La política tiene esos condimentos. Un día te permite contemplar matrimonios amorosos, llenos de promesa y compromiso de inseparabilidad. Otro día, esos amores desparecen, y quienes antes compartían elogios mutuos en una muestra de pasión (parlamentaria y de gestión gubernamental, se entiende) desenfrenada y apoyo incondicional, hoy sacan a luz odios viscerales, hasta enfermizos por el tono utilizado, despechados si acaso de amor se trataba, al punto que —causídicos de por medio— ¡se enjuician!
En todo caso, poco importa cuál el origen de la verborrea utilizada entre Ministro y Diputada; si ésta provino de desencuentros pasados, de ofertas incumplidas o de deslices en plena etapa matrimonial. Me preocupa más, por ejemplo, que se intente hacer ver que la defensa del Tipnis trae implícita la comisión del delito de sedición, defensa que, por cierto, no sólo se la ejercita desde la decisión asumida por quienes hoy están marchando, sino también, a través del apoyo que se expresa de diferentes maneras y en varios lugares. Si esa intencionalidad tuviera cabida, entonces habrá que declararse sedicioso por no estar de acuerdo en que se afecte un parque nacional con la construcción de una carretera. Me queda claro que nada mejor que defender la naturaleza porque, al hacerlo, estás apostando por las futuras generaciones. Alguna vez lo dijo el Vicepresidente de la República: “En eso consiste el vivir bien: en utilizar la ciencia, la tecnología y la industria para generar riqueza, sino con qué vamos a construir carreteras (...) satisfacer necesidades básicas y crecientes de la sociedad. Pero a la vez necesitamos preservar la estructura fundamental de nuestro entorno natural para nosotros y para las siguientes generaciones que vendrán, que tendrán en la naturaleza la realización de sus infinitas capacidades para satisfacer sus necesidades sociales”. Si esto es verdad, por favor, ¡no maten el Tipnis!, y no pretendan que la marcha y el apoyo que recibe, se vean como actos sediciosos, porque no lo son.
Por otro lado, no voy a redundar en lo que legos y no legos, por su obviedad, conocen: pinchar y/o interferir llamadas telefónicas y conversaciones privadas, ¡es un delito! Lo que llama la atención es el uso que se da a lo que parece tiene el propósito de legitimar un mal hábito, al punto de utilizar el resultado mal habido, como prueba en otro proceso. El Estado debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales de las personas. Una persona, diputada o no, tiene derecho a que se le reconozca el ejercicio de sus prerrogativas constitucionales, las mismas que no pueden ser desconocidas y menos por quien está llamado a asegurarlas. No es correcto que la manifestación de un parecer, materializada a través de una marcha pacífica, sea cuestionada; que se diga que el apoyo —ya lo anoté— moral o material que recibe es ilegal, y que no se reconozca que interceptar conversaciones privadas, es un delito.
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