Hace más de un año que se espera que la Fiscalía de Distrito de La Paz se pronuncie respecto al pedido de rechazo de la resolución que excluyó al exministro de Gobierno Sacha Llorenti del caso Chaparina. El fiscal de Distrito y su fiscal suplente se desentendieron de esta decisión que debió resolverse rápidamente. El caso debe pasar a la Fiscalía de Oruro, pero ha sido devuelta a la comisión que investiga y aún no se pronuncia.
“El fiscal departamental José Ponce debió definir la exclusión o no de Llorenti en el caso; él se excusó como también la fiscal suplente, Rosario Venegas, por lo que el caso tiene que remitirse a la Fiscalía de Oruro. Pero son tres veces que se ha devuelto la causa a la comisión de fiscales. Nos quieren engañar diciendo que hay avances en la investigación”, lamentó ayer la abogada del caso Chaparina, Ayda Camacho.
Según Waldo Albarracín, otro defensor de las víctimas de la represión de la octava marcha indígena, si ambos fiscales se han excusado por la agresión que sufrieron los indígenas el 25 de septiembre de 2011 es porque nadie quiere cumplir con su responsabilidad. “A eso le llamamos impunidad. La Fiscalía está demostrando una vez más que es una instancia paragubernamental”, tildó el exdefensor del Pueblo.
Ayer, en La Paz, el fiscal general, Ramiro Guerrero, declaró que las investigaciones están a punto de concluir, por lo que la comisión redactará un informe final del caso. Guerrero no aclaró tampoco si incluirá a Llorenti en el informe.
Los fiscales de la comisión no se pronunciaron ayer, pese a las protestas que protagonizaron indígenas de tierras bajas y altas y activistas de derechos humanos que recordaron ayer, en algunos departamentos del país, dos años de la intervención policial sin que hasta ahora el Ministerio Público, que investiga la represión, haya encontrado a los culpables de la violencia.
En La Paz, un grupo de unas 50 personas llegaron hasta las oficinas de Naciones Unidas para presentar una carta en la que piden la expulsión del embajador Sacha Llorenti para que asuma su defensa.
En Cochabamba, un grupo protestó frente a la Gobernación departamental, donde entregaron el ‘masquín de oro’ al presidente Evo Morales y a Llorenti, en alusión burlona, a las cintas adhesivas que utilizó la Policía el día de la represión para reducir a los marchistas.
Las víctimas, en su mayoría provenientes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), recordaron a sus fallecidos durante la marcha y agradecieron a quienes los apoyaron. Rafael Quispe, exdirigente de la Conamaq, lamentó “los dos años de impunidad”. “Está claro que quien dio la orden de la represión fue Llorenti, pero hasta ahora no hay una imputación formal”, dijo.
El vicepresidente Álvaro García Linera señaló ayer en Santa Cruz que aguardaba que la justicia saque sus conclusiones” cuanto antes
Villena pide destituir a Llorenti de su cargo
Rolando Villena, defensor del Pueblo, pidió al Gobierno que suspenda a Sacha Llorenti del cargo de embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas para que responda por la represión de Chaparina.
“Recomendamos a la Cancillería que suspenda de sus funciones a Sacha Llorenti para que explique en nuestro país su participación, conocimiento y autorización en las acciones de infiltración e intervención contra los indígenas del Tipnis”, manifestó Villena en un comunicado público.
Lamentó que el proceso iniciado no haya tenido ningún avance hasta el momento. Pidió también a la Fiscalía que amplíe la investigación a todo el personal policial y civil que tuvo participación.
El entorno
Acto de desagravioIndígenas del Tipnis realizaron un acto de desagravio por la represión policial en Chaparina.
ConclusiónEl fiscal general cree que pronto acabará la investigación.
CuestionarioEl presidente Evo Morales aún no respondió el cuestionario para que desvele quién ordenó la represión.
Decisión de la ComisiónLa comisión decidirá si incluye a Llorenti, según Guerrero.
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