La Casa Blanca amenaza con un embargo parcial petrolero dentro de un mes
Nicolás Maduro durante un acto de gobierno - EFE
En su escalada de sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, Estados Unidos abrió ayer la esperada ronda de sanciones económicas. El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que prohíbe a ciudadanos o entidades financieras de EE.UU. la compra de nueva deuda y otros activos del Estado venezolano o de su petrolera nacional, PDVSA, cuya emisión de bonos es la principal fuente crediticia nacional.
El decreto también prohíbe la compra de bonos en el mercado secundario, en el caso de que el sector público venezolano sea el propietario, y el pago de dividendos al Gobierno de Caracas. Con ello, el ahogo financiero de Venezuela, ya en serias dificultades en sus cuentas, va a acentuarse drásticamente. La Casa Blanca calificó las nuevas sanciones de «duras».
Las medidas no solo afectan al mercado de bonos, sino que también se dirigen directamente al sector petrolero. De momento establece una amenaza de que en treinta días puede establecer una prohibición de importar crudo de Venezuela o exportar productos refinados a ese país, aplicada únicamente a Citgo, empresa del mercado estadounidense que es propiedad de PDVSA.
Aunque según esa amenaza por ahora EE.UU. no cancelaría completamente su negocio petrolero con Venezuela (la presión ejercida por varias compañías de capital estadounidense han impedido que se sugiera un embargo completo), ese comercio se vería muy afectado, ya que Citgo es el principal actor de esas transacciones y principal generador de los ingresos efectivos que por petróleo obtiene Venezuela. El decreto da a Citgo treinta días para dejar de importar y exportar crudro y productos refinados que tengan a Venezuela como destino u origen.
En previsión de la decisión que ayer iba a desvelar la Casa Blanca, Maduro comunicó a última hora del día anterior que el hasta ahora presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, retomaba el puesto de ministro de Petróleo. Se supone que desde ese puesto estará en mejores condiciones para dialogar con Gobiernos de otros países en la búsqueda de nuevos mercados para el petróleo venezolano.
En el decreto, la Casa Blanca afirma que la «dictadura de Maduro premia y enriquece a funcionarios corruptos», que están «saqueando los bienes de la nación» y llevándola al borde de la quiebra. Añade que ahora esos dirigentes «están acudiendo a sistemas de financiación opacos y liquidando los bienes del país a precio de saldo».
Esas palabras justificarían que Estados Unidos actúe contra los instrumentos financieros que están sustentando el régimen y beneficiando personalmente en muchos casos a sus propios dirigentes. Diversas investigaciones han apuntado que la corrupción chavista ha utilizado la emisión de bonos para el enriquecimiento personal y el lavado de dinero.
Hasta ahora Washington solo había promovido sanciones personales, aplicadas a dirigentes chavistas que se han significado en el abuso de derechos humanos, la corrupción y el narcotráfico. Entre las personas afectadas, a las que se congelan los posibles bienes que puedan tener en Estados Unidos, se encuentra el propio Nicolás Maduro.
Desde que Maduro anunció la creación de una Asamblea Nacional Constituyente, en un proceso ilícito, Trump ha amenazado al Gobierno venezolano con sanciones económicas.
Los 750.000 barriles diarios de petróleo que PDVSA exporta a Estados Unidos suponen los principales ingresos por petróleo que obtiene Venezuela en su presupuesto anual. El resto de crudo que exporta, salvo el contratado con India, o bien ya está cobrado, como en el caso del enviado a China a cambio de créditos ya obtenidos, o bien se ofrece en condiciones por debajo de las del mercado a los países del Caribe.
Más de un tercio del petróleo venezolano que llega a Estados Unidos es importado por Citgo. El resto lo compran empresas como Valero, Chevron y Phillips 66, que podrán seguir importándolo por la excepción que establece la Casa Blanca para «no dañar» esos intereses estadounidenses. Se trata de compañías cuyas refinerías del Golfo de México están en parte adaptadas al petróleo pesado y extrapesado de Venezuela, y a las que les resultaría complejo buscar otro suministrador.
De todos modos, fuentes conocedoras de los planes de contingencia elaborados por la Administración Trump no descartan que más adelante puede decretarse un embargo completo para el petróleo venezolano.
Entre otras medidas que también están en la recámara de la Casa Blanca se encuentra la prohibición de que PDVSA puede utilizar el dólar en sus operaciones comerciales, alegando que se ha convertido en un instrumento de lavado de dinero. Eso estrangularía casi definitivamente a la compañía estatal.
El mismo día que en Washington se anunciaban las nuevas sanciones, en Nueva York se sabía que un alto tribunal de la capital financiera estadounidense ha aprobado el embargo de 1.202 millones de dólares que la República Bolivariana de Venezuela tiene depositados en una cuenta del Banco Nueva York Mellow.
El juez falló a favor de la multinacional canadiense Crystallex International Corporation, que mantenía una querella contra el Gobierno venezolano por la expropiación de los bienes y activos que tenía en Venezuela y que fue ordenada por Hugo Chávez. El monto embargado afecta a un dinero perteneciente al Estado venezolano que iba a ser pagado a Northrup Grumman Ship Systems por la reparación de unos buques del Miniterios de Defensa.