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viernes, 12 de septiembre de 2014

hechos periodísticos que El Deber destaca. el pozo 9 de San Alberto se agotó después de 12 años de explotación. hace 9 años que no se descubre un sólo pozo.. la producción de gas, puede aguantar hasta el 2017 luego, aún cuando hoy se descubrieran otros, nadie sabe cuánto tiempo tendrá que transcurrir hasta producir. Gravísimo.

En competencia con la campaña electoral, aunque más inquietantes, llegan precisos informes sobre la delicada situación de las reservas de gas natural en el país. La calificadora de riesgos Fitch Ratings dice en su último informe sobre Bolivia que las reservas comenzarán a flaquear el año 2017, cuando el país podría verse en figurillas para atender la demanda interna y externa.

Fitch pone en primer lugar la atención de la demanda interna, pero todos sabemos que esa no es la prioridad en este momento, sino las exportaciones. El informe dice también que si las leyes aprobadas en los últimos meses fueran implementadas de manera apropiada, pragmática, quizá sea posible que las inversiones lleguen a Bolivia a aportar para el hallazgo de nuevos yacimientos de hidrocarburos.

Pero habla también del clima de incertidumbre que existe en el ámbito petrolero y, en general, entre los inversionistas privados, nacionales y extranjeros.

La calificadora de riesgos subraya la creciente dependencia que Bolivia tiene de los ingresos del gas: 8% del Producto Interno Bruto, 57% de las recaudaciones tributarias, 54% de las exportaciones y 33% de la inversión interna. Lo malo es que en los últimos nueve años no se han encontrado nuevos yacimientos de gas ni petróleo en el país y los campos que son explotados desde anteriores gobiernos han comenzado a agotarse.

Según la carta informativa Siglo 21, el pozo 9 de San Alberto se agotó, dejó de producir. Fue el primer pozo del campo San Alberto, descubierto en 1991 por YPFB, pero que entró en producción solo en 2002. 

Si ese es el lapso que se da en la industria petrolera entre el descubrimiento de un campo y su entrada en producción, quiere decir que en este momento es tarde para encontrar soluciones a la crisis de 2017.

Las empresas petroleras deben enfrentar no solamente la incertidumbre de la inseguridad jurídica y la flaqueza de las leyes, sino también a las comunidades autóctonas, que exigen cada vez más ‘recompensas’ para autorizar que se opere en sus campos.

Fitch menciona, a este respecto, la falta de seguridades jurídicas y el hecho de que las leyes promulgadas no se apliquen, sobre todo cuando se trata de los derechos de las empresas privadas 

Consejo Editorial: Pedro F. Rivero Jordán, Juan Carlos Rivero Jordán, Tuffí Aré Vázquez, Lupe Cajías, Agustín Saavedra Weise y Percy Áñez Rivero

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