Seis años después, en medio de acusaciones cruzadas, el Gobierno boliviano y la Jindal anunciaban que todo había quedado en nada. El Gobierno decía que la empresa no había invertido lo que prometió, y la empresa respondía que resultaba imposible hacer siderurgia sin energía, pues no había el gas suficiente.
Pasaron otros dos años y ahora se conoce, de sorpresa, sin que nadie del Gobierno hubiera estado enterado, que la Jindal ganó un juicio a la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) por 22,5 millones de dólares y que se apresta a demandar por 100 millones adicionales. Antes de la ruptura, la ESM había ejecutado una boleta de garantía por 18 millones de dólares.
El fallo emitido por la Cámara de Comercio de París tiene fecha del 6 de agosto y ahora, 20 días después, el Gobierno nacional anuncia, a través del vicepresidente Álvaro García Linera, que se propone recusar el fallo. Lo que informa la empresa en su página de la red es que Bolivia tenía diez días para pronunciarse o pagar. Si eso fuera así, la recusación anunciada por el Gobierno nacional sería extemporánea.
Parece oportuno que ahora las autoridades nacionales se ocupen de seguir de cerca la demanda por 100 millones de dólares que anuncia la empresa, para que esta vez no se produzcan fallos que tomen por sorpresa al país. Pero lo más importante, lo verdaderamente importante, es que se elabore un proyecto serio, verdadero, sin nuevas promesas de grandes objetivos que luego no se cumplen, sobre la siderurgia.
No es correcto que Bolivia siga importando hierro y acero de Argentina y Brasil por más de 250 millones de dólares por año, y que el proyecto de Mutún siga postergado debido a la falta de gas natural, que es exportado a esos dos países. Esto es tan incongruente como vergonzoso
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