La Corte Departamental Electoral de Chuquisaca (CDE), “legitimó” el decreto aprobado por la única magistrada del Tribunal Constitucional y solicitó a la Corte Nacional Electoral (CNE) la suspensión de esa consulta popular del 10 de agosto.
El secretario de Cámara de la CDE, Julio César Oropeza, informó que esa decisión fue asumida por el plenario del máximo organismo electoral del departamento, misma que fue calificada como desacato por el Gobierno Nacional.
El ministro de Defensa de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce, aseguró que la medida de la CDE de Chuquisaca es un desacato a una resolución de la CNE que fundamentó jurídicamente que el revocatorio no puede ser detenido por una magistrada que no tiene atribuciones para actuar como si fuera Tribunal Constitucional.
No obstante, el presidente de ese ente electoral, Víctor Sánchez, sostuvo que esperará que la CNE se pronuncie en las siguientes horas a la decisión asumida por la Corte chuquisaqueña.
Sánchez fundamentó el pedido de suspensión “ante las repercusiones jurídicas” del decreto firmado por la magistrada Silvia Salame, respecto de un recurso incidental de inconstitucionalidad de la Ley 3850 del referéndum revocatorio de mandato popular.
Dijo que “respaldándose” en la Constitución Política del Estado, Ley del Tribunal Constitucional, el Código Electoral en vigencia, la CDE chuquisaqueña solicitó “a la Corte Nacional Electoral la suspensión del referéndum revocatorio de mandato popular previsto para el 10 de agosto hasta que el Tribunal Constitucional, legalmente conformado, se pronuncie sobre la constitucionalidad de la Ley 3850 del 12 de mayo del presente año”.
También demandó del Congreso Nacional el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional.
Por su parte, el presidente de la CNE, José Luis Exeni, explicó el miércoles, antes de conocer el pronunciamiento de la CDE de Chuquisaca, que las resoluciones de la máxima entidad electoral están plenamente vigentes.
Por ello proseguirá con la administración de la consulta revocatoria, además, aclaró, sólo un fallo del Tribunal Constitucional o una ley del Congreso Nacional pueden parar el revocatorio, cosa que hasta la fecha no sucedió.
"Se ha dado pleno cumplimiento de la constitucionalidad y mientras no haya fallo de la Tribunal Constitucional o una ley del Congreso, el referendo revocatorio del 10 de agosto sigue adelante", afirmó el miércoles Exeni.
En este mismo camino, la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, a tiempo de calificar de “ilegal” al referendo revocatorio del 10 de agosto, expresó su respaldo al pedido de la CDE de Chuquisaca a la CNE para suspender este proceso eleccionario.
Otro respaldo a la Corte chuquisaqueña provino de Poder Democrático Social (Podemos), alianza política de derechas que, a través de la diputada Ninozka Lazarte, que la decisión de la CDE chuquisaqueña “puede ser la esperanza para el retorno al estado de derecho en el país”.
Dijo que la CNE debería “reflexionar” antes de llegar al referéndum revocatorio. En su criterio, el ejemplo de la Corte de Chuquisaca debería cundir en todas las cortes departamentales del país. De esta manera, se complica el panorama del revocatorio, ya que nadie quiere acatar las disposiciones legales del máximo ente constitucional país y todos, a favor o en contra, deciden seguir adelante con el referendo calificado reiterativamente de ilegal al no estar incluido en la actual constitución política del Estado.
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