René David Moreno. Iquique (aparece en El Deber de Santa Cruz)
Las calles de la zona franca de Iquique (Chile) están repletas de vehículos usados, llenos de polvo, pues en los patios de las empresas importadoras ya no hay espacio. Hay una saturación luego que el Gobierno boliviano emitiera, el 4 de diciembre pasado, el decreto 29836 que corta el ingreso al país de vehículos con una antigüedad al menos cinco años.
Entre enero a noviembre de 2008, el 70% de los motorizados usados que llegaron a Iquique tuvo como destino final Bolivia.
Es decir, de los 122.167 vehículos llegados a esta zona franca chilena, alrededor de 94.457 fueron a parar a ciudades bolivianas, según los datos a los que EL DEBER accedió en Iquique. El movimiento económico que se produjo fue de aproximadamente $us 302 millones.
Son 130 empresas importadoras de vehículos que operan en la zona franca iquiqueña, 60 de ellas se dedican a la importación de vehículos usados de industria japonesa.
Hasta la semana anterior alrededor de 40.000 motorizados estaban estocados en patios y garajes de las firmas importadoras. Se estima que la cifra subirá a 60.000 debido a que están en camino barcos cargados de motorizados. Incluso se habilitó un espacio en la falda de un cerro para estacionar más vehículos ante la evidente falta de lugares para parquearlos, mientras se sepa los resultados de la negociación entre las cancillerías de Bolivia y Chile.
Por lo pronto, en Iquique hay caras largas y molestas por la decisión boliviana, que argumentan fue sin previo aviso.
El negocio lo monopolizan ciudadanos paquistaníes, que son dueños de la mayoría de las empresas importadoras de vehículos usados de Japón.
Uno de ello es Zafar Jalil, propietario de la firma AMAR International Ltda. En su depósito tiene 160 vehículos que no se vendieron. Según este paquistaní, tiene un capital dormido de $us 500.000.
Otras empresas tienen 200, 500, 800, 1.000 e incluso algunas tienen de a 2.500 estocados, con capitales que sobrepasan $us más de un millón, dos y tres millones. Se conoció que hay una inversión que sobrepasa los $us 100 millones en los 40.000 automotores que están sin vender al mercado boliviano.
Una iniciativa para rematar los vehículos dentro de Chile, al parecer no ha prosperado, pues el monto de $us 1.200 ofrecido por unidad, no resulta atractivo para los propietarios.
Solamente el costo de traerlos de Japón, pago de flete, pago de aranceles y otros gastos oscila entre $us 1.600 a 1.900, según indicó Daniel Reyes Illanes, experto en tramitación aduanera, que trabaja en la empresa paquistaní Butt Trading Ltda.
Reyes observa que el impacto de la prohibición boliviana a los vehículos usados, se comenzará a sentir con mayor fuerza en Iquique entre tres y cuatro meses, porque muchas importadoras cerrarán sus puertas y los empleados quedarán en la calle.
Para el japonés Tatsumo Kuroiwa, que vivió en la colonia San Juan en Santa Cruz, y que en 1989 abrió su empresa de importación y exportación en Iquique, la norma boliviana no se puede entender, pues ignora por completo los tiempos que lleva una importación que puede demorar entre 30 y 40 días.
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