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lunes, 27 de agosto de 2012

magnífico Juan. Hechos, no palabras! fiscales ocultaron los hechos de Chaparina denunciados por el Defensor por lo que busca los canales internacionales de justicia por tratarse de delito de lesa humanidad.


El jefe del Movimiento Sin Miedo, Juan del Granado, presentó hoy un memorial de objeción para dejar sin efecto la resolución emitida el pasado 30 de julio por la comisión de fiscales que libera de todo cargo de responsabilidad al exministro de Gobierno Sacha Llorenti en el caso Chaparina.

El 25 de septiembre de 2011 la columna de la VIII marcha en defensa del Tipnis (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure), conformado por hombres mujeres, ancianos y niños, fue agredida brutalmente por efectivos policiales en la gestión de Llorenti.

“La comisión de fiscales afirma de manera falsa que la intervención represiva de Chaparina se dio como consecuencia de un enfrentamiento provocado por los indígenas del Tipnis (…) La comisión de fiscales señala que hubo órdenes y contraordenes que daba Sacha Llorenti por teléfono y que la última contraorden suspendía el operativo represivo”, retrucó el jefe del MSM a los fiscales en conferencia de prensa.

El dirigente opositor remarcó que “estos extremos están absolutamente contradichos por el general Muñoz Colodro quien señala que el operativo fue realizado a partir de la instrucción del exviceministro Farfán, instrucción que pasó a Sacha Llorenti  y que además Farfán presente en el operativo le informaba a Llorenti de todos los acontecimientos que se producían mientras el operativo se desplegaba”.

Del Granado acusó a la comisión de fiscales de fraude procesal porque “hicieron ocultamiento expreso” del informe que el Defensor del Pueblo entregó y donde se establece claramente la responsabilidad del exfuncionario. 

En caso de no dejar sin efecto la resolución fiscal que libera a Llorenti, que debe resolverse en 10 días, “se procederá a la conversión de acciones por parte de las víctimas para prescindir del Ministerio Público y tratar directamente el caso con el juez”. 

Añadió que si esta posibilidad también se cierra “quedarán expeditos los canales internacionales de administración de justicia por tratarse de un delito de lesa humanidad”.

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