Según el último informe de la oficina del Programa Mundial de Alimentos, el cambio climático tiende a incidir de manera negativa sobre una lista crítica de cien países en el mundo, los que se muestran especialmente vulnerables a este fenómeno de la naturaleza. Entre los países andinos, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú están expuestos a desastres naturales y amenazas en seguridad alimentaria. La paradoja, cruel por donde se la vea, es que esa lista crítica de cien países vulnerables es, al mismo tiempo, la lista de países que menos contribuyen a la emisión de gases del efecto invernadero. En otras palabras, el cambio climático está afectando más a países cuyo denominador común es la pobreza
Conviene recordar que la pobreza ha sido señalada como el “enemigo número uno” que impide el progreso y el desarrollo de los países denominados en vías de desarrollo. De acuerdo con este criterio, se ha señalado que Bolivia aunque tiene muy bajas emisiones contaminantes, es uno de los países más vulnerables ante el cambio climático. La razón es que en el país aún existe una extrema pobreza, ecosistemas variables, deforestación, clima inestable y glaciares tropicales y, lamentablemente, carencia de información científica para afrontar el cambio climático. Concretamente, existen 148 municipios en las categorías de “grave vulnerabilidad”, y otros 32 en “muy alta vulnerabilidad”.
En otras palabras, nuestras condiciones económicas, sociales y políticas configuran un panorama desalentador, porque tenemos por delante un titánico desafío que falta encarar como corresponde. A modo de ejemplo, la parafernalia del respeto a la Madre Tierra que proclama la actual administración gubernamental muestra buenas intenciones, pero representa más la retórica fácil que la práctica útil que conduzca al alivio de los efectos del cambio climático. Sin ir más lejos, el marco legal para afrontar el cambio climático se muestra incompleto, ineficiente y débil. No frena la deforestación y descuida áreas protegidas consideradas claves para la mitigación y adaptación al cambio climático.
Resulta una paradoja que Bolivia, considerada una de las naciones del mundo con mayor riqueza en variedad de especies, sea tan vulnerable al cambio climático. Éste afecta sus sistemas acuáticos, bosques de neblina y páramos, provocando migración y riesgos de extinción de especies, aparición de plagas y enfermedades que afectan a la biodiversidad. Sin embargo, el Análisis y Mapeo de la Vulnerabilidad puede servir de guía en la toma de decisiones gubernamentales, ayudando a planificar y actuar para mitigar el impacto de los desastres provocados por el clima, como la pérdida de medios de vida y el alza de precios de alimentos. Invertir para reducir los riesgos de desastres.
Ello implica un reto que no se está encarando como corresponde. La sociedad ni el Gobierno están a la altura de las circunstancias. La primera carente o insuficiente en conciencia ecológica, daña más que protege la biodiversidad y el medio ambiente. El Gobierno, por su parte, no ha podido levantar el edificio jurídico legal para encarar el cambio climático y menos movilizar al colectivo nacional para su participación plena en el cumplimiento de este propósito. Son tareas pendientes. Derrotar a la pobreza, mitigar y adaptarse al cambio climático para revertir el ser uno de los países que menos contamina y, por cruel paradoja, de los que más sufren los efectos del cambio climático.
Conviene recordar que la pobreza ha sido señalada como el “enemigo número uno” que impide el progreso y el desarrollo de los países denominados en vías de desarrollo. De acuerdo con este criterio, se ha señalado que Bolivia aunque tiene muy bajas emisiones contaminantes, es uno de los países más vulnerables ante el cambio climático. La razón es que en el país aún existe una extrema pobreza, ecosistemas variables, deforestación, clima inestable y glaciares tropicales y, lamentablemente, carencia de información científica para afrontar el cambio climático. Concretamente, existen 148 municipios en las categorías de “grave vulnerabilidad”, y otros 32 en “muy alta vulnerabilidad”.
En otras palabras, nuestras condiciones económicas, sociales y políticas configuran un panorama desalentador, porque tenemos por delante un titánico desafío que falta encarar como corresponde. A modo de ejemplo, la parafernalia del respeto a la Madre Tierra que proclama la actual administración gubernamental muestra buenas intenciones, pero representa más la retórica fácil que la práctica útil que conduzca al alivio de los efectos del cambio climático. Sin ir más lejos, el marco legal para afrontar el cambio climático se muestra incompleto, ineficiente y débil. No frena la deforestación y descuida áreas protegidas consideradas claves para la mitigación y adaptación al cambio climático.
Resulta una paradoja que Bolivia, considerada una de las naciones del mundo con mayor riqueza en variedad de especies, sea tan vulnerable al cambio climático. Éste afecta sus sistemas acuáticos, bosques de neblina y páramos, provocando migración y riesgos de extinción de especies, aparición de plagas y enfermedades que afectan a la biodiversidad. Sin embargo, el Análisis y Mapeo de la Vulnerabilidad puede servir de guía en la toma de decisiones gubernamentales, ayudando a planificar y actuar para mitigar el impacto de los desastres provocados por el clima, como la pérdida de medios de vida y el alza de precios de alimentos. Invertir para reducir los riesgos de desastres.
Ello implica un reto que no se está encarando como corresponde. La sociedad ni el Gobierno están a la altura de las circunstancias. La primera carente o insuficiente en conciencia ecológica, daña más que protege la biodiversidad y el medio ambiente. El Gobierno, por su parte, no ha podido levantar el edificio jurídico legal para encarar el cambio climático y menos movilizar al colectivo nacional para su participación plena en el cumplimiento de este propósito. Son tareas pendientes. Derrotar a la pobreza, mitigar y adaptarse al cambio climático para revertir el ser uno de los países que menos contamina y, por cruel paradoja, de los que más sufren los efectos del cambio climático.
El Gobierno no ha podido levantar hasta ahora el edificio jurídico legal para encarar el cambio climático, y menos movilizar al colectivo nacional para su participación plena en el cumplimiento de este propósito.ta
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