es verdaderamente triste comprobar que todo, todo lo ha preparado el MAS para dejar impune todo delito contra el Estado. estamos ante un caso patétito

Fideicomiso, el amparo a la corrupción para el manejo de cuentas sin control
El gobierno está organizado para encubrir la corrupción

LA PAZ. Una gigantesca red de instancias lícitas e ilícitas sirven al gobierno para proteger y encubrir todo tipo de corrupción, narcotráfico, contrabando y otros delitos, desde millonarias transacciones hasta pequeños “volteos” que se realiza de manera permanente como parte de la “revolución democrática y cultural” destinada a tomar el poder absoluto en el plazo más corto posible.
El senador por el Beni, Walter Guiteras, admitió que “es muy difícil” esclarecer los casos que son denunciados debido al frondoso aparato que involucra ministros, viceministros, directores, superintendentes, fiscales, jueces, prefectos, alcaldes, concejales, consejeros, dirigentes y cabezas de instituciones de trabajadores, empresas, de campesinos y otros que “pagan factura” por la militancia, el cargo o comparten los réditos de las irregularidades.
El parlamentario expresó su preocupación por los resultados que se pueda obtener de la intervención a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) debido a que el interventor y nuevo Presidente Ejecutivo, Carlos Villegas, es un funcionario del gobierno que fue censurado por el Senado Nacional por su trabajo como ministro del área, mientras que la encargada de la investigación, Nardi Suxo, es viceministra de Transparencia y Corrupción, por tanto, también empleada del gobierno que mantiene impunes los múltiples casos contra masistas y gobernantes.
De la misma forma, el superintendente de hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, fue ayudante y chofer del destituido presidente de YPFB, Santos Ramírez, y fue éste quien lo colocó como presidente de la empresa estatal de la que salió por nepotismo y otras irregularidades y ahora superintendente, mientras que el contralor general de la república es un ex diputado del MAS, Gabriel Herbas, quien fue colocado en el cargo para proteger y encubrir al gobierno y “judicializar y criminalizar” a la oposición.
Según la información, la comisión especial el Senado Nacional que investigará el caso del asesinato de Jorge O´Connor y la presunta coima de $us 450.000 a Santos Ramírez Valverde, contará con dos senadores del MAS y tres de la oposición a la espera de aportar con algunas revelaciones que “seguramente el gobierno va intentar tapar”.
La prensa nacional destacó en las últimas horas que el monto citado no es el único pago que se realizó por el contrato de 86,3 millones de dólares entre YPFB y la inexistente empresa Catler Uniservice, hecho que fue adelantado por uno de los implicados, Ernesto Córdova, quien pidió a los periodistas averiguar “en el Banco (de la Unión)” las veces que se hizo pagos en efectivo. En el Banco de la Unión se encuentran todas las cuentas fiscales porque el gobierno es el accionista mayoritario. FIDEICOMISO
Este lunes, en la Cámara de Senadores, se pudo conocer que se investigará la que se presume sea una “modalidad” puesta en vigencia por el gobierno para eludir todo tipo de fiscalización sobre el manejo del dinero que sale del Tesoro General de la Nación, es decir, el fideicomiso amparado por un Decreto Supremo que da “cheque en blanco” al Presidente Ejecutivo para omitir licitaciones internacionales, realizar invitaciones y otras lesivas a los intereses del Estado boliviano. El fideicomiso es una figura jurídica que permite al gobierno entregar una suma de dinero a una entidad o persona para que la administre o disponga con un fin determinado a cambio de una comisión.
De esta manera, de acuerdo con la explicación, el gobierno delega a sus agentes la responsabilidad de su manejo y se exime de alguna responsabilidad como una “forma de protección” y, a la vez, evitar todo tipo de fiscalización que genere efectos jurídicos directos en contra de los gobernantes, en este caso, desde el Presidente Ejecutivo de YPFB hasta el Presidente de la República.
Según las explicaciones, el gobierno montó una sórdida red de protección que se encuentra en todo el sistema lo que, en algunos casos, hace muy difícil sino imposible comprobar los actos de corrupción que son descubiertos casi por causalidad como ocurrió en el último. “Si no era el asesinato, nunca se hubiera conocido”, señaló el diputado de Unidad Nacional Meter Maldonado a tiempo de recordar que las denuncias contra Jorge Alvarado, Manuel Morales Olivera y Guillermo Aruquipa terminaron con la “salida” de éstos de la empresa, o sea, quedaron impunes y, más aún, Aruquipa “fue premiado” con un ascenso nada menos que a superintendente.
No hay culpables en casos de corrupción por coca ilegal y narcotráfico, firma de contratos y contrabando de carburantes en YPFB, venta de avales y pegas, denuncias de irregularidades en la Aduana Nacional, el robo de tractores, sobreprecios e irregularidades en contratos de caminos, obras públicas, Canal 7 y otros, la venta de pasaportes en Migración, corrupción por el caso de loterías y juegos de azar, sobreprecios y manejos ilícitos en el Plan de Vivienda Social, corrupción en Bienes Incautados y muchos otros.