La Fundación Jubileo propuso recientemente una “Estrategia institucional para el monitoreo” de los contratos petroleros con las transnacionales que operan en Bolivia, considerando importante una necesaria vigilancia debido a que este sector estratégico –afectado en los últimos meses por denuncias de corrupción y retrasos– genera una renta, la mayor que el país ha visto en su historia, que debería dinamizar otros sectores de la economía en procura de un desarrollo humano integral. Seguimiento con base en información, “más aún”, asegura Jubileo, de la Iglesia Católica de Bolivia y Alemania, “porque esos recursos se agotarán en algún momento, lo que compromete a autoridades y a la sociedad en su conjunto a dar a esa renta un uso transparente y eficiente”. Pero casi dos tercios de la renta petrolera boliviana (10.900 millones de dólares entre el 2007 y 2011) han sido destinados al gasto corriente del Estado Plurinacional y sólo 36-39 por ciento a inversiones públicas, según otro estudio de la Fundación, debatido con organizaciones de base. Los gastos corrientes son esencialmente “el consumo del gobierno para el funcionamiento de los bienes y servicios públicos que ofrece, además de otras prestaciones.
Entonces, se puede concluir que, como país, la mayor parte de los recursos IDH (impuesto directo a los hidrocarburos) están siendo consumidos”, señala el estudio. Las evaluaciones de Jubileo se produjeron a sólo semanas de que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) confirmara un inédito aumento a 54 millones de pies cúbicos de gas por día (MMmdc) de producción, observada sin embargo porque el record significa también una intensa sobreexplotación de los campos y su acelerada monetización, sin reposición de las reservas, que dan sustentabilidad a los ingresos que percibe el país. Escándalo y polémica Las prevenciones sobre el destino de la renta hidrocarburífera fueron conocidas en medio del escándalo que rodea aún a la ejecución de dos plantas extractoras de líquidos, revelado de manera fortuita, y una controversia acerca de los beneficios de las transnacionales que en los últimos años se han llevado del país casi 4.400 millones de dólares (sobre un total de valor de producción de casi 15.400 millones), trocando al parecer en 30-70 por ciento la relación que otorgaba un 18 por ciento de las ganancias a las petroleras y el 82 por ciento al Estado. “Adicionalmente al 50 por ciento recaudado por el Estado por concepto de Regalías, Participación al Tesoro nacional (TGN) e IDH, Yacimientos percibió desde mayo 2007 a junio de 2012, 2,139.6 millones de dólares como ganancia de YPFB dentro los Contratos de Operación producto de la aplicación de las tablas de participación establecidas en el anexo F de los Contratos de Operación”, subrayó en agosto a la corporativa AN-YPFB el gerente de administración de la estatal, Edwin Alvarez. Esos 2,139 millones corresponderían a los 10,900 millones percibidos como renta petrolera, según parciales reportes institucionales que no dan cuenta del total oficial de las ganancias de las petroleras desde el 2007 y el valor de la producción hidrocarburífera en ese período, por lo que los especialistas deben trabajar con base en deducciones. “Lo importante que es que se cumpla a cabalidad con lo que se establece en la Ley 3740 en su artículo 6, relativo a transparentar la información de costos recuperables, participación de YPFB y el titular en las ganancias de los contratos, inversiones e índice B por contrato a fin de poder realizar un adecuado monitoreo a los contratos y determinar por ejemplo cuánto es la participación del Estado en los ingresos obtenidos por la venta de hidrocarburos”, dijo el economista Raúl Velázquez, especializado en hidrocarburos. El ex ministro de Hidrocarburos, Andrés Solís, aseguró en julio que el gobierno de Evo Morales incumple el decreto de nacionalización, lo que ha derivado en millonarias ventajas económicas a las transnacionales petroleras que operaban en Bolivia antes del decreto y que ahora, seis años después, mantienen el control de las principales reservas y tributan sólo un 50 por ciento, no el 82 por ciento que creían los bolivianos. En réplica, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, acusó a Solís –seis años después– de haber ocultado información sobre las reservas el 2006 y que renunció porque no quiso ejecutar” la nacionalización. Solís explicó que si hubo una fuga, fue la del vicepresidente Álvaro García Linera “que desautorizó la vigencia de la Resolución Ministerial 207 firmada por mí, por la que, ejecutando el decreto de nacionalización de hidrocarburos, recuperaba el control de las refinerías Gualberto Villarroel y Guillermo Elder Bell, hasta entonces en manos de Petrobras, a favor del Estado boliviano”. “Villegas, mi sucesor, firmó la anulación de esa resolución y le devolvió a Petrobras el negocio. Desde entonces hasta que se pagó a Petrobras por esas refinerías, ésta se benefició a costa de los bolivianos con el petróleo reconstituido que exportó a precios internacionales, obteniendo más de cien millones de dólares de beneficios indebidos”.
Solís añadió que anteriormente, “García Linera, Jorge Alvarado y Manuel Morales Olivera (estos últimos ex presidentes de la estatal) decidieron abrir negociaciones con Petrobras al margen del Ministerio de Hidrocarburos sobre los nuevos contratos petroleros, sin que estén aún concluidas las auditorias petroleras que mi despacho ejecutaba. Esas acciones hacían imposible mi permanencia en el despacho ministerial”..
Fuente: eju.tv - Bolivia. Estado se está ‘comiendo’ la renta petrolera en gasto público
http://eju.tv/?p=228098
No hay comentarios:
Publicar un comentario