Los altos precios del gas natural que Bolivia exporta están actuando como una cortina de humo que impide ver el verdadero estado en que se encuentra el sector petrolero en el país.
Y también impide saber cuál es la situación real de YPFB, pues sus utilidades parecen demasiado altas para el estado en que se encuentra su gestión.
Quizá una de las causas de esta situación sea que el presidente de YPFB sigue siendo un interino en lugar de ser elegido mediante un concurso de méritos por el parlamento, como manda la ley.
El señor Carlos Villegas, catedrático de la carrera de economía, maneja la empresa estatal del petróleo seguramente con mucha responsabilidad, pero se nota que no está en su rubro.
Las operaciones de venta/compra/venta de petróleo reconstituido, hecha por YPFB, merecieron críticas muy certeras y muy severas de parte del experto Carlos Miranda, exsuperintendente de Hidrocarburos. Vender un producto con descuento, luego comprar sus derivados en precios inflados para terminar reexportándolos a precios reducidos, es algo que merecería una investigación, además de figurar en los anales de los negocios inverosímiles.
Los equipos industriales que se instalan en Río Grande y en el Chaco tienen demoras y sobreprecios inexplicables. Desde la cárcel donde se encuentra preso acusado de corrupción, el antecesor de Villegas, Santos Ramírez, dice que la planta de Río Grande duplicó su costo en tres años.
En la última semana de diciembre pasado, el señor Villegas dijo que la empresa que maneja tiene dificultades con las licencias ambientales y que incluso un trabajo de prospección sísmica está demorado durante dos años porque los pueblos originarios del Chaco no dan el visto bueno.
Con el antecedente del caso Tipnis, donde las consultas “previas” fueron hechas a posteriori y de prisa, parecía que el Gobierno había descubierto la forma de pasar por encima de las objeciones de los pueblos originarios a este tipo de obras.
Lo más objetable de la gestión petrolera es el hecho de que el consumo interno no merece el trato privilegiado y prioritario que ordena la Constitución.
Salvo que el parlamento opte por modificar el artículo 379 y de esa manera quede sin vigencia la disposición por la cual sólo se pueden exportar los excedentes, YPFB debería reducir las exportaciones para atender el mercado interno.
La política energética necesita ser reafirmada por el Gobierno, subrayando el hecho de que el consumo interno es considerado de prioridad absoluta.
Cumplir con lo que se ha ofrecido, hacer en la práctica lo que se ha dicho en palabras tendría que ser una obligación de los gobernantes.
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