"No van a pasar. Mi obligación es proteger la vida de todos los bolivianos", gritaba ayer un oficial de Policía al momento de salir al frente para detener la columna de más de 1.000 marchistas indígenas que caminan hacia la ciudad de La Paz.
Pese a las explicaciones de los líderes de tierras bajas que comandan la marcha, la decisión del Gobierno, transmitida por los policías, fue tajante: "de aquí no pasan".
La misma contundencia tuvo la respuesta de Fernando Vargas, presidente de la Subcentral del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
"Entonces nos quedamos aquí mismo hasta que decidan respetar nuestros derechos constitucionales", dijo el líder indígena, sobre el puente de Chaparina, a tres kilómetros del municipio de Yucumo.
Mientras los oficiales y los dirigentes indígenas debatían sobre el puente, a 200 metros hacia el sur (Yucumo), se escuchaban las explosiones de dinamita de la contramarcha organizada por la Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia (CCIB), que reunió a unas 300 personas afines al Gobierno.
Los marchistas, con una patrulla de ocho indígenas con arcos del Tipnis al frente de la marcha, se apostaron primeros sobre la carretera y en el transcurso de la tarde fueron montando su campamento en la hacienda ganadera Yenny.
Los dirigentes ratificaron que su medida es pacífica y que su intención no es bloquear la carretera ni enfrentarse con otro grupo de indígenas.
Como ya lo anunciaron días antes, los marchistas reanudaron la marcha a las 12:30 de ayer y en una hora con 20 minutos ya estaban en el lugar donde fueron retenidos por unos 200 policías al mando del director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Boris Villena.
Luego de la discusión con los policías, los presidentes de las organizaciones indígenas tuvieron una asamblea en la que determinaron que la única posibilidad de diálogo con el Gobierno sea en la localidad de Quiquibey, a 42 kilómetros de Yucumo, y con la condición de que el Gobierno permita el paso de la marcha.
El presidente interino, Álvaro García Linera, señaló ayer que pueden negociar en San Borja u otro sitio, pero volvió a justificar el bloqueo de los colonizadores al indicar que las demandas de los indígenas los perjudican. Incluso llegó a decir que los marchistas no quieren que haya Renta Dignidad ni bono Juancito Pinto, lo que no está incluido en el pliego.
Agregó que la Policía fue a Yucumo no a reprimir ni a impedir la marcha sino a “impedir que haya enfrentamiento entre hermanos indígenas de tierras bajas con hermanos indígenas de tierras altas”.
García Linera defendió la carretera a través del Tipnis por motivos sociales, históricos, económicos y geopolíticos.
También respondió al Defensor del Pueblo, Rolando Villena, quien dijo que el contrato entre OAS y ABC es inconstitucional. El Presidente interino dijo que el documento fue aprobado en la Asamblea.
Presión
Presión
En Chaparina, el presidente de la Subcentral del Tipnis, Fernando Vargas, reclamó a la Policía tratar a todos por igual y criticó que a los colonizadores que amedrentan con dinamita y bloquean una carretera durante ya tres semanas no se les reprime, pero una marcha pacífica que a nadie perjudica es reprimida y detenida inconstitucionalmente.
La discusión se prolongó por varios minutos y, ante el reclamo de los dirigentes, los policías dijeron que no estaban ahí para discutir temas que competen a otras instancias de Gobierno.
Hubo momentos de tensión. Uno de ellos fue cuando los uniformados optaron por impedir incluso que los marchistas se aprovisionaran con el agua del río Chaparina, pese al intenso calor y a la necesidad de los indígenas de tomar el líquido.
Luego del repliegue a sus respectivos grupos, tanto de los oficiales de policías como de los dirigentes, la tarde transcurrió en calma. Sin embargo, la Policía ejerció un estricto control a todos los viajeros que pasaron por el lugar requisando sus equipajes y pidiéndoles identificación.
Pare el defensor del Pueblo de Santa Cruz, Hernán Cabrera, quien junto al representante de Beni y La Paz, acompañaron ayer a los marchistas, el Gobierno está vulnerando derechos constitucionales de los ciudadanos que marchan en esta protesta.
“Aquí en Yucumo se está permitiendo que exista abuso policial. El Gobierno está abusando del poder que tiene. Permite donde le conviene la realización de bloqueos y reprime ahí donde no le conviene”, dijo Cabrera.
En tanto, la representante de Derechos Humanos, Ligia Pinto, indicó que está preocupada por la situación por la que están atravesando los indígenas. “Están en una completa y total desventaja frente a la fuerza pública, frente al poder político y la intolerancia”, añadió.
Evo minimiza demandas contra su Gobierno
El presidente Evo Morales minimizó ayer, durante una entrevista con la cadena internacional CNN en Español, las dos demandas de medidas cautelares interpuestas contra su Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA por el conflicto del Tipnis.
Al ser consultado por el tema, el Mandatario respondió: “Muchas fuerzas sociales presentaron demandas, oportunamente hemos apelado respetuosamente en esta organización y hemos aclarado, nunca demostraron que ellos tenían la razón, la última demanda ha sido de periodistas de Bolivia que no hay libertad de expresión”, dijo. Reiteró que la marcha indígena es una “conspiración” de Organizaciones No Gubernamentales.
En tanto, Björn Arp, representante del consorcio jurídico que apoyó la solicitud a la CIDH para evitar enfrentamientos en Yucumo, informó a Los Tiempos desde Washington que en cualquier momento la Comisión podría pronunciarse sobre la demanda y a favor de la petición de un grupo de indígenas.
TOMAN OFICINA Y ANUNCIAN BLOQUEO
Varias organizaciones indígenas aumentan la presión en apoyo a la marcha de los pueblos de tierras bajas. La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) inició ayer la toma pacífica de las oficinas del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y anunció bloqueos de caminos.
Según un reporte de Erbol, la Central Regional Tsiman Mosetén, que preside Clemente Caime, procedió a tomar las oficinas de la reserva de biósfera y tierra comunitaria de origen Pilón Lajas, entre La Paz y Beni.
Los cuatro suyus de Oruro también amenazan con medidas, mientras que la Central Regional Amazónica de Bolivia (Cirabo) programa un bloqueo de caminos en la carretera La Paz-Cobija.
En Santa Cruz, el pueblo guaraní dio un plazo hasta hoy para que los colonizadores de Yucumo levanten el punto de bloqueo, caso contrario anunciaron que radicalizarán sus medidas de presión.
“Nos vamos a ver obligados nuevamente a tomar la carretera y el punto de bloqueo no sólo será en Urundaiti (Camiri) sino en otros puntos”, dijo Ernesto García, presidente del consejo de capitanes de Santa Cruz a Radio Parapetí.
MEDIOS
ANP pide garantías
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) manifiesta su preocupación y protesta por las agresiones verbales y físicas sufridas por periodistas de periódicos, radioemisoras y canales de televisión en la zona de Yucumo, en Beni, y exige al Gobierno las garantías constitucionales para el cumplimiento de la tarea informativa.
En un comunicado, la ANP señaló que los enviados de medios informativos sufrieron restricciones en su desplazamiento por la zona en conflicto.
El bloqueo instalado por organizaciones interculturales impidió el paso de los periodistas y en más de un incidente, sufrieron agresiones físicas, verbales, persecución y destrozo de cámaras fotográficas.
POR ROBO
Fobomade se querella
La Paz | Anf
El Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade) presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público en la sede de Gobierno por el delito de robo agravado contra los colonizadores de Yucumo, quienes retuvieron el domingo pasado una vagoneta que llevaba víveres para los marchistas indígenas.
“El vehículo sigue secuestrado, ellos se han apropiado del vehículo, lo han retenido, eso implica delito de robo, porque hubo violencia contra las personas y las cosas, además lo han hecho en cuadrilla, es decir, la denuncia es por robo agravado”, informó el presidente del Fobomade, Ramiro Otero, a la Cadena A.
EN EL TIPNIS
Denuncian asentamiento
La Paz | Anf
Activistas y grupos de ecologistas que defienden el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) denunciaron que más de 15 familias de colonos se asentaron en la zona de San Pedro, al sur del área protegida, aprovechando la marcha de los indígenas.
El voluntario y miembro de la campaña del Tipnis Pablo Rojas afirmó que el Gobierno mantiene un doble discurso, porque por un lado insiste en el diálogo y por otro los colonizadores ya se estarían “repartiendo” la reserva natural.
“La invasión de los colonos se dio más allá de la línea roja establecida por ley. Los colonizadores ya han hecho el respectivo cuadriculamiento y parcelamiento, lo que es una clara muestra de que el Tipnis ya está hipotecado”, señaló.
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