Los empresarios de Oruro denunciaron que el autoritarismo y abuso de poder que ejerce el partido de gobierno con sometimiento del Poder Legislativo es la mayor afrenta al pueblo boliviano y es un vil atentado contra la vida democrática.La posición fue expresada por los directivos de la Federación de Empresarios Privados de Oruro, como rechazo a la ilegalidad cometida en la sesión de Congreso del 28 de febrero, donde se aprobaron leyes, en franca violación de los derechos constitucionales de los propios legisladores.En comunicado público afirman que “mientras los gobernantes y su cúpula partidaria se jactan de ser defensores de los derechos y libertades ciudadanas convocan al diálogo de prefectos, proponen revisar el proyecto del nuevo texto constitucional y se muestran víctimas de las regiones que propugnan las autonomías, en su doble discurso, actúan con mayor violencia y cinismo que en la peor de la dictaduras, sometiendo a los legisladores y asambleístas a sus caprichos de concentrar el poder, vulnerando derechos constitucionales de todos los bolivianos”.Dicen que “la ruptura del Estado de Derecho socava los cimientos de la democracia participativa y conculca los derechos y libertades poniendo en riesgo la capacidad básica de circular por el país con el inminente peligro de perder la vida en una acción que ahora se pretende encubrir como justicia comunitaria, llevándonos el MAS a un callejón sin salida”.Recuerdan que “las 35 muertes que hasta la fecha suma el gobierno, demuestra que no importa la vida de los bolivianos y que, de cualquier forma se busca capturar el poder, obligando al repliegue de las fuerzas policiales dejando sin resguardo al Parlamento, contrariamente alentando que las milicias “populares” se ensañen contra los ciudadanos que no piensan igual que los gobernantes”.“Esta confrontación política está llevando a la debacle económica de nuestro país, con el alza de los precios y la falta de oportunidades de trabajo para los bolivianos que obliga a una más crecida migración en busca de sustento, ahuyentando la inversión privada y alentando la confiscación de tierras y la anulación de las concesiones mineras, con el único propósito de gobernar indefinidamente y aplicar un texto constitucional “stalinista”.Advierten sobre “la súbita muerte de la democracia boliviana, constituye un golpe de Estado, cuya responsabilidad está en la cúpula del partido de gobierno que asesinó el libre derecho a la expresión y viola las garantías constitucionales al capturar y acallar a los legisladores”, denunciando que “la libertad de disentir de los bolivianos está asediada por el terror, la amenaza constante y las violación de elementales derechos que nos permiten advertir que la democracia está encarcelada por las hordas fascistas del MAS, que nos obligan a salir en defensa de esos derechos para recuperar nuestras libertades constitucionales”.Manifiestan que, “en resguardo al respeto de la dignidad de los bolivianos y orureños en particular, denunciamos que la actitud amañada del propio vicepresidente de la Asamblea Constituyente, Roberto Aguilar, muestra el cinismo encaramado en el poder porque pese a comprometer la revisión del proyecto de la nueva Constitución Política del Estado, en un encuentro con los profesionales y empresarios en Oruro, ahora el gobierno aprueba leyes para legitimar un texto fruto de la impostura democrática”.Ratifican que “la actuación de facto, ilegal y sin legitimidad del gobierno y sus milicianos, es moralmente inaceptable como actitud de un totalitarismo secante que ejerce el gobierno, lo que obligará a los bolivianos a asumir el desacato y la desobediencia civil organizada”.
(La crónica está consignada en La Patria de Oruro en primerísima plana)
No hay comentarios:
Publicar un comentario