El exdirector de Régimen Interior, Boris Villegas, responsabilizó al exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, de ser la autoridad que ordenó la intervención policial acaecida en Caranavi entre el 7 y 8 de mayo del 2010 y que derivó en la muerte de Mario Hernany y David Calizaya.
En conferencia de prensa, la senadora Carmen Eva Gonzales (CN) dio lectura a la declaración de Villegas ante los fiscales del caso: Patricia Santos y Aldo Ortiz, que se realizó el pasado 30 de julio en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz, donde el exfuncionario se encuentra detenido por el caso de la red de extorsión.
"El ministro Sacha Llorenti nunca impartía instrucciones de manera escrita, todas sus instrucciones fueron de manera verbal, en el caso específico del desbloqueo de Caranavi, la instrucción fue transmitida al alto mando policial que se encontraba en su despacho a la cabeza del general Oscar Nina", señaló Villegas en su declaración.
El exfuncionario afirma que quien acompañó a las fuerzas policiales que incursionaron en Caranavi en la referida fecha, fue el señor Luis Arancibia, asesor del despacho del ministro Sacha Llorenti, que en su calidad de abogado debía velar porque se respeten los derechos humanos y se haga este operativo conforme a la ley, "cosa que todos sabemos no ocurrió", remarca Vilegas.
"Nosotros como abogados del Ministerio de Gobierno tuvimos conocimiento del resultado de este operativo días después, cuando los hechos ya estaban consumados, en otras palabras, para la incursión en Caranavi, el ministro Sacha Llorenti obvió cualquier tipo de consulta jurídica a los abogados que trabajamos en el Ministerio de Gobierno y confió legalmente en este señor, Luis Arancibia", señala parte de la declaración.
Una vez consumados lo hechos, y por la presión social que se generó en ese entonces, Villegas comenta que se inculpó por los hechos a los coroneles Andrés Romero, Cristóbal Ramos, Julio Cruz, Roberto Torrez y Carlos Saravia, con el fin de salvaguardar la imagen de Llorenti.
Dijo que a los oficiales se les prometió que no "serían tocados ni imputados", pero debido a la presión social y por la magnitud del caso que conllevaba dos fallecidos, los oficiales fueron imputados como los responsables del operativo.
"Por órdenes del ministro Sacha Llorenti, mi persona, así como Fernando Rivera y Dennis Rodas, mantuvieron variadas reuniones con los fiscales encargados de este tema, con el fin de salvar la responsabilidad del señor Sacha Llorenti y hacer recaer todo el peso de la ley en los policías nombrados. Este tema era coordinado directamente a través de la doctora Betty Yañiquez, fiscal de Distrito en ese entonces de La Paz", señala.
Sobre el abogado defensor de las víctimas de Caranavi, Jorge Quiroz, Villegas relata que se ordenó iniciar una campaña de desacreditación en contra de él y su esposa.
"A través de peritos informáticos se buscó una página web donde supuestamente este señor y su esposa se dedicaban a la realización de actos sexuales", comentó, sobre esta información que salió a la luz pública por parte del Gobierno en ese entonces.
"Asimismo, el ministro Sacha Llorenti me ordenó que en coordinación con Interpol y Migración se haga un relevamiento de datos acerca de la nacionalidad del señor Quiroz y sus supuestos vínculos con (el grupo radical) Sendero Luminoso, con el fin de lograr su expulsión.
Como ninguna de estas cosas dio resultado, se nos ordenó buscar una publicación que había realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y de la que supuestamente no habría pagado y no habría inscrito ante la autoridad correspondiente, por lo que se buscaba iniciarle un proceso por delitos de propiedad intelectual", indica la declaración.
Ante estas declaraciones, la senadora Gonzales pidió al Ministerio Público la imputación directa del exministro Llorenti, "por ser autor y responsable de las muertes y violaciones a los derechos humanos ocurridos en Caranavi, de igual forma la imputación del alto mando policial que operó en ese tiempo".
La legisladora también exigió la destitución de Llorenti de sus funciones diplomáticas que cumple ante las Naciones Unidas y su inmediata aprehensión.
Antecedentes
El 7 y 8 de mayo de 2010 se suscitó un enfrentamiento entre pobladores de Caranavi y la Policía Nacional, que dejó como saldo la muerte de dos jóvenes y un total de 29 personas heridas.
La intervención policial se dio tras un bloqueo de casi dos semanas para exigir al Gobierno la instalación de una planta de cítricos.
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