YPFB inició demanda contra Santos Ramírez y otros 16 altos ejecutivos que son culpables de pérdidas multimillonarias para Bolivia. nada contra EVO.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se constituye en parte civil y presenta querella criminal contra el ex presidente Santos Ramírez y 16 ex funcionarios de la empresa, identificándoles como "autores intelectuales y materiales" de seis delitos penales, entre ellos malversación y uso indebido de influencias. La demanda fue interpuesta este martes por el presidente interino de YPFB, Carlos Villegas, como representante legal de la estatal, de acuerdo con el informe de la petrolera. En la querella están implicados: Julio Anagua Chumacero, Esther Carmona Nogales, Daniel Álvarez Gantier, Javier Guzmán Navarro, Diego Argandoña Aramayo, Linneth Sclink Ontiveros, Marco Antonio Vega del Carpio, Elizabeth Morales Troncoso, Iván García Coca, Federico Galán Laime, Richard Aguilera Montesinos, María Cecilia Palacios Jiménez, Pablo Valeriano Barroso, Ramiro Lizarazu Orellana, Mauricio Ochoa Urioste y Juan Carlos Arellano Paz. Los hechos delictivos se refieren particularmente "al uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, malversación, contratos lesivos al Estado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública", puesto que infringieron "los artículos 146, 154, 224, 144, 221 y 150 del Código Penal". El caso de corrupción fue desatado con el asesinato de Jorge O´Connor D´Arlach Taborga y el robo de 450.000 dólares, ocurrido el martes 27 de enero. Estos hechos delictivos destaparon el oleaje de denuncias y dieron lugar a la destitución de Ramírez y el despido de las personas que le colaboraron durante su paso por la petrolera. IRREGULARIDADES La documentación entregada al fiscal de la Comisión Especial, Edward Mollinedo Pinedo, señala varias irregularidades como la contratación de Catler-Uniservice que "no contaba con la certificación presupuestaria, vulnerando la Ley de la República 1178 y la Ley Financial 2042, apelando para esta contratación a la Resolución de Directorio 023/2008 de fecha 16 de abril que no es compatible con la ley citada anteriormente", señala el informe de YPFB. Catler-Uniservice "se constituyó en sociedad tres días antes de la suscripción de contrato con YPFB", además "no se remitió a la Dirección General de Sistemas Administrativos Gubernamentales el contrato modelo establecido en el SICOES". El contrato no fue protocolizado en la Notaría de Gobierno sino ante un notario de fe pública, agrega el informe al mencionar las irregularidades legales y administrativas que "implicaron un manejo discrecional de las normas establecidas en el Decreto Supremo 29506", norma que le dio luz verde a Ramírez.