Según un último reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE), Bolivia ha importado vehículos y sus accesorios por un monto superior a los 1.493 millones de dólares entre enero y noviembre de 2015, lo que equivale al 17,2 por ciento de las compras externas concretadas hasta noviembre del año pasado, que sumaron un global de 8.698 millones de dólares.
Un estudio sobre el tema elaborado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), por su parte, indica que en los últimos 10 años las importaciones de vehículos, sujetos al Decreto Supremo 2232, sumaron 6.245 millones de dólares y su crecimiento se cuadruplicó en relación a 2005.
Hace algo más de un año, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) también se refirió al mismo tema en un estudio que abarcó a toda la región andina. Según el documento estadístico “Parque Vehicular en la Comunidad Andina 2004- 2013” Bolivia casi llegó a triplicar su parque automotor en los últimos 10 años.
No es raro que así sea, pues en todas las sociedades modernas se ha producido un fenómeno similar. Desde principios del siglo XX, cuando la masificación de la producción de autos los puso al alcance de los sectores populares de Estados Unidos, primero, y de Europa después, a su función utilitaria se sumó una dimensión simbólica. Fue una de las maneras preferidas por las personas, los países y sus gobiernos de hacer visible la prosperidad. Todo un símbolo de estatus individual y nacional. Por eso, el promedio de autos per cápita fue durante décadas pasadas una de las fórmulas preferidas para cuantificar y comparar el bienestar económico de una sociedad. Y nuestro país está lejos de ser una excepción.
Esa dimensión simbólica del crecimiento del parque vehicular ha sido francamente asumida por las autoridades gubernamentales que en más de una ocasión se han referido al tema como una prueba de su exitosa política de redistribución de la riqueza y del bienestar económico. El número de autos por habitante ha sido asumido como un indicador del “vivir bien” y para ello se fueron aplicando diversas normas legales que aunque han ido variando con el pasar del tiempo, mantienen como principal objetivo facilitar la compra de autos.
Hasta hace algún tiempo, la fórmula adoptada consistió en allanar el camino para la legalización de autos usados internados de contrabando, lo que favoreció a gruesos sectores de la población para quienes la adquisición de un auto nuevo resultaba fuera de su alcance, pero causó serios perjuicios a los empresarios importadores de autos nuevos.
Ahora, el Gobierno ha decidido aplicar una serie de medidas para fomentar la venta de autos nuevos. Para eso fue aprobado el Decreto Supremo 2232 según el que a partir de este mes queda prohibida la importación de autos de más de un año de antigüedad.
Estos datos, y las políticas públicas que los hacen posibles, dan cabal cuenta de la manera como durante los últimos años se ha administrado la extraordinaria bonanza por la que atravesó la economía nacional. Es un hecho que además de haber hecho de la importación de automóviles un rubro muy dinámico y lucrativo, tiene un impacto directo en dos de los más acuciantes problemas que sufren todas las ciudades del país, como son el congestionamiento vehicular y el daño al medio ambiente que su masificación provoca.
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