El 14 de Noviembre de 2008 surtidores de todo el país amanecieron militarizados y ante una nueva legislación del Decreto Supremo 29788 que incorporó el GLP en la lista de sustancias controladas y que estipuló que los contrabandistas de carburantes: GLP, gasolina y diesel, encontrados en posesión de estas substancias estarían expuestos a ir a prisión bajo una pena de hasta 25 años, estipulada bajo el paraguas de la Ley 1008.
Este fue el inicio de la transformación de la crisis de carburantes que vive el país, en la judicalización como solución, intentando desplazar un problema del Gobierno a los ciudadanos que para realizar su trabajo consumen cantidades mayores de algún tipo de carburante. El Ejecutivo, procedió a dictar un D.S y a buscar que justos paguen por pecadores, en lugar de subsanar los problemas de fondo que tienen que ver con la parálisis de la inversión y la producción de energéticos, debido a falta de previsiones de la nueva administración de la Nacionalizada YPFB y de la falta de control del contrabando a gran escala que sin duda tiene padrinos que están en función de gobierno.
De esta manera, la administración del presidente Morales apostó por el endurecimiento de los controles para evitar la escasez de carburantes observada en los meses recientes en las principales ciudades del país, advirtiéndose que la falta de autorización para transportar estos combustibles provoca la incautación inmediata del cargamento, con lo que en consecuencia instauró una burocracia crónica que de aquí en más van a tener que padecer todos aquellos ciudadanos que necesitan adquirir carburantes para sus respectivos trabajos.
La burocracia para la compra de diesel y gasolina una realidad que exige un trámite que se ha convertido en un problema mayúsculo para quienes quieren adquirir combustibles y que tienen que pasar por una especie de prueba inquisidora que implica sortear un sinnumero de formalidades, entre las que se cuenta el requerimiento de antecedentes penales y centralización de la verificación de la solicitud en la ciudad de La Paz, con el consecuente retraso, molestias y percances que esto ocasiona en los demandantes.
Estamos ante acciones que sin lugar a dudas desincentivan y frenan la actividad productiva en vez de alentarla y que además nos encaminan a convertirnos en el país de las colas, de la corrupción y de los controles que ponen a los compradores en manos de funcionarios que concentran hasta la posibilidad de que alguien produzca o quede fuera de la posibilidad de realizar un trabajo productivo si no goza de su beneplácito y voluntad. Lo increíble es que los agropecuarios y los transportistas, quejosos, molestos y cansados hacen las colas y se van adaptando a las nuevas reglas que marcan el "proceso de cambio" que se están registrando en Bolivia.
Bolivia la de los ciudadanos haciendo cola con la cabeza gacha, la de los sectores a los que sus gremios no defienden con la debida decisión. Bolivia la de los ciudadanos que son víctimas indefensas de un Estado concentrador Puño de Hierro.
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