La cuestionada decisión de la justicia paceña de rechazar la consideración del fondo de los recursos presentados en contra de la realización de la consulta “ex post” que se está ejecutando, dificultosamente, en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), hace que sea el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el que finalmente se pronuncie sobre el tema.
De acuerdo a varios entendidos en derecho constitucional, lo que han hecho los jueces de La Paz ha sido eludir su responsabilidad y, de esa manera, no irritar al poder político hegemónico, y la forma ha sido traspasar esta “papa caliente” al TCP de manera que éste se pronuncie sobre la forma y el fondo de las demandas. Es decir, que cumpla las tareas que la Constitución le asigna.
Ante el avance del proceso de consulta impulsado por el Gobierno y la acción represiva sugerida por algunos de los exponentes de las corrientes radicales que en él coexisten, bien convendría a los magistrados agarrar al toro por las astas. Esto significa que, en aras de la paz social y velando por su propia legitimidad, decidan proceder conforme a lo que mandan la Constitución y las leyes, rechazando las presiones foráneas, justificando con claridad, buena fe e idoneidad profesional las decisiones que adopten. Es decir, asumiendo a plenitud sus responsabilidades y no tratando de quedar bien con Dios y con el diablo.
Visto desde este enfoque, la falta de valor de algunos jueces de la Corte de La Paz ha abierto la posibilidad de que los magistrados del TCP puedan mostrar a la ciudadanía su independencia y sujeción al derecho, como no lo han hecho en algunas anteriores sentencias controversiales.
Habrá que estar atentos...
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