Explicó que la demanda fue presentada inicialmente a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, que llegó a la Fiscalía del Distrito cruceño a cargo de Isabelino Gómez, pero éste decidió derivarlo al Distrito fiscal del Beni, por lo que se determinó volver a presentarla pero ante la Fiscalía General, en la ciudad de Sucre.
“A los tres días nosotros hemos hecho un seguimiento y cuando el Fiscal de Distrito, Isabelino Gómez nos dice que ese documento ha tenido que pasar a Beni, entonces es un juego sucio, político, un juego de mucha irresponsabilidad y de encubridores prácticamente y así no podemos trabajar”, señaló Padilla a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
La demanda también es en contra de los ministros de la Presidencia, de Obras Públicas y de Justicia: Carlos Romero, Walter Delgadillo y Nilda Copa, respectivamente, y en contra la ex autoridad de Gobierno, Sacha Llorenti.
Asimismo, fueron denunciados el comandante de la Policía Nacional, general Jorge Santiesteban, y otros cinco oficiales, entre ellos el que ejercía como subjefe de la institución, general Oscar Muñoz, quien fue suspendido de su cargo hace unos días, por aparente complicidad en delitos de genocidio, tentativa de asesinato, lesiones graves, robo agravado, maltrato infantil, racismo, discriminación, dijo Padilla.
280 heridos por represión policial
El titular de la APG señaló además que se contabilizó 280 heridos por la represión policial del pasado 25 de septiembre, en puente San Lorenzo del Beni, cuando los indígena intentaban continuar su caminata hacia la ciudad de La Paz en contra de la construcción del tramo dos de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos en medio del Iisiboro Sécure.
Señaló que la mitad de los heridos fueron atendidos en los hospitales de San Borja y Trinidad. Desde entonces el gobierno no se hizo cargo de los gastos médicos que involucró la curación de los afectados, entre ellos niño y mujeres.
“Nosotros creíamos de que él (Evo Morales) podía asumir los gastos médicos, porque hemos sufrido torturas de manera salvaje los niños, ancianos y hasta mujeres (…) ha sido muy triste observar a la mayor parte fuera de sus casa y lejos de sus familias, porque no contaban con recursos económicos para cubrir las recetas médicas”, declaró.
Añadió que seguirán con esta demanda judicial hasta el final para dar con los responsables de la violenta intervención policiaca de la que fueron víctimas los marchistas, en septiembre.
No hay comentarios:
Publicar un comentario