sin número de mis artículos han sido dedicados primero: a plantear que la gran solución para la eliminación de los desechos sólidos es la incineración, para lo que la hoy llamada Mancomunidad Kanata debería asumir la construcción de una planta de tamaño mediano, capaz de procesar entre 800 y 1000 toneladas de basura por dia, durante 365 días, para generar energía eléctrica que sume su producto a la red nacional. segundo: ninguna otra alcaldía asumirá que se abra otro K'ara K'ara, salvo que se le pague millones, en calidad de compensación y para cubrir riesgos físicos y humanos. tercero: la solución no puede seguir demorando, tiene que asumirse ya. buscar por licitación internacional un consorcio de empresas (no hay una en especial en el mundo) que sumando esfuerzos de recolección, traslado, tratamiento (lo reciclable se determina técnicamente), incineración, y aprovechamiento del producto, energía y escombros para ser usados como base en las carreteras. Implementar una planta del tipo ideal para la mancomunidad puede demorar entre 15y 18 meses.
finalmente, tal cual pronosticamos en 1995 K'ara K'ara no cerrará por lo menos en cinco años más y ninguna otra zona aceptará convertirse en depositaria de desechos sólidos como hasta hoy.
M. Aira (editor principal)
L.T. No sólo que es la primera vez que se estaría alargando el uso del vertedero por una década, sino que se suponía urgente su cierre y reubicación debido a varios argumentos ambientales y de salud
La improvisación y el permanente rezago con que se ha tratado el problema de la basura en Cochabamba van llegando a extremos insospechados.
Primero, a través de un fallo de primera instancia del Tribunal Departamental de Justicia, y luego con una ratificación de dicho fallo por el Tribunal Constitucional, se instruyó el cierre técnico y abandono definitivo del vertedero de K’ara K’ara hasta el 31 de diciembre del año 2010 como plazo máximo; que fue extendido por encima de la ley en diferentes oportunidades y a través de distintos acuerdos entre los dirigentes de las vecindades afectadas y autoridades ediles, con el fin de otorgar mayor tiempo a éstas últimas para poner en marcha una nueva solución para el destino de los deshechos del municipio.
Es ya difícil recordar la cantidad de oportunidades en que los pobladores de K’ara K’ara han cerrado el botadero, la basura se ha acumulado en las calles de la ciudad por días mientras autoridades municipales negociaban una extensión del plazo de cierre, y se retornaba a la normalidad hasta agotar el plazo conseguido, sólo para comenzar de nuevo con el drama.
La última prórroga lograda vence el 16 de septiembre del año en curso encontrándonos, como de costumbre, sin ninguna solución que nos permita cumplir con lo dispuesto por la Ley, y con el aditamento de un contrato firmado por la Alcaldía de Cercado, que adjudica a la empresa Colina SRL el cierre técnico y disposición final de residuos que deberá realizarse en el plazo de 10 años, lo que implicaría que el botadero aún no se cierra y que consecuentemente todavía no se tiene una solución al problema.
Peor aún, no sólo que es la primera vez que se estaría alargando el uso del vertedero por una década, sino que se suponía urgente su cierre y reubicación debido a los varios argumentos ambientales y de salud sobre los que, precisamente, se han basado los dos fallos, judicial y constitucional, mencionados.
Por otro lado, de acuerdo a un representante del Foro Cochabambino del Medio Ambiente y Desarrollo (Focomade), este contrato habría sido firmado sin contar con estudio TESA, ni manifiesto ambiental, ni declaratoria de emergencia o desastre, limitándose a constituirse en un documento común y corriente de adjudicación de obra entre una alcaldía y una empresa.
Adicionalmente, tampoco ha sido posible conversar con los responsables de la empresa adjudicada, que han argüido la ausencia de personal en sus oficinas, por lo que no se pudo obtener información respecto de los límites y alcances del contrato, su experiencia en el rubro de manejo de la basura, así como la tecnología y equipos con que cuentan.
Bien harían las autoridades en despejar dudas, puesto que la transparencia es un principio establecido constitucionalmente, por lo que no debería ser tan complicado obtener información referida a la disposición de los recursos públicos y al establecimiento de políticas para solucionar los problemas de la ciudadanía. Más cuando se trata de un problema de larga data.
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