Bolivia se sumó en Santiago de Chile, durante la reunión Celac-UE, al grupo de países que se niega a dar seguridades jurídicas a las inversiones extranjeras. Los otros países que estuvieron en esa postura son Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Argentina. Los demás países de la región parecieron haber entendido que estaban asistiendo a una reunión muy importante, en que los europeos, con sus economías sumidas en graves dificultades, estaban buscando plazas nuevas para emigrar sus capitales.
Cientos de empresas europeas, así como ciudadanos de ese continente, han cruzado el océano para llegar a América Latina conforme se acrecentaba la crisis que pone en duda el futuro del euro. Brasil es el primer país beneficiado con este éxodo económico. Pero por alguna extraña razón, el mencionado grupo de países, al que se sumó Bolivia, decidió cerrar sus puertas a las inversiones que lleguen del exterior, pues niegan las seguridades jurídicas que todo inversionista reclama. El argumento esgrimido por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue que las garantías y seguridades jurídicas no pueden estar por encima de las conveniencias circunstanciales de las políticas económicas de los gobiernos.
Los presidentes y jefes de Gobierno de Europa habían entendido que las seguridades jurídicas pertenecen a políticas de Estado y no a decisiones de Gobierno, que siempre son circunstanciales y pasajeras. Para los europeos, y para todos los inversionistas del mundo, el panorama es claro: hay en América latina países donde se puede invertir porque allí existen seguridades jurídicas, y hay otros donde no es conveniente hacerlo, porque no existen esas seguridades.
En este último grupo está Bolivia. Los países que conforman el grupo de los que se niegan a dar seguridades jurídicas figuran en las estadísticas internacionales como los que en peores condiciones están. Son los países que, casualmente, también ponen muchas trabas a las inversiones internas. La cantidad de condiciones que ponen para la creación de empresas son proporcionales a la incertidumbre en que las ya establecidas deben operar.
Mientras este proceso sigue adelante, los países donde existen seguridades jurídicas para las inversiones son los que más progresan, mientras los otros siguen marcando los lugares más rezagados. Esta clase de afiliaciones deberían ser motivo de un referéndum, y no resultado de la decisión de gobiernos pasajeros
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