aclarar; precisamos conocer por qué recién el 7 de julio, casi 20 días después del accidente, YPFB se querelló contra Agustín Ugarte por complicidad en enriquecimiento ilícito.
Más preguntas: ¿por qué el hecho se mantuvo en reserva tantos días? ¿Por qué demoró YPFB en querellarse contra los presuntos responsables del cobro de comisiones? Es importante saber por qué en YPFB se sigue trabajando como si nada hubiese ocurrido, cuando hay serios indicios de corrupción. A nadie se le va a ocurrir pensar que solo dos personas manejaron el mecanismo de sobreprecios al margen del sistema contable y de análisis de la estatal.
Una pregunta más: por qué Carlos Villegas permitió que la fiscalización del proyecto Río Grande hubiera sido adjudicada a Bolpegas, donde el gerente de Ingeniería es Carlos Rojas Terán, hermano de Gerson Rojas Terán, cuando es sabido que, según los contratos modelos de YPFB, no deberá haber ningún grado de parentesco entre funcionarios de la estatal con los de las empresas adjudicatarias.
Todas las preguntas son pertinentes, tan pertinente como informar al fiscal y al contralor que Carlos Villegas es la máxima autoridad ejecutiva (MAE) en todos los contratos que ejecuta YPFB, y que, si la Contraloría, la Fiscalía e incluso el Ministerio de Transparencia decidieran realizar una investigación transparente, deberían suspender a todas las autoridades que de una u otra manera tienen que ver con el asunto.
(*) Periodista
carval@carlosvalverde.com
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