Víctor Hugo Cárdenas ** Sociólogo, investigador y exvicepresidente de Bolivia.
Chaparina fue significada de dos formas. Por una parte, represión violenta, negación de los derechos humanos, pisoteo de las leyes, desilusión del culto a la madre tierra, ingratitud señorial y colonial con los pueblos indígenas y encubrimiento a los responsables del abuso. Por otro lado, significa dignidad y heroísmo de los marchistas víctimas de la izquierda colonial, y de los valientes pobladores de Rurrenabaque, Chaparina y de San Borja; de los pueblos indígenas tacana, tsimane, mosetene que lograron frenar al poder militar y policial que pretendía trasladar a la fuerza a los marchistas indígenas.
Ya van dos años y los supuestos responsables fueron premiados con cargos diplomáticos, ascensos laborales y otros estímulos. Por el contrario, las víctimas siguen perseguidas por los ‘mariscales’ de Chaparina. Hoy, los principales líderes indígenas como Fernando Vargas, Adolfo Chávez, Pedro Nuni y otros están exiliados en su propia tierra. ¿Su delito? Defender su identidad étnica y cultural, proteger a la madre tierra, propugnar un modelo de desarrollo propio, exigir el cumplimiento de la Constitución y exigir que los responsables de la represión sean investigados y sancionados, pero no premiados.
Las instituciones que debían buscar la verdad se empantanaron en la complicidad y la mentira. El informe de la Defensoría del Pueblo liberó de sus responsabilidades al presidente y al vicepresidente, mientras que la Fiscalía intenta liberar al exministro de Gobierno y a sus mandantes. De nada valieron las declaraciones y las pruebas frente a la cantaleta de que “se rompió la cadena de mando” o el sospechoso silencio después de haber dicho que el vicepresidente sabía quién dio la orden.
Quienes insisten en la política del encubrimiento deberían prever las consecuencias de su actitud. Si la (in)justicia boliviana no aclara las responsabilidades de la tragedia de Chaparina, lo hará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de San José. La impunidad tiene patas cortas.
Ante tantas pruebas acumuladas, el defensor del Pueblo exigió la separación del exministro de Gobierno de la representación ante las Naciones Unidas para que responda sobre quién autorizó la represión a la marcha, el traslado en avión de los marchistas y la infiltración de efectivos policiales. La respuesta del Gobierno fue acusarle de ser “instrumento de la derecha” y -¡oh sorpresa para muchos ingenuos que creían en un nombramiento institucional!- la develación de que fue nombrado a dedo desde la plaza Murillo. “Debo reconocer el error que he cometido. Yo sugerí a los movimientos sociales que Villena sea defensor del pueblo”, dijo el presidente, arrepentido, ante las cámaras de CNN.
En fin, las marchas 8ª y 9ª fueron los recientes eslabones de una larga lucha anticolonial. Los pueblos indígenas seguirán movilizados mientras persistan las condiciones del colonialismo interno cuyos instrumentos son los actuales gobernantes y el etnocentrismo de los pueblos indígenas que, amparados en su mayor cantidad, discriminen a los pueblos indígenas de tierras bajas.
Fernando Vargas, Adolfo Chávez, Pedro Nuni y otros, hoy exiliados en su propia tierra, reclaman justicia y que los actuales gobernantes no sigan el camino de Pizarro o Almagro, si no el sendero prometido en sus campañas electorales.
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