Azorado el país asiste a la confrontación de palabra, y de hecho, del gobierno con los pueblos indígenas habitantes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Con la fatalidad del destino, paso a paso, los cerca, los amenaza, los difama, los incita y, por último, le lanza sus correligionarios (¿sus huestes?) encima.
Como perros de presa acompañan a los indígenas transformados en marchistas, mostrándoles los dientes a lo largo de polvorientos caminos, a veces convertidos en peligrosos curichis. La marcha es la expresión pacífica del descontento indígena contra el proyecto de una carretera que en su segundo tramo intenta atravesar el corazón del parque, su hogar por cientos o miles de años. La propia empresa constructora no tendría ningún reparo en tener otras alternativas en cuenta pero, dicen, la última palabra la tiene el gobierno de Bolivia.
Los derechos constitucionales de los indígenas están siendo violados, además de la Ley 180 que protege al TIPNIS. A partir de su aprobación todo lo que se ha hecho ha sido para no cumplirla. Sin ser explícitamente derogada por la Ley 222, al volver a poner en cuestionamiento lo resuelto por la 180 la deja sin efecto. Evo se complica explicando que la oposición a la carretera es rechazar la CPE y los convenios internacionales. Nada de esto es cierto; nadie se opone a la carretera, lo que cuidadosamente no menciona el gobierno es distinguir “tramo” de “carretera”.
La sorpresa trasciende fronteras. Los indígenas exigen cumplir el Convenio 169 de la OIT, referido a la “consulta previa”: evaluación de carácter “previo” a la posible incidencia de un proyecto sobre aspectos sociales, culturales, espirituales y del medio ambiente. ¿Qué sentido tiene una consulta sobre algo que ya está en marcha? En el Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible realizado en Rosario (Argentina), preparando la Cumbre Mundial de Rio + 20, se recogieron expresiones de asombro y de rechazo: etnocidio, genocidio, como era lógico. Pero, añadían, ¿cómo un gobierno liderado por Evo ha llegado a este punto: dónde quedó la defensa de los pueblos originarios, de los recursos naturales y hasta de la “pachamama”?
Para un auditorio sensible al tema, el caso del TIPNIS se convierte en un paradigma que pone en evidencia como se están tomando decisiones políticas en Latinoamérica a favor de un “desarrollo a cualquier precio”. Si el Estado Plurinacional “se sustenta” en valores atropellados tan flagrantemente, es obvio que se desmorona; la falta de cimientos solo puede llevar al derrumbe del propio edificio constitucional. Al poner a los indígenas originarios del TIPNIS en igualdad con los asentados recientes, sean estos campesinos, colonos, interculturales, cocaleros, o cualquier otro, (lo que ocurre al llamar a consulta previa sobre un territorio que no les pertenece a los del Polígono 7 y otros), se están aboliendo derechos constitucionales.
Para Adolfo Chávez, presidente de la CIDOB, "La Ley de Consulta es inconstitucional. Ni es previa, ni es informada, se consulta a otros y cuando dos tramos de la carretera están avanzados".
Peor todavía. Se pone todo el aparato del Estado en función de convencerlos de algo que no quieren y que, por el contrario, beneficia de manera diáfana a terceros, sean madereros, petroleras o, en primer lugar, a los sembradores de coca. Hay que repetirlo, el 95 % de la coca del Chapare va directo a las usinas de la cocaína. Los que hacen plurinacional al Estado están siendo excluidos, marginados, nuevamente colonizados, por un poder “imperial” nuevo. ¿Le interesa al narcotráfico conservar culturas ancestrales, lenguas, cosmovisiones? Al negocio más global del siglo XXI poco le han de conmover estas reflexiones.
San Ignacio de Moxos, donde la dignidad derrotó a los soberbios. El cerco se va cerrando y, ante el fracaso en detener el inicio de la IX marcha se recurre a la violencia, porque eso y no otra cosa es gritar, insultar, manifestar rechazo de manera tan agresiva físicamente a los marchistas que, de manera espectacularmente ejemplar, evitan entrar en el pueblo y lo pasan por la circunvalación. Quedan sin ayuda; se les niega comida, agua, reposo y hasta el asistir a una Misa de acción de gracias. Una tras otra las leyes han sido pisoteadas: ¿acaso no es racismo el demostrado ayer, de pobladores que hacen referencia a los “indios” por el solo hecho de opinar distinto? Esta vez van indígenas de Tierras Bajas, pero también los acompañan indígenas del CONAMAQ, de Tierras Altas, solidarios porque en esta marcha se está jugando el futuro de los derechos indígenas de Bolivia. Los indignos se manifiestan de mala manera, y a favor de la carretera; responden a consignas ya repetidas en anteriores ocasiones.
¿No es “racismo, discriminación” al rojo vivo lo que presencia todo el país? Ya olvidó el gobierno que el 8 de octubre Evo promulgó la Ley contra el racismo y toda forma de discriminación: “La persona que arbitrariamente e ilegalmente, restrinja, anule, menoscabe o impida el ejercicio de derechos individuales o colectivos por motivos de raza, origen nacional o étnico, color, ascendencia, pertenencia a naciones y pueblos indígena originario campesinos o el pueblo afroboliviano”. ¿Se abrirán procesos? Allí estaba el vice ministro de Régimen Interior, puede servir de testigo (al menos este no huyó como el anterior en similares circunstancias). Para Lázaro Tacoo, vocero de los marchistas, el Estado Plurinacional “ha reproducido la colonia”, les niega “el derecho a pisar una plaza, entrar a una iglesia” y, curioso, ocurre un accidente “contra” la casa de los padres del diputado Pedro Nuni, indígena mojeño que marcha. Emilio Poyche, Segundo Gran Cacique de la Chiquitania: “lamentamos que esto esté pasando en este momento en un país donde supuestamente se cree que hay un gobierno indígena que de indígena no tiene nada”.
El TIPNIS, D. Evo, en escasos seis años, ¡qué lejos!
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