La Defensoría del Pueblo rige en casi todos los países del mundo acogidos al sistema democrático. Significó un verdadero avance en la ruta –tortuosa, por cierto– en algunos espacios de soberanía nacional, hacia un mecanismo de vigilancia plena de los derechos humanos y de respeto total a los respectivos principios constitucionales y legales. Y todo, dentro de un marco de total independencia respecto al régimen de turno, a fin de que al mismo se lo tenga en la mira de una fiscalización que nada ni nadie pueda entorpecer.
Años después del restablecimiento de la democracia, en la Bolivia castigada por dictaduras militares, tuvimos a una Defensoría del Pueblo encargada de velar por la plena vigencia de los derechos humanos. Varias personalidades se turnaron en tan insigne posta, ajustándose, muchas de ellas, a criterios de impecable autonomía en su trabajo. No faltaron los casos en que el rigor de las correspondientes calificaciones les creó conflictos con el Gobierno de turno, a pesar de lo cual siguieron firmes en su faena institucional. No vamos a revelar identidades, pero también se dieron excepciones signadas de sumisión a las presiones oficiales.
Hoy tenemos a un defensor del pueblo cuya imagen se fortalece ante la opinión pública porque ajusta sus juicios y calificaciones de forma rigurosa a los principios de autonomía e independencia que le marca la ley. El Gobierno creía que un personaje como él, seleccionado por el MAS y cuyo nombramiento promovió el actual jefe de Estado, ajustaría su trabajo a los intereses político-partidarios del Palacio Quemado de La Paz. Se equivocó de cabo a rabo. El alto funcionario, en lo que respecta a los sucesos de Chaparina, donde tropas del Gobierno reprimieron con violencia a varios miembros de una marcha campesina de protesta, no vacila en calificar este episodio de atentado a los derechos humanos, responsabilizando a autoridades de Gobierno por el mismo, contra las cuales exige el respectivo juicio criminal.
El presidente Morales, nada menos que en una conferencia de prensa en la sede las Naciones Unidas, cometió la imprudencia de descalificar al defensor del pueblo en Bolivia, al acusarlo de estar al servicio de la oposición derechista. Queda así demostrado que el Gobierno actual no quiere un defensor del pueblo que cumpla su labor a cabalidad. Evo Morales considera que aquel no debe hacer nada que perjudique su régimen, por evidentes que fueran las infracciones a los derechos humanos que cometan sus autoridades
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