Sacudones en YPFB
El escándalo de la compra de taladros que fue adjudicada por YPFB a Drillmec terminó, como era previsible, perforando el prestigio y los más altos cargos de la empresa a pesar de que el proceso de investigación no ha terminado. El presidente Evo Morales, tras haberse reunido con los trabajadores petroleros, decidió cambiar a Guillermo Achá en el cargo de presidente de la empresa por Óscar Barriga, que era viceministro de Comercialización e Industrialización en el ministerio del ramo.
El presidente Morales, quizá por costumbre, culpó a “algunos medios” de “hacer creer que existe corrupción en YPFB”, pero al mismo tiempo, sin advertir que se estaba contradiciendo, en el mismo discurso en que estaba destituyendo a Achá por las irregularidades del caso taladros ordenó a Barriga revisar todos los contratos dejados por su antecesor.
Barriga es el octavo presidente de la empresa en lo que va del Gobierno del MAS. Pasaron por el cargo personajes como Santos Ramírez, de profesión maestro rural, ingenieros hidráulicos, licenciados, administradores de imprentas, en una larga lista de desaciertos.
La llegada de Barriga al cargo encuentra a la empresa estatal del petróleo sumida en casos de corrupción y ante dramáticas dudas sobre la pertinencia de algunas inversiones millonarias. La planta de Bulo Bulo se presenta como el ejemplo de la falta de previsión. Fue emplazada en el centro del territorio boliviano para producir urea y amoniaco con destino a la exportación. El costo de transporte inviabiliza las exportaciones y ni siquiera existe el ferrocarril que debía servir para eso, excepto el tramo entre Montero y las fronteras con Brasil y Argentina.
Es probable que Barriga, cumpliendo la orden del presidente, descubra las fallas de este caso y permita saber si existió o no alguna irregularidad que pudiera ser atribuida a la corrupción. Dudas similares ensombrecen el futuro de las plantas separadoras de Yacuiba y Río Grande, ahora aquejadas por la reducción de los volúmenes de exportación. Estos tres proyectos costaron al país más de $us 2.000 millones.
Desde la cárcel, Ramírez vaticina que los problemas de la empresa no se resolverán con este cambio: “Los problemas continuarán dentro de YPFB, porque es una disputa del poder político y económico en el interior de la estatal; se crean grupos intocables en el interior, que si los tocas te arman cualquier proceso”. El problema es que la producción está cayendo y ni siquiera se sabe cuántas reservas probadas de gas existen.
El presidente Morales, quizá por costumbre, culpó a “algunos medios” de “hacer creer que existe corrupción en YPFB”, pero al mismo tiempo, sin advertir que se estaba contradiciendo, en el mismo discurso en que estaba destituyendo a Achá por las irregularidades del caso taladros ordenó a Barriga revisar todos los contratos dejados por su antecesor.
Barriga es el octavo presidente de la empresa en lo que va del Gobierno del MAS. Pasaron por el cargo personajes como Santos Ramírez, de profesión maestro rural, ingenieros hidráulicos, licenciados, administradores de imprentas, en una larga lista de desaciertos.
La llegada de Barriga al cargo encuentra a la empresa estatal del petróleo sumida en casos de corrupción y ante dramáticas dudas sobre la pertinencia de algunas inversiones millonarias. La planta de Bulo Bulo se presenta como el ejemplo de la falta de previsión. Fue emplazada en el centro del territorio boliviano para producir urea y amoniaco con destino a la exportación. El costo de transporte inviabiliza las exportaciones y ni siquiera existe el ferrocarril que debía servir para eso, excepto el tramo entre Montero y las fronteras con Brasil y Argentina.
Es probable que Barriga, cumpliendo la orden del presidente, descubra las fallas de este caso y permita saber si existió o no alguna irregularidad que pudiera ser atribuida a la corrupción. Dudas similares ensombrecen el futuro de las plantas separadoras de Yacuiba y Río Grande, ahora aquejadas por la reducción de los volúmenes de exportación. Estos tres proyectos costaron al país más de $us 2.000 millones.
Desde la cárcel, Ramírez vaticina que los problemas de la empresa no se resolverán con este cambio: “Los problemas continuarán dentro de YPFB, porque es una disputa del poder político y económico en el interior de la estatal; se crean grupos intocables en el interior, que si los tocas te arman cualquier proceso”. El problema es que la producción está cayendo y ni siquiera se sabe cuántas reservas probadas de gas existen.
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