nueva forma de estafa. compran terrenos para revenderlos a YPFB a precios elevados. abogado mafioso está detenido. informe de YPFB

Mónica Ramírez asesora muestra documentos fraudulentos en YP

La Policía detuvo ayer a un cuarto implicado en el supuesto caso de corrupción en el proceso de licitación de las Plantas Separadoras de Líquidos de Río Grande y Gran Chaco de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El nuevo involucrado es Marcelo Oña Cuéllar, miembro de la comisión de calificación de ambos proyectos y asesor legal de la Gerencia Nacional de Plantas Separadoras de Líquidos (GNPSL), quien fue contratado por Gerson Rojas, exresponsable de esa gerencia, que es acusado de recibir dinero para avalar la contratación de la empresa Astra Evangelista (AESA), que se adjudicó la construcción de dicha planta por $us 159 millones. El jurista, según informó la propia petrolera, adquirió de forma ilegal los predios del proyecto de Gran Chaco, por un valor de $us Bs 8,8 millones.   

Ilegal. Mónica Ramírez, asesora legal de YPFB, señaló que siguiendo el proceso investigativo, se revisaron todos los contratos suscritos por Rojas y se detectó anomalías en la adquisición del terreno para la construcción de la Planta de Separación de Líquidos Gran Chaco, en Tarija.

Según Ramírez, Oña, con el aval de Rojas, adquirió 479 hectáreas con 1.035 metros cuadrados de extensión sin que estén saneados, dando un anticipo de Bs 8,8 millones, por un valor total de Bs 9,7 millones. "Tras revisar la documentación, se observó irregulares por parte del abogado del exgerente Gerson Rojas, que solicitaron poderes a objeto de que sean ellos los representantes de los vendedores de los lotes de terreno, quienes a su vez le otorgan las tierras a su amigo", explicó Ramírez.

Detenidos. Hasta el momento son cuatro las personas detenidas por la justicia en el caso. Tres fueron llevadas ante un juez y están encarceladas de forma preventiva en cárceles de Santa Cruz y La Paz. El primero en caer fue Gerson Rojas, a quien le siguió Agustín Ugarte, (ambos ejecutivos de YPFB) y Brenda Avilés Méndez, inspectora medioambiental de AESA, principal beneficiada del supuesto  caso de corrupción, que según la teoría que maneja  la justicia dio dinero para adjudicarse el proyecto de Río Grande.

Tanto Ugarte como Oña eran parte de la comisión de calificación y contratación de GNPSL.

Cautelar. Isabelino Gómez, fiscal de Distrito de Santa Cruz, indicó que Oña será puesto ante un juez cautelar el día de mañana. La autoridad, sin dar detalles, informó que ayer se realizaron allanamientos en diferentes zonas de la ciudad oriental.

Medida
Levantan la reserva  del caso a pedido de YPFB y Fiscalía

Investigación. La asesora legal de YPFB afirmó que la juez cautelar responsable del caso decidió suspender la reserva del caso, después de 10 días. "La anterior semana pedimos que levanten la reserva para evitar la susceptibilidad de que se quiera ocultar la investigación. Entiendo que la juez ya  la levantó".

Hermano de Rojas no aparece. La Fiscalía envió una citación el día jueves a Carlos Rojas Terán, hermano de Gerson Rojas, y funcionario de Bolpegas, compañía responsable de la supervisión del proyecto de Río Grande, pero hasta el momento, no se ha hecho presente a declarar por el caso.

Gerente de Bolpegas, citado a declarar.  Carlos Carrillo, gerente general de Bolpegas, fue citado por la justicia para que mañana preste su declaración informativa, para esclarecer la relación contractual, que mantiene su empresa con YPFB. Carrillo dijo que acudirá al llamado del Ministerio Público.