Los gobiernos pueden mentir en muchos aspectos, pero es difícil hacerlo en lo que come la gente. Una de las primeras medidas que tomó el “proceso de cambio” fue cambiar la manera de medir el índice de precios al consumidor, con el objetivo de disimular el porcentaje de inflación de los alimentos, la más sensible para la gente pobre, que suele meter al plato hasta el 80 por ciento de sus ingresos. Se mezclaron papas con televisores plasma y cebollas con computadoras para que de esa rara combinación resulte un número más bajo del real.
Gracias a esa insólita receta, muy usada por los gobiernos populistas que dicen defender la economía de los más necesitados, la inflación apenas ha superado el 50 por ciento entre 2006 y el 2013, sin embargo, al hacer cálculos más realistas y ahora que vuelve a apretar el bolsillo por una nueva escalada inflacionaria, economistas serios de distintas organizaciones no dudan en afirmar que en realidad, la inflación alimentaria ha sido casi el doble.
De hecho, la Fundación Jubileo ha realizado un seguimiento pormenorizado de los diferentes productos de la canasta familiar, sin mezclar electrodomésticos inaccesibles para la gran mayoría de los bolivianos y ha concluido que en los últimos ocho años el precio de los alimentos subió un 101 por ciento y que en la presente gestión, el índice superará el 11 por ciento, pese a que el Gobierno anticipa nomás del cinco por ciento.
Además de haber apelado a estas trampas el Gobierno también ha ordenado al Banco Central retirar dinero en efectivo de la circulación con el objetivo de que sea la plata la que escasee y no los alimentos. Pero como es natural, el hambre no se puede esconder por mucho tiempo y aunque las autoridades nacionales traten de meterla debajo de la alfombra con confusas estadísticas sobre erradicación de la pobreza extrema, terminan surgiendo en otros indicadores.
El Instituto estadounidense, Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (Ifpri), y las ONG Concern Worldwide y Welthungerhilfe, presentaron en Berlín el informe anual sobre el Índice Global del Hambre que coloca a Bolivia en una lista de 37 países –la mayoría africanos-, con una carencia alimentaria “grave”. Este dato ha sido corroborado por la FAO, que en un tono muy diplomático le ha sugerido a Bolivia que deje de lado los trucos y se dedique a erradicar el hambre a través de la producción de alimentos.
Pero en el Gobierno insisten en relativizar las cosas con datos que luego caen en la sospecha. Mientras que la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, afirma que no hay escasez de alimentos y que nuestro país solo importa trigo y harina, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) responde con datos y sostiene que hay una lista de 208 artículos alimenticios cuya producción no alcanza para satisfacer las necesidades internas, entre ellos la harina de yuca, carne de distintos tipos, papa, pescado y arroz. Según este informe, hasta agosto de este año, se había importado 300 productos alimenticios con un gasto de 163 millones de dólares.
Según los analistas económicos, incluso los que pertenecen a la FAO, gran parte de la culpa la tienen las políticas restrictivas a la producción y a las exportaciones que frenan las inversiones en el agro. Pero el Gobierno se niega a admitirlo y prefiere seguir, no solo con sus trucos estadísticos sino con sus amenazas a los productores. Acaba de hacerlo de nuevo con los azucareros.
Gracias a esa insólita receta, muy usada por los gobiernos populistas que dicen defender la economía de los más necesitados, la inflación apenas ha superado el 50 por ciento entre 2006 y el 2013, sin embargo, al hacer cálculos más realistas y ahora que vuelve a apretar el bolsillo por una nueva escalada inflacionaria, economistas serios de distintas organizaciones no dudan en afirmar que en realidad, la inflación alimentaria ha sido casi el doble.
De hecho, la Fundación Jubileo ha realizado un seguimiento pormenorizado de los diferentes productos de la canasta familiar, sin mezclar electrodomésticos inaccesibles para la gran mayoría de los bolivianos y ha concluido que en los últimos ocho años el precio de los alimentos subió un 101 por ciento y que en la presente gestión, el índice superará el 11 por ciento, pese a que el Gobierno anticipa nomás del cinco por ciento.
Además de haber apelado a estas trampas el Gobierno también ha ordenado al Banco Central retirar dinero en efectivo de la circulación con el objetivo de que sea la plata la que escasee y no los alimentos. Pero como es natural, el hambre no se puede esconder por mucho tiempo y aunque las autoridades nacionales traten de meterla debajo de la alfombra con confusas estadísticas sobre erradicación de la pobreza extrema, terminan surgiendo en otros indicadores.
El Instituto estadounidense, Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (Ifpri), y las ONG Concern Worldwide y Welthungerhilfe, presentaron en Berlín el informe anual sobre el Índice Global del Hambre que coloca a Bolivia en una lista de 37 países –la mayoría africanos-, con una carencia alimentaria “grave”. Este dato ha sido corroborado por la FAO, que en un tono muy diplomático le ha sugerido a Bolivia que deje de lado los trucos y se dedique a erradicar el hambre a través de la producción de alimentos.
Pero en el Gobierno insisten en relativizar las cosas con datos que luego caen en la sospecha. Mientras que la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, afirma que no hay escasez de alimentos y que nuestro país solo importa trigo y harina, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) responde con datos y sostiene que hay una lista de 208 artículos alimenticios cuya producción no alcanza para satisfacer las necesidades internas, entre ellos la harina de yuca, carne de distintos tipos, papa, pescado y arroz. Según este informe, hasta agosto de este año, se había importado 300 productos alimenticios con un gasto de 163 millones de dólares.
Según los analistas económicos, incluso los que pertenecen a la FAO, gran parte de la culpa la tienen las políticas restrictivas a la producción y a las exportaciones que frenan las inversiones en el agro. Pero el Gobierno se niega a admitirlo y prefiere seguir, no solo con sus trucos estadísticos sino con sus amenazas a los productores. Acaba de hacerlo de nuevo con los azucareros.
En los últimos ocho años el precio de los alimentos subió un 101 por ciento y en la present
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