Gasificación, paliza, intentos de secuestro; niños perdidos, mujeres embarazadas ultrajadas y cientos de adultos que guardarán en el inconsciente la experiencia de haber sido masacrados sin ningún pretexto mientras descansaban de una marcha que pretende llamar la atención a las autoridades del Estado Plurinacional (EP) sobre el atropello a sus derechos, a las leyes y a la Constitución. Lo que iniciaron silenciosamente, pacíficamente, los pueblos indígenas habitantes del TIPNIS es hoy una demanda mundial a través de más de 500.000 ciudadanos del mundo, que rechazan la construcción del Tramo II de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos: ¡que se respete el corazón del parque!
Evo Morales, empeñado en el “sí o sí”, continúa con el doble e inmoral juego de buscar diálogo al mismo tiempo que denigra y presiona a los dirigentes, se mofa de sus intenciones y achaca la marcha a una constelación sospechosa de opositores, ONGs y apéndices del imperialismo. Nada le ha resultado hasta ahora. La integridad de los dirigentes ha sorteado toda embestida. Lo último, conspiradores, contra las elecciones judiciales.
La marcha continúa, pese al hambre, la sed, el sol, el polvo, la lluvia y las amenazas de los cocaleros e interculturales (?), apostados en el camino. Le sostienen sus convicciones y también el apoyo creciente a una causa justa. Atrás Trinidad, San Borja, San Lorenzo de Yucumo; se hacen familiares Sapecho, Kilómetro 52, rumbo a Caranavi (testigo y víctima de otra represión de las fuerzas del EP a órdenes del gobierno y que sigue esperando la acción de la justicia). Desde allí, descontarán hora a hora los 162 km rumbo a La Paz, la sede del Inca, donde reside el actual presidente y desde donde decide la suerte de vidas y haciendas de los hogares más apartados, donde nunca llegó el interés de éste ni de ningún Estado. Ejemplo: Asambleístas de Cochabamba planean el viaje al TIPNIS para “conocer” dónde viven chimanes, yuracarés y mojeños, “sus hermanos”; 50 días para tomar interés a lo qué están hablando.
El gobierno se complica. Ya no queda duda de la legalidad y legitimidad del reclamo indígena, dentro ni fuera del país. Pero se ha dado tiempo suficiente para que se destapen otros asuntos vinculados. ¿Por qué tanta tozudez en partir el TIPNIS? Los principales beneficiados saltan a la vista, los sembradores de coca, que de ilegales pasaron al estatus de “en vías de ser legales” con el proyecto de revisión a la Ley 1008; nadie cuestiona que sin modificaciones, siguen cometiendo delitos. Que la extensión de los cocales exige salir del Chapare; gracias al elástico concepto de “cato” por familia, por inscrito en los sindicatos, por la “eficacia” del control social (autocontrol entre ilegales) y, porque finalmente algunos nada cumplen cuando la tentación es grande, Bs 2.000 por noche metiendo al monte coca o combustible, hay que saltar al territorio inmediato, para desgracia del TIPNIS.
Sale el vínculo entre ABC y OAS. ¿Oportunismo político de Juan del Granado? La materia la proporcionan irregularidades denunciadas oportunamente por JM Bakovic, expresidente del SNC (2006), antecesor de ABC y, ahora, por la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, que denuncia y solicita investigación al Ministerio de Transparencia, ¡lapidaria!; seguramente los argumentos son fruto de un cuidadoso análisis de documentos y contratos (https://docs.google.com/viewer? a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B_8tuJ2_i5i2MDc0OWUzNWItZDEzZS00N
TlmLTg3ODktNzI0YmJjOGVjM2Fk&hl=es), en versión pública. La historia, compleja, apunta a otro escándalo de corrupción de magnitud alarmante (se habla de 800-1000 millones de dólares) en una relación OAS-MAS de larga data (http://www.caracol.com.co/ noticias/ramirez-articulaba-los-negociados-con-empresas-de-brasil/20090311 nota/ 775935.aspx). Y más, la relación entre el expresidente Luiz Inacio (Lula) da Silva con la constructora OAS (conocida como Obrigado Amigo Sogro, Gracias Amigo Suegro, ver capítulo OAS en Deus-e-o-diabo-na-terra-do-acarajé , Observatorio da Imprensa, FX Iturralde: Brasil y el TIPNIS, www.icees.org.bo/19092011). El gobierno ya admitió que no existe diseño ni licencia ambiental; que no se ha cumplido con la normativa constitucional de la “consulta previa” a los indígenas (Evo lo admitió en Cuba y prometió que haría “la consulta como establecen las normas nacionales e internacionales", ABI 19/9, sin mencionar que el plazo legal está vencido).
El gobierno se complica al esgrimir, ahora, de que los parques son territorios “nacionales”, cuando dar especiales prerrogativas a los pueblos indígenas fue uno de los puntos más discutidos y resistidos en la aprobación de la CPE. Es el propio Defensor del Pueblo, Rolando Villena, nada sospechoso de militar en las filas opositoras, quien señala que con la intervención a la marcha indígena en Yucumo se han violado seis (6) derechos reconocidos en la CPE, que se suman a otros que alcanzan hasta al Código del Niño, Niña y Adolescente (Ley 2026 y 2175) y acuerdos internacionales.
La demanda por genocidio no se ha hecho esperar; el Código Penal dice: “el que con propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso, diere muerte o causare lesiones a los miembros del grupo, o los sometiere a condiciones de inhumana subsistencia,... o realizare con violencia el desplazamiento de niños o adultos hacia otros grupos, será sancionado con presidio de diez a veinte años”. “Si el o los culpables fueren autoridades o funcionarios públicos, la pena será agravada...” (Art. 138). Creímos en la autonomía, nos tildaron de separatistas; creímos en la democracia, nos chocamos con una dictadura; creímos en la Constitución y nos amenazan con la cárcel. ¿Estamos locos, o son los laberintos del poder? Como sea, Yucumo ha sido suficiente, ¡Bienvenidos a Caranavi y a La Paz! Nadie tiene derecho a mutilar nuestros sueños de vivir en libertad, en justicia y paz.
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