La Sala Civil Primera del Tribunal de Justicia de La Paz rechazó ayer la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por dirigentes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) para frenar la consulta que lleva adelante el Gobierno desde el 29 de julio pasado.
Los indígenas argumentaron en el recurso que el Ejecutivo incumple el fallo constitucional 300, del 18 de junio, que condicionó la constitucionalidad del proceso de consulta a la concertación con todas las comunidades de esa reserva ecológica.
Están en curso otras dos acciones legales: una Acción Popular, en los tribunales de La Paz, y una Acción de Cumplimiento, presentada ayer ante el Tribunal Constitucional en Sucre contra las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo.
Ambos recursos fueron interpuestos por el dirigente de Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Rafael Quispe
La resolución del amparo fue calificada de “política antes que jurídica” por el presidente de la subcentral del Tipnis, Fernando Vargas, luego de ser notificado con la decisión del Tribunal al final de la tarde de ayer, tras varias horas de espera.
La ausencia de los “terceros interesados” fue el argumento que utilizaron los jueces Jorge Quino y Aida Luz Maldonado, vocales de la Sala Civil Primera, para rechazar el amparo presentado el 25 de julio pasado por Vargas en el Tribunal Supremo de Chuquisaca, que declinó competencia y remitió la acción al Tribunal de La Paz, donde tendrían domicilio las autoridades recurridas: los ministros de Obras Públicas y de Aguas, los vocales del Tribunal Supremo Electoral y las presidentas de Diputados y Senadores de la Asamblea Legislativa.
El recurso legal llegó a La Paz el viernes 27 y fue derivado a la Sala Civil Primera, la que hizo ocho observaciones al recurso y dio a los recurrentes 48 horas para que las subsanen.
“La teleología de la citación a los terceros interesados es garantizar sus derechos y ser oídos en el entendido de que los terceros interesados son parte en el amparo porque afecta a sus derechos y que pudiera derivar en la violación de esos derechos, de ahí que deben ser citados a efectos de ser oídos”, señala parte del primer punto de la resolución.
Según la resolución de los vocales, los “terceros interesados”, vienen a ser “todos los pueblos indígenas moxeño-trinitario, yuracaré y chimán”, tal como señala la Ley 222 que fue demandada. En criterio de los jueces estos pueblos deben estar presentes porque el amparo los vincula directamente ya que afectan a sus derechos.
Este mismo criterio fue expuesto por las autoridades de Gobierno cuando el amparo fue presentado hace una semana, los gobernantes descalificaron la demanda argumentando que Fernando Vargas era “solamente” un representante del Tipnis y que en este caso deberían estar presentes, todos los habitantes de la reserva.
El amparo, en su parte resolutiva, rechaza la admisión de este recurso y plantea un plazo de tres días hábiles para la impugnación, plazo que según los funcionarios de la Sala Civil, corre desde el martes 7.
El máximo dirigente del Tipnis, junto con el asesor de los indígenas, Waldo Albarracín, adelantó que impugnará esa resolución, porque no se ajusta a derecho. Vargas manifestó que la resolución confirma que existe un vínculo entre los jueces y el poder político.
“Debemos decir que la justicia actúa en el marco de una dependencia del Poder Ejecutivo. En el Tipnis se están violando nuestros derechos y la justicia alegremente rechaza un amparo donde se plantea para que se restituyan nuestros derechos. Vemos que la justicia está manipulada una vez más”, manifestó Vargas.
Las constantes dilaciones y demora, fueron calificadas por Albarracín como claras señales de la manipulación política.
Acción de Libertad
“Hacen referencia a que todos los hechos que hemos relatado, según ellos (Sala Civil Primera) debería ameritar un recurso de Habeas Corpus, es decir, una acción de libertad y no un amparo. Hay que hacer notar que el amparo constitucional se presenta cuando los derechos constitucionales están siendo restringidos, lo que ocurre en este caso, y la acción de libertad cuando existen detenciones indebida, persecuciones indebidas incluso encarcelamientos indebidos”, explicó Albarracín al periódico digital Oxígeno.
Los jueces Aida Luz Maldonado y Jorge Quino, salieron “huyendo” de sus despachos y con disimulos dejaron sus oficinas para evadir a los periodistas. Ambas autoridades judiciales dijeron que regresarían en “cinco minutos”, pero luego mandaron a su personal para que recojan sus pertenencias personales.
Aprobación y resistencia
El Gobierno informó que son 10 las comunidades del Tipnis que rechazaron la intangibilidad del área protegida y aprobaron la construcción de la carretera.
La resistencia continúa en el sector noreste del territorio indígena. Anuncian que no retirarán el alambrado que instalaron en los ríos para impedir el paso de brigadas.
Resultados no sorprenden
Gundonovia | El Deber
A Bernabé Noza no le sorprende que Mercedes de Llojojota (sapo grande, en yuracaré) y otras comunidades cercanas al Polígono Siete hayan dicho sí a la carretera a través del Tipnis.
Como secretario de Organización de la Subcentral del Tipnis, visitó la zona colonizada del parque para constatar y fotografiar que la coca ya llegó más allá de la llamada línea roja, que los bulones que la demarcan han sido recorridos por los colonos entre ocho y 10 kilómetros para apropiarse de más tierra indígena, y que la madera sale del Conisur sin objeción del Gobierno.
“Lo único que traerá esta carretera es destrucción. Con ella corre el riesgo nuestra cultura y nuestras etnias pueden desaparecer”, aseguró Noza.
El dirigente fue parte de una comisión que verificó los límites de la TCO en noviembre de 2011, luego de concluir la VIII marcha indígena. Noza asegura que esto fue denunciado al Gobierno, pero éste no hizo nada para evitar que la depredación continúe.
Noza afirma que San Miguelito y Buen Pastor son las comunidades yuracarés que están sufriendo la penetración de colonos, que han pasado la línea roja y han sembrado alrededor de 20 hectáreas de coca.
ALGUNOS DATOS
• De las 10 comunidades consultadas esta primera semana, dos, San Miguelito y Santa Anita plantearon sus reservas a la construcción de la vía.
• Las brigadas que realizan la consulta harán un alto el domingo y lunes por las fiestas patrias y volverán a ingresar al Tipnis, el martes, para comenzar el trabajo el miércoles 8.
• El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, denunció que ex dirigentes de la Subcentral Tipnis, entre ellos Adolfo Moye que no vive en ninguna comunidad, intentaron interferir el proceso de consulta en Limoncito.
• El activista Reynaldo Flores, que se encuentra en Gundonovia, informó que son 15 las comunidades que decidieron resistir la consulta y no permitir el ingreso de las brigadas.
• Indígenas denunciaron que los veedores internacionales no están presentes en la consulta.
ROMERO DICE QUE FUE EN SENTIDO FIGURADO
Ministros se contradicen sobre “segunda vuelta”
El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda , Vladimir Sánchez, descartó ayer la posibilidad de realizar una segunda vuelta en el proceso de consulta que se desarrolla en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), contrariamente a lo sugerido días antes por el titular de Gobierno, Carlos Romero.
"En el protocolo no hay segunda vuelta, ustedes conocen el protocolo; por tanto, aquellos que han malinterpretado o que han hecho una interpretación más política de lo que ha planteado el señor Carlos Romero (ministro de Gobierno), no es cierto", dijo Sánchez.
“Figurado”
Consultado al respecto, Romero ayer argumentó que, como no es una votación donde hay una ronda o una segunda ronda, “yo solamente hacía referencia en el sentido figurado en que si una comunidad le cierra las puertas tiene que volver el brigadista a insistir hasta acordar”.
“Lo que hemos hecho notar es que en el protocolo existe una cláusula que habla de una concertación permanente, entonces nos poníamos en el hipotético caso de que en una comunidad haya resistencia a instalar la asamblea, la deliberación en torno a los temas de la consulta y en ese caso yo aconsejaba que hay que insistir una y otra vez hasta lograr el consenso de la gente, hasta lograr su participación, hasta lograr concertar. Porque, ¿cuál es la finalidad de la consulta? Es construir un acuerdo que sea obligatorio para ambas partes”, agregó.
Según Romero, la consulta está avanzando “muy bien, como un gran diálogo”, donde las comunidades se están movilizando sistemáticamente para participar en la consulta y prácticamente todos están de acuerdo en que la intangibilidad debería levantarse.
Contrariamente, el Ministro denunció que exdirigentes de la Subcentral del Tipnis, presididos por Adolfo Moye, intentaron interferir el proceso de consulta en la comunidad de Limoncito.
En Gundonovia y otras comunidades los indígenas mantenen el cierre de los ríos.
Según los reportes del Gobierno, las comunidades de Buen Pastor y Secejsamma decidieron sumarse al rechazo a la Ley 108 de intangibilidad que prohíbe obras dentro de esa reserva natural y aprobaron la construcción de la carretera, refirió el jefe de la Unidad de Comunicación del Ministerio de Obras Públicas, Carlos Molina.
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