La denuncia hecha por el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gualberto Cusi en sentido de que la cuestionada sentencia constitucional sobre las demandas de inconstitucionalidad de las leyes 180 y 222, relativas al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) —contradictorias entre sí, pero reconocidas como constitucionales por el Tribunal—, fue elaborada bajo presión y acuerdo con la Ministra de Justicia y el expresidente de la Cámara de Diputados Héctor Arce Catacora, reconocido como el ideólogo del proceso de reforma del sistema judicial impulsado por este Gobierno, ha provocado diferentes reacciones.
Tanto los acusados, como los demás magistrados del TCP, así como dirigentes, parlamentarios y el oficialismo han cerrado filas negando que hubiera cualquier tipo de injerencia de parte de otros órganos en el TCP y han comenzado a arremeter en contra del denunciante, pidiendo, además, su renuncia.
En otros ámbitos, además de insistirse en la gravedad de la denuncia, se ha señalado que ésta no es más que la comprobación de las susceptibilidades y temores que surgieron desde que el Gobierno decidió impulsar la amañada elección de los nuevos jueces y magistrados del Órgano Judicial, creando todas las condiciones posibles para que quienes finalmente sean elegidos acepten esa injerencia.
Basta recordar, a guisa de ejemplo, cómo se rasgaron las vestiduras estas autoridades cuando se cuestionó la validez de la preselección hecha en la Asamblea Legislativa de quienes pasarían luego al escrutinio popular; luego, forzar su posesión pese a que los votos blancos y nulos superaron ampliamente los válidos, situación que, de principio, restó legitimidad a los elegidos, legitimidad aun más socavada cuando éstos, pese a los resultados de la elección, decidieron, sin más, asumir las funciones en directo acuerdo con los órganos Legislativo y Ejecutivo.
Corresponde anotar, también, que las críticas que se plantearon en contra de estas autoridades, sea por impertinentes declaraciones o polémicas resoluciones, fueron tajantemente rechazadas por los voceros del Gobierno y la Asamblea Legislativa, con la agravante de descalificar a quienes las hacían con el mote de “racista”. Ahora, que las acusaciones hechas por el magistrado van en contra de ellas, éste se convierte en el objeto de ataque.
Si la consecuencia de la experiencia que se comenta fuera que el Gobierno aprendiera la lección y comprendiera que el país requiere un Órgano Judicial independiente porque sus sentencias tendrían credibilidad, más allá de quiénes sean sus beneficiarios, la actitud del magistrado Cusi trascendería lo testimonial. Sin embargo, es posible presumir, por la obnubilación ideológica y el sectarismo imperantes, que las autoridades no reconocerán su error y lo que probablemente suceda es que como ayer lo apoyaron sin ninguna ponderación, hoy ayuden a defenestrarlo sin ningún escrúpulo.
Así, una vez más se demuestra que el denominado proceso de cambio en la justicia no es sino la aplicación de los peores vicios en este campo cometidos por la vieja partidocracia. Ergo, una vez más se sentirá una nueva y profunda frustración.
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