Las más recientes noticias que dan cuenta de los avances en las investigaciones permiten mantener viva la esperanza de que, por fin, estemos ante una veraz intención de poner algún orden en las cuentas estatales.

 Hace casi tres meses, a mediados de marzo pasado, el director de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, hizo público un informe de su despacho en el que denunció probables irregularidades y posible sobreprecio en el proceso de contratación y compra de tres taladros por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a la empresa italiana Drillmec y recomendó la apertura de una minuciosa investigación sobre el caso.

 Tanto el informe como la recomendación y la expresión de actuar con el máximo rigor contra los autores de las irregularidades —suponiendo que éstas fueran confirmadas por la investigación— fueron recibidas con cierto escepticismo. No podía ser de otro modo, pues todos los antecedentes acumulados durante los últimos 11 años daban pie a la sospecha de que en las filas gubernamentales había más propensión al encubrimiento que a la transparencia ante los más grandes casos de corrupción.

 A pesar de ello, una ventana de esperanza, pequeña pero esperanza al fin, fue abierta por la insistencia con que el director de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos exigió que el informe presentado fuera analizado y evaluado por un “equipo técnico jurídico imparcial e independiente”, del que fueran excluidos los principales ejecutivos de YPFB.

 Como contrapartida, también desde el comienzo llamó la atención la inclinación del actual presidente de YPFB a minimizar el asunto y restarle credibilidad a la labor de Novillo y sus informes.

 Con tales antecedentes, no resultaba infundado el temor de que en éste, como en muchos casos anteriores, un manto de olvido se tendiera sobre las denuncias de modo que Drillmec terminaría beneficiándose con la venta a YPFB de tres taladros, a pesar de que su oferta resultaba 28 millones de dólares más cara que la de la más baja. Así ocurrió con motivo de los taladros chinos comprados a Camce y también en varias decenas de otras adquisiciones de bienes y servicios para YPFB.

 Felizmente, las más recientes noticias que dan cuenta de los avances en las investigaciones permiten creer que, por fin, estamos ante una veraz intención de poner algún orden en las cuentas estatales.

 Sin embargo, cabe recordar que si bien YPFB ha sido una de las principales vertientes de las que se ha nutrido la corrupción durante los últimos años, no es la única. Así lo confirma, por ejemplo, el reciente caso de los contratos suscritos con la empresa española Corsán, entre muchos otros escandalosos casos que se incuban en el rubro de las obras públicas.

 Por eso, si en verdad el Gobierno nacional pretende dar una señal inequívoca de un cambio de actitud ante las relaciones entre Estado y empresas proveedoras de bienes y servicios, debe hacer cuantos esfuerzos sean necesarios para despejar las dudas que aún persisten.

 De otro modo, el caso de los taladros quedará sólo como una excepcional muestra de voluntarismo individual más que como fruto de una voluntad política.